El Estado adelanta cada mes a la Iglesia católica una cuantía como anticipo de los ingresos que en sus declaraciones de la renta destinan los católicos para el "sostenimiento la Iglesia". Esa cantidad a cuenta, que se fija anualmente en los Presupuestos, es muy superior a la recaudación real que los obispos obtienen finalmente a través del IRPF. El diferencial nunca se ha devuelto al Estado.
Este año, el proyecto de Presupuestos remitido a las Cortes por el Gobierno socialista mantiene la misma situación mediante la disposición adicional undécima, que dice que en 2005 los pagos mensuales a la Iglesia serán de 11,78 millones de euros, y que la cantidad adelantada en 2004 "se eleva a definitiva". Según ha venido argumentando Alvaro Cuesta año tras año, ese excedente no
reintegrable supone una sobrefinanciación pública de la Iglesia católica e incumple el mandato constitucional sobre la aconfesionalidad del Estado. En el debate de hace un año, Cuesta cifró esa sobrefinanciación en 240 millones en la última década.
En la enmienda que presentó hace un año y que ahora propondrá a la dirección del Grupo Socialista, Cuesta aboga por una nueva regulación del sistema de asignación tributaria acorde con la concepción "laica, neutral y aconfesional del Estado, y evitando toda discriminación positiva o negativa entre ciudadanos por sus creencias".
Obtenga o no el diputado Cuesta vía libre en el PSOE para presentar esa enmienda, el tema se discutirá en el Congreso porque otro grupo, el de Izquierda Verde (IU-ICV), tiene decidido presentar una
iniciativa en el mismo sentido, según su portavoz, Joan Herrera.
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