La opinión del Observatorio
· De escándalo. El PSOE rompe el acuerdo con UP y veta, junto con los partidos de derecha y ultraderecha, la petición de la reversión de las inmatriculaciones, regalando hasta 35.000 inmuebles a la iglesia católica.
· Se escudan en una absurda excusa para votar en bloque con la derecha: «hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica». El PSOE sabe perfectamente que hay vías posibles, pero sencillamente no quiere ponerse de frente a la iglesia católica.
· En una aparente incompetencia – que más se podría llamar desidia – el PSOE ni siquiera es capaz de contar correctamente los inmuebles inmatriculados, que según Europa Laica son más de 100.000.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano ha sido respaldada por el PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos. El PSOE ha afirmado que su formación política «comparte el fondo» de la iniciativa, pero que «hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica» que les impiden votar a favor de la propuesta.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP, Vox, Cs y, parcialmente, PNV, una incitativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano por la que se instaba al Gobierno a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia.
El texto, recogido por Europa Press, constaba de tres puntos que los diputados han votado por separado. Así, el primero de ellos, que pretendía instar al Ejecutivo a que, en el plazo improrrogable de tres meses, trasladara a esta Cámara el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015 al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, acompañado de sus respectivas notas simples, ha sido rechazado por los 27 votos de PSOE, PP, VOX y Cs, mientras que lo han respaldado el PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos.
El segundo punto de la proposición abogaba por que el Gobierno ordenara, en el plazo improrrogable de tres meses, mediante Orden Ministerial o Decreto, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al artículo 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española, por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH. Este punto ha sumado el rechazo de PSOE, PP, VOX, Cs y PNV, por lo que tampoco ha salido adelante.
En tercer lugar, Bildu y ERC proponían que el Congreso instara al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses, habilite los mecanismos oportunos para posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares. Tampoco este punto ha recibido la luz verde de la Comisión al cosechar 28 votos en contra (PSOE, PP, VOX y Cs) y ocho a favor (PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos).
En su defensa de la proposición no de ley, la diputada de Bildu Isabel Pozueta ha calificado de «escándalo» las inmatriculaciones de la Iglesia católica, «por cómo se han hecho, sin aportar títulos de dominio» y porque se trata de «unos 100.000 bienes inmatriculados de forma irregular«. «Creemos que ya es hora de que se arbitre una solución global», ha manifestado.
Asimismo, Pozueta ha explicado que, si bien es cierto que se ha dado a conocer la lista parcial de algunos de los bienes inmatriculados, «esto no es totalmente suficiente o es totalmente insuficiente», por lo que reclaman que el Gobierno publique «toda la lista de todos los bienes» y actúe de oficio para «revertir las inmatriculaciones ilegales y solucionar así esta situación de una vez».
«Debemos revertir esta situación tan injusta, acabar con los privilegios de la Iglesia y proceder a la cancelación por nulidad insubsanable de todas las inscripciones que la Iglesia católica ha hecho sin tener título ni legitimidad para ello», ha añadido seguidamente la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea.
El PSOE comparte «el fondo»
Desde el PSOE, que ha presentado una enmienda de sustitución que ha sido rechazada, Juan Luis Soto ha afirmado que su formación política «comparte el fondo del análisis de la posición de privilegio» a la hora de inmatricular los bienes que ha tenido «históricamente» la Iglesia, pero que «hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica» que les impiden votar a favor de la propuesta. Soto también ha aprovechado su intervención para defender que el Gobierno de Pedro Sánchez «cumple y ha cumplido con el compromiso de transparencia publicando los bienes inmatriculados por la Iglesia, desde el año 1998».
Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha declarado que es necesaria «una evaluación general de la situación generada y de los hechos consumados, y también la adopción de medidas generales que permitan dar cauce a las distintas reclamaciones particulares ante situaciones que se pudieran teóricamente considerar situaciones de hecho o incluso ante las distintas situaciones de inscripciones sin título de propiedad per sé».
La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha manifestado que hay un punto de vista jurídico de partida «que hace insostenible la propuesta» y ha añadido que «se trata simplemente de un disparate inadmisible en un Estado de Derecho y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en el principio de seguridad jurídica«. Por lo demás, sostiene que Ciudadanos puede estar «relativamente» de acuerdo con solicitar al Gobierno la elaboración o publicación de un listado de los bienes.
Además, Martina Velarde (Unidas Podemos) ha comentado que su grupo «mantiene las posiciones de fondo y ha adelantado su voto a favor de la iniciativa. «Es evidente que hay que articular esa fórmula normativa que permita declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin un título suficiente y, en particular, el patrimonio histórico de raíz religiosa que tiene que ser de dominio público, tal y como ocurre en países de nuestro entorno», ha argumentado.
En cambio, el portavoz de Vox, José María Sánchez, ha acusado a Bildu y a ERC de «anacronismo» y de creer que están «luchando contra el Antiguo Régimen». «Están desfasados ya cerca de 200 años», ha subrayado, para después recalcar que dicen «mentiras podridas».
Por parte del PP, Ana Belén Vázquez manifestado que «en 1998 la legislación hipotecaria no permitía, hasta ese momento, a la Iglesia católica inmatricular los templos, las iglesias, las capillas en Galicia porque se entendía que la propiedad era evidente».
«Éramos incluso, la confesión católica, la única que no podía inmatricular estos bienes. La inscripción de los bienes en el registro no otorga la propiedad. Solo tiene función probatoria, pero no constitutiva de la propiedad», ha recalcado la ‘popular’, para después señalar que la ley del 1998 articula una serie de medidas de seguridad y que «si hay algún problema, a la justicia».
