Son las partidas que salen de los Presupuestos Generales del Estado. Las donaciones no podrán ser investigadas.
El pasado 21 de diciembre, el Pleno del Tribunal de Cuentas, aprobó el “Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018”, que incluye a las confesiones religiosas. Los medios se hicieron eco de la noticia, que adelantó la cadena Ser con este titular: “El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez a la Iglesia Católica en 2018”. ¿Qué es lo que realmente va a fiscalizar?
Hasta el momento, no se ha producido un comunicado oficial por parte de la Conferencia Episcopal sobre qué significa esta medida y qué efectos va a tener, una decisión que causó sorpresa en ámbitos eclesiásticos.
Incluso muchos católicos se preguntaron si la Iglesia Católica iba a ser investigada por el dinero que recibía de sus donantes, ya sea de forma directa o a través del IRPF, lo cual supondría una grave discriminación hacia la Iglesia, puesto que el resto de ONG o entidades no están sometidas a tal fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Eso sí, la Iglesia debe dar explicaciones a través del portal de transparencia y memoria de actividades del dinero que recibe.
La explicación del Tribunal de Cuentas
En la página 11 del documento del programa del Tribunal de Cuentas, se indica esta medida: “Fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017”. ¿A qué se refiere?
Religión Confidencial ha preguntado a la dirección de comunicación del Tribunal de Cuentas, dado que la Iglesia Católica no recibe ni “un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado salvo una partida para asistencia en cárceles” según declaró recientemente Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, en Vida Nueva.
Desde el Tribunal de Cuentas han respondido a RC: “El Tribunal de Cuentas fiscaliza la actividad económico-financiera del sector público a través de los programas de ingresos y gastos públicos, por lo que la fiscalización sobre entidades privadas solo puede realizarse en la medida que estas últimas gestionen fondos públicos”.
Sin determinar
“Por este motivo, el Tribunal ha incluido en su Programa de 2018 – añade la misma fuente- una fiscalización relativa a la actividad de la Administración General del Estado en materia de cooperación con las confesiones religiosas, a través de los programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo alcance concreto se determinará cuando se acuerde el inicio de la fiscalización y se aprueben sus directrices técnicas”.
En el documento del Tribunal de Cuentas se indica que esta medida se aprobará en 2019.
Desde el Tribunal de Cuentas prosiguen: “En el caso de las ONG’s, en la medida que sean perceptoras de subvenciones públicas o gestionen fondos públicos, también son susceptibles de ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y, de hecho, se realizan fiscalizaciones sobre tales entidades, de acuerdo con lo indicado anteriormente”.
Fiscalizará los sueldos de los profesores
Por su parte, expertos en derecho eclesiástico consultados por Religión Confidencial amplían la explicación del Tribunal de Cuentas:
“Según estas explicaciones, lo que van a fiscalizar son todas las entregas de dinero a la Iglesia católica o a las ONG y que aparezcan en los Presupuestos del Estado. Por ejemplo, las cantidades para restaurar Patrimonio cultural, los sueldos de profesores, los sueldos de capellanes de hospitales o cárceles, etc.”
“Como novedad, también las cantidades que perciben por asignación tributaria que no participan propiamente de la misma naturaleza, pero que han decidido fiscalizar. Por el contrario, todo lo que reciban la Iglesia católica y las demás confesiones de sus fieles directamente seguirá en el régimen actual: no podrán fiscalizarlo”.
Por tanto, la Iglesia no está obligada a someterse a la fiscalización por las cantidades que percibe a través de la asignación tributaria, como tampoco lo hacen las entidades sin ánimo de lucro que reciben dinero a través de la casilla del IRPF destinada a otros fines sociales.