La creó en el año 2008 la abogada Polonia Castellanos, en Valladolid, para defender los sentimientos religiosos cristianos
La Fundación Española de Abogados Cristianos fue creada en 2008, en Valladolid, por la abogada Polonia Castellanos, con el objetivo de defender los sentimientos religiosos cristianos.
La Fundación se ha hecho famosa por las querellas que ha ido presentando, la mayoría de las cuales ha perdido. El primer caso con repercusión mediática fue la querella en 2012 contra el humorista Leo Bassi por disfrazarse de Papa y burlarse de dogmas católicos. También se querellaron contra el colectivo FEMEN que se encadenaron al crucifijo central de la catedral de la Almudena. Denunciaron a Isabel Celáa cuando fue ministra de Educación, también a la Drag Sethlas por usar símbolos religiosos, y a Ada Colau por la lectura de una versión sexual del Padrenuestro. Entre sus querellas con más repercusión se encuentra la presentada en 2017 contra el actor Willy Toledo y el recurso contra tres mujeres en Sevilla por la llamada ‘procesión del coño insumiso’, al burlarse de la Semana Santa cargando con una talla de una vagina de dos metros.
La Fundación asegura que sus ingresos proceden de donaciones particulares y no reciben subvenciones públicas. Dicen que de cada euro que reciben 84 céntimos se destinan a financiar procesos judiciales, 10 céntimos a gastos de administracion y 6 céntimos para captar fondos nuevos.
Sus detractores afirman que sus ingresos no son tan claros y que forman un lobby ultracatólico con vinculaciones con Vox. El periodista Javier Portillo ha señalado que el marido de Apolonia Castellanos es el economista Alfonso González Rodríguez-Vilariño que fue candidato de Vox al Senado aunque no resultó elegido.
La Fundación tenía contratados en 2020 a un responsable de campaña de marketing, dos periodistas y cinco abogados, uno de ellos su presidenta. Otro es el abogado José María Fernández que aseguró este martes en Cáceres que buscaban el respeto a símbolos religiosos. «Igual algún día –señaló–, en vez de cruces tenemos símbolos islámicos, y mi asociación no los perseguirá porque también merecen respeto».
Fernández representa a la Fundación Abogados Cristianos en la que querella que han presentado contra Carlos Carlos, presidente de la Diputación de Cáceres, al que acusan de haber cometido los delitos de prevaricación y de odio, al asegurar que ha presionado a alcaldes de la provincia para que tiren las cruces que se levantaron durante la dictadura de Franco, diciéndoles que de no hacerlo se quedarían sin subvenciones. En la causa señalan que las cinco cruces que se quieren tirar en la provincia de Cáceres, al día de hoy, no tienen nada que ver con Franco ya que fueron resignificadas, «el único significado que tienen ahora -insistió-es el cristiano y de reconciliación. No tienen nada que ver con una inscripción con unos yugos y unas flechas. Después de 2.000 años de cristianismo el significado de una cruz queda suficientemente demostrado».
