Bien está que los partidos diseñen estrategias para ganar, porque de nada servirá la ideología si no puede aplicarse en un gobierno. Pero un exceso de estrategia suele traer consigo un déficit de ideología. En sus medidas para avanzar en la laicidad del Estado, el PSOE dice que pedirá a la Iglesia que pague el IBI por aquellos edificios que no sean templos de culto, que sacará la religión de la escuela… Pero a todo ello han respondido los obispos siempre con la misma poderosa herramienta: los acuerdos con el Vaticano de 1979 recogidos en la Constitución. Por tanto, para cumplir con lo prometido no hay más que un camino: sacar ese tratado de la ley y dejar la Constitución más acorde con los nuevos tiempos. Pero el PSOE de Pedro Sánchez no ha prometido eso, solo dice que se “denunciarán” esos acuerdos, lo que supone un paso atrás sobre lo que ya anunció su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, que habló de derogación: “Desde la oposición lo denunciaremos; cuando lleguemos al Gobierno, sencillamente lo derogaremos”, afirmó en noviembre de 2013.
Dicen también que van a organizar los actos de Estado para que sean civiles. Algo tan sencillo como esto no hace falta anunciarlo, ni prometerlo tantas veces cuando suenan campanas electorales. Bastaría con hacerlo cuando lleguen al gobierno. Ocasiones han tenido.
La eutanasia -otro choque con la Iglesia- en tiempos seña de identidad de la izquierda, asomó en el primer programa electoral de Zapatero para desaparecer sin más en el que redactaron para el segundo mandato. Ahora no se menciona la palabra, cuando las encuestas más recientes que se han efectuado sobre este asunto revelan que la calle está a favor de esta medida de forma mayoritaria.
Y ¿qué hay de las inmatriculaciones? Poca cosa. Anuncian ahora lo que ya contaron hace meses, que van a pedir que la Iglesia devuelva aquellas propiedades (edificios, fincas, fuentes, iglesias, catedrales y mezquitas) que los prelados pusieron a su nombre sin tener documento alguno que acreditara su titularidad. El expolio no ha sido pequeño. Pero el PSOE miró para otro lado cuando gobernaba y ha sido el PP el que ha cambiado la ley franquista que permitía a los obispos este privilegio administrativo. Para reclamar la devolución de lo inmatriculado habría ayudado mucho un pronunciamiento del Constitucional sobre esa ley franquista, como pidieron al PSOE las organizaciones que se dedican a esto. Eso hubiera proporcionado una base jurídica que sustente las reclamaciones individuales. Pero el grupo socialista en el Congreso se ha negado a llevarlo al Constitucional. Ahora cada reclamación de un Ayuntamiento o de un particular tendrá que librar su propia lucha sin que haya un pronunciamiento jurídico de instancias superiores. Ardua batalla.
Cuando estas organizaciones pidieron al PSOE que acudiera al tribunal, los socialistas consultaron con sus abogados y decidieron que había un riesgo de que el fallo les fuera contrario. Mala estrategia, pensaron. Y los que esperaban que se impusieran la ideología y los convencimientos apretaron los dientes.
No hay nada nuevo en el programa electoral de los nuevos socialistas respecto a la laicidad, si acaso un retroceso sobre lo anunciado en ocasiones pretéritas. La estrategia también se repite: las promesas durante la campaña de mano dura con los privilegios de la Iglesia recaban aplausos y votos, pero no acaban de tener traducción en hechos cuando se alcanza el Gobierno.
Los socialistas cristianos saben distinguir la esfera privada de la religión y las creencias de la laicidad que debe presidir la vida pública, el espacio que todos compartimos. Y la Iglesia no suele portarse bien con los socialistas porque estos la traten mejor. Abundante como pocas fue la financiación que proporcionó Zapatero a los obispos y, sonoras como muchas otras, las manifestaciones de las sotanas en la calle. Como lo volverán a ser si tratan de tocar la religión en los colegios, por ejemplo. Así que, si no se va a cumplir, sería mejor no prometer nada. Es la mejor estrategia para la credibilidad.