No todo lo que pasa en la política catalana tiene origen en octubre del 2017. No todo, pero casi todo porque muchas de las estrategias y conflictos actuales se explican por decisiones que se tomaron en esas semanas. También la actual polémica que enfrenta al arzobispado de Barcelona con el Govern de Quim Torra, cuyas relaciones hace tiempo que son mejorables. La mecha ha prendido por la decisión del cardenal de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, de celebrar una misa con 500 asistentes en la Sagrada Familia en memoria de las víctimas del coronavirus pese a la prohibición de organizar reuniones de más de 10 personas en espacios públicos o privados.
Omella apeló a la libertad de culto para mantener la misa que tuvo lugar este domingo mientras que la Generalitat insistió en que había que cumplir las medidas de seguridad dictadas para intentar contener la expansión del coronavirus en la capital catalana y los municipios del área metropolitana. Una semana antes, el obispado de Sant Feliu de Llobregat, que incluye varias parroquias de esta zona, había emitido una nota en la que directamente se prohibía convocar o formar grupos «para celebrar un acto litúrgico o de plegaria en general».
Algunos asesores del Govern intentaron hasta el último momento que el Arzobispado de Barcelona cambiase de opinión. Una de las propuestas que estuvo encima de la mesa fue la de cumplir con el límite de aforo establecido por Protección Civil e intentar hablar con TV3 para que la ceremonia fuese retransmitida en directo. De esta manera se podía dar una máxima difusión al acto (al final solo se emitió por dos canales con mucha menor audiencia, 8tv y 13 TV), y a la vez respetar el límite de los 10 asistentes. Pero, según fuentes del Ejecutivo catalán, Omella se negó y no aceptó ninguna alternativa a la celebración de la misa tal y como estaba ya prevista. Estas mismas fuentes tildan de «intransigente» su posición durante la negociación.
No solo no se logró acercar posiciones sino que el Arzobispado ha anunciado acciones legales contra la Generalitat por considerar que ha intentado vulnerar sus derechos y ha actuado de manera «discriminatoria». Recuerda que para otros locales con un aforo menor se acepta un aforo de hasta el 50% y que la Sagrada Familia está abierta para que puedan visitarla los turistas.
En su homilía, el cardenal de Barcelona intentó rebajar la tensión afirmando que «no es tiempo de enfrentamientos». Por su parte, el Govern subraya que no valen excepciones, tampoco por tratarse de una institución como la Iglesia, y el president Torra ha dado instrucciones para que el departamento de Salut abra un expediente sancionador al Arzobispado por no haber acatado las restricciones impuestas por la Generalitat.
Torra anunció la sanción en la comparecencia que protagonizó este lunes por la mañana para advertir a los ciudadanos de la situación crítica que vive Catalunya por el incremento de contagios. En la referencia a la actuación de Arzobispado no se limitó a expresar su descontento por la celebración de la misa de este domingo, sino que aprovechó para arremeter directamente contra Omella por su posición en el conflicto catalán: «Mi iglesia es la que está al lado de los presos y condena la represión».
Solo unas horas antes, en una entrevista en TV3, Carles Puigdemont también había reprobado al arzobispo de Barcelona por su actuación en otoño del año 2017. «No se comportó como un hombre de Iglesia. Se comportó como un hombre de Estado», criticó el expresident.
En octubre de 2017, Omella fue una de las personas que se ofreció para mediar entre el Ejecutivo de Rajoy y el de Puigdemont. De manera discreta, como siempre intenta la Iglesia, contactó, entre otros, con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para ver qué podían hacer para evitar que la cosa no empeorase. El arzobispo de Barcelona mantenía una relación muy fluida con el entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, católico practicante y estudioso vaticanista. Ambos se vieron en dos días claves: el 20 de septiembre, la jornada en la que la Guardia Civil entró en la conselleria de Junqueras mientras en la calle se producían las manifestaciones de protesta que comportaron la cárcel para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el líder de ERC y Omella almorzaron juntos. No era la primera vez y tampoco la última. En otro día marcado en el calendario de la política catalana, la jornada del 1-O, Junqueras salió al mediodía del Palau de la Generalitat para verse de nuevo con el arzobispo.
Omella ha rechazado en más de una ocasión que se le tilde de «mediador político» y se limita a reconocer que en esas semanas lo que hizo fue ayudar a «tender puentes». En octubre de 2017, y acompañado del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se entrevistó con Mariano Rajoy en la Moncloa para expresarle su disposición a colaborar en las iniciativas que pudiesen contribuir a evitar que el conflicto se agravara aún más. Al día siguiente de ese encuentro en Madrid, Omella y Junqueras volvieron a reunirse.
El independentismo catalán, y más concretamente ERC, tenía depositadas muchas esperanzas en que el Vaticano terciase para reclamar un acercamiento entre el Ejecutivo del PP y el de Puigdemont. Se especuló incluso con la colaboración del Arzobispado de Milán. Nada de eso pasó.
En febrero del 2018, los obispos de las diez diócesis catalanas emitieron un comunicado en el que reclamaron una «reflexión serena» sobre el encarcelamiento de los políticos y activistas independentistas y expresaron su «preocupación» por la situación que estaban viviendo. «En Catalunya existe un problema político de primer orden», advirtieron.
Omella ha mantenido contacto con algunos de los políticos que están en la cárcel, aunque no los ha visitado, cosa que ha molestado a más de uno de los presos, según han confirmado a elDiario.es fuentes próximas a los dirigentes que cumplen condena en Lledoners. Cuando hace unos meses se le preguntó en una entrevista en RAC-1 por qué él, a diferencia de otros obispos, no había ido a verlos, Omella argumentó que se considera «pastor de la iglesia de Barcelona» y que en su archidiócesis no están las cárceles donde cumplen condena los líderes independentistas. Una explicación que no convence a algunos de los presos, la mayoría de ellos, católicos practicantes.
