Si por fin se conforma un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Podemos, debe asumir como una prioridad la revisión del concordato con la Santa Sede y el fin de los injustificables privilegios de la religión católica
Un ministro de Hacienda denunciaba en un informe que los bienes de la Iglesia católica no tributaban a la Hacienda real, en grave perjuicio a la misma y al resto de contribuyentes. Era el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, en su informe reservado de 1787. Más de dos siglos después, en el año 2019, cuando España ya no es una monarquía absoluta, sino una democracia aconfesional y parlamentaria, ese privilegio de la Iglesia permanece incólume, con el agravante de que en el ínterin ha adquirido muchas más prebendas.
En el siglo XIX, durante los Gobiernos liberales, y también bajo el Gobierno conservador de O’Donnell, la mayor parte de las propiedades de la Iglesia fueron nacionalizadas mediante los procesos de desamortización de Mendizábal y Madoz. En aquella época, España era mayoritariamente católica y se libraron las cruentas guerras carlistas; aun así, se consiguió reducir el inmenso poder material de la Iglesia católica.
Vulneración de un principio constitucional
En el siglo XXI, la Iglesia católica vuelve a ser la mayor propietaria de España, gracias en parte al firme apoyo del franquismo, pero, sobre todo, al descarado (e inconstitucional) favoritismo de los gobernantes de la democracia. En 1979, el Gobierno español firmó con la Santa Sede unos acuerdos que prolongaban el concordato firmado por el franquismo en 1953, en clara vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad de la democracia española. Gracias a esos acuerdos, que siguen vigentes, la Iglesia católica continua exenta de impuestos, la religión católica sigue siendo una asignatura evaluable, el Estado paga los sueldos de los profesores de religión y de todo el clero español, las escuelas católicas reciben ingentes subvenciones, a través de la ‘x’ de la casilla de renta la Iglesia ingresa cada año 250 millones de euros, y, en conjunto, según cálculos de Europa Laica, el Vaticano percibe anualmente de los contribuyentes españoles alrededor de 11.000 millones de euros, una cifra escandalosa.
A ello debemos sumar la irregular reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar, que ha permitido a la iglesia inscribir a su nombre 30.000 propiedades, solo con la palabra de los obispos, en un procedimiento opaco donde los haya.
El Gobierno de Sánchez prometió hacer una lista de dichas propiedades y publicarla para hacer posible la impugnación judicial de todas las inmatriculaciones irregulares, pero no ha cumplido su promesa, da largas, sigue privilegiando el interés espurio de una institución religiosa sobre el interés general de todos los ciudadanos: la izquierda tiene miedo a la Iglesia. Felipe González tuvo mayorías absolutas que le habrían permitido derogar el concordato sin problemas; no lo hizo. También Zapatero pudo y debió hacerlo y eligió conceder a la Iglesia el regalo adicional de la casilla de la declaración de renta. En un mercadeo inaceptable, se quiso compensar a la iglesia católica por el ‘agravio’ de las leyes del aborto y del matrimonio homosexual, con más poder económico.
Más poder que nunca
España ya no es católica: solo un 14% de españoles (casi todos mayores de 65 años) acuden regularmente a misa, no más del 35% de los contribuyentes eligen la casilla de la Iglesia en la declaración de renta, solo el 22% de las bodas españolas se celebran bajo el rito católico, menos del 50% de los niños que nacen en España son bautizados y hay dos millones de fieles musulmanes (también se practican otras religiones, como la protestante o la hindú). Sin embargo, la Iglesia católica tiene más poder que nunca, y los obispos españoles, muy conservadores, intervienen en política sin pudor alguno y financian medios de comunicación que divulgan su ideario reaccionario, como 13 TV, al que la iglesia dedica más dinero que a Cáritas.
Si por fin se conforma un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Podemos, debe asumir como una prioridad la revisión del concordato con la Santa Sede y el fin de los injustificables privilegios de la religión católica, objetivo que ambos partidos recogen en sus programas. Si los gobernantes españoles del convulso (y católico) siglo XIX, se atrevieron, los políticos de izquierda del secular XXI no tienen excusa; los políticos de la derecha no lo harán nunca. Y es un asunto que depende solo de su voluntad, a diferencia de la política económica, donde estarán sujetos a los dictados de Bruselas, y del conflicto de Catalunya, donde dependerán de la disposición al acuerdo de los nacionalistas catalanes. Si no lo hacen, los votantes de izquierdas no se lo perdonarán.
Clara Usón
