Los miembros de la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, que preside la senadora novoprogresista Zoé Laboy, insistieron ayer en que no hay necesidad de que se apruebe legislación para conceder un acomodo razonable condicionado para los empleados del gobierno que basados en sus creencias religiosas se nieguen a prestar un servicio.
La representación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que figuró entre los deponentes de la vista pública efectuada ayer, defendió la medida que forma parte de un acuerdo entre la Legislatura y el gobernador Ricardo Rosselló.
Laboy no descartó que el proyecto de libertad religiosa reciba un informe positivo con enmiendas. “Me parece que la posición del Departamento de Trabajo, que coincide con la posición del Departamento de Justicia y de todas las agencias del gobierno que han venido hasta este momento, es que este proyecto es bueno porque permite que las personas puedan expresar sus creencias religiosas y que alegadamente este proyecto no va a provocar discrimen”, detalló. De acuerdo con la medida, el acomodo razonable de los empleados deberá solicitarse con anticipación y requiere del aval del patrono. “En la práctica cuando lees el proyecto no tiene ningún artículo que asegure que ese discrimen no se va a dar en la práctica porque aunque dice que a todo el mundo hay que darle el servicio sin dilación innecesaria y tratarlo con dignidad, yo insisto en qué ocurrirá si de momento tienes a todos los empleados con acomodo razonable”, expresó la legisladora.
“No sabemos qué va a pasar si de momento llega esta persona a solicitar un servicio y el que está en la ventanilla es una persona que tiene acomodo razonable”, abundó.
En sus preguntas, Laboy planteó ejemplos de cómo esta medida se puede tornar discriminatoria y —no obstante— la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo, favoreció la pieza legislativa. “Por eso insistí en cinco días para que ellos (el Departamento del Trabajo) nos digan cuáles son las enmiendas que se le deben introducir a este proyecto para asegurarnos de que no haya discrimen”, sostuvo la senadora.
Según Laboy, la comisión celebraría otra vista adicional para escuchar a otras agencias que no pudieron deponer.
Los senadores populares Eduardo Bhatia y Miguel Pereira insistieron en que dicha legislación no es necesaria. Bhatia opinó que de aprobarse la medida se crearían “unas clasificaciones de discrimen donde el Estado dicta las pautas del servicio”.
Medida “innecesaria”
Entre los deponentes de la vista pública de ayer estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, y el obispo jubilado de la Diócesis de Puerto Rico de la Iglesia Episcopal, David Álvarez.
Candal Segurola manifestó que si se aprueba el proyecto de ley “se vulneran los derechos fundamentales de las personas o comunidades que, por años, han sido víctimas del discrimen por nuestra sociedad”. La CDC se opuso a la aprobación del proyecto por considerarlo innecesario e inoficioso a la luz de las disposiciones constitucionales, la ley federal y la jurisprudencia interpretativa que protege el derechos de todas las personas a tener sus creencias.
El obispo Álvarez también expresó su preocupación con el lenguaje del proyecto de libertad religiosa.
