La Plataforma Mezquita Catedral participa en la convocatoria, que se ha repetido en otras 17 ciudades.
La Plataforma Mezquita Catedral ha participado esta tarde en un acto ciudadano junto al monumento para denunciar al Gobierno por incumplir sus compromisos programáticos en la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica. El colectivo cordobés se ha sumado de esta forma a la cascada de concentraciones que han tenido lugar en 17 ciudades de 12 comunidades autónomas de forma simultánea por primera vez.
Bajo el lema Recuperando nuestro patrimonio público, el colectivo ha leído un manifiesto recordando el valor “emblemático” de la Mezquita en el conjunto de miles de bienes inmatriculados por la jerarquía católica en virtud de una ley “claramente inconstitucional”, señalan. “Su inmatriculación por 30 euros en 2006 y su mala gestión por parte del Cabildo ha recorrido el mundo y ha sido denunciada por 22 universidades prestigiosas de todo el orbe”, ha subrayado Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma.
Santiago ha repasado las «numerosas arbitrariedades” que jalonan la gestión episcopal del monumento andalusí, entre ellas la retirada de la celosía en contra de la Ley de Patrimonio Histórico, el “abuso” de las exposiciones de índole religiosa en el interior de la Mezquita o el “falseamiento” de la narrativa histórica. “Todo ello hace necesaria la nulidad de la inmatriculación de la Mezquita”, ha declarado el portavoz de la Plataforma, además de la redacción de un Plan Director que “diferencie claramente las funciones del monumento” y relegue al Cabildo a la gestión estrictamente litúrgica.
Las concentraciones han sido convocadas por la Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas patrimonialistas, entre ellas la Plataforma Mezquita Catedral. Los actos han tenido lugar ante monumentos emblemáticos de Sevilla, Jerez, Zaragoza, Córdoba, Oviedo, Granada, Pamplona, Valladolid, León, Valencia, Murcia, Albacete, Cáceres, Palencia, Sant Boi de Llobregat, Santander y San Sebastián. Los colectivos han celebrado como un éxito de la ciudadanía la publicación el pasado febrero del listado de inmatriculaciones practicadas por la Iglesia desde 1998. Han lamentado, por contra, que el catálogo no incluya los bienes inscritos desde 1946, año de la promulgación del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que permitió a los obispos el privilegio de registrar inmuebles y fincas sin aportar título de propiedad alguno. El expolio patrimonial se podría disparar, por tanto, a más de 100.000 bienes.
«El Gobierno ha negociado de forma clandestina con la jerarquía eclesiástica»
En el manifiesto, la Coordinadora Recuperando ha reprochado al Gobierno no haber “tenido siquiera el decoro” de recibir a las organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos, mientras que ha negociado “de forma clandestina y absolutamente opaca” con la jerarquía eclesiástica. “Y lo que es peor”, agregan los colectivos, “ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que, a todas luces, es una cuestión de Estado”.
Recuperando reclama desde hace años la publicación de un listado completo de inscripciones eclesiásticas, así como la nulidad de todas ellas por “inconstitucionalidad sobrevenida” y la promulgación de un instrumento legislativo que identifique claramente y proteja los bienes de dominio público de naturaleza religiosa.
Con casi tres años de retraso, el Gobierno de Sánchez publicó en febrero pasado el inventario de bienes inmatriculados desde 1998 pero se abstuvo de articular ninguna “solución global” para revertir las inscripciones, lo que en la práctica supone “amnistiar la apropiación de un ingente patrimonio público por parte de la Iglesia católica», concluyen.
