Un grupo de supervivientes se manifiesta por primera vez ante las puertas de la Conferencia Episcopal, que elige mañana a su nuevo presidente, y solo un obispo, el de Bilbao, se detiene a hablar con ellos
Javier fue una de las primeras víctimas de abusos en la Iglesia católica española que salió en prensa a denunciar a su agresor, en el seminario de La Bañeza, en León. Fue hace 10 años, en 2014, y entonces estaba solo. Ha tenido que pasar una década, y la eclosión definitiva del escándalo a partir de 2018, para llegar a la imagen que se ha visto por primera vez esta mañana del lunes en la puerta de la sede de la Conferencia Episcopal (CEE), en Madrid: una protesta con pancartas de un grupo de víctimas de pederastia en la Iglesia. “Este era mi objetivo, yo sabía que si hablaba, saldría más gente”, resume Javier. Unas 15 personas, de la asociación Infancia Robada (ANIR) y de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra, estaban allí desde las nueve de la mañana. Los obispos de las 70 diócesis españolas, más los eméritos, que se reúnen esta semana en una asamblea plenaria en la que deben elegir a su nuevo presidente, han tenido que pasar por delante. Muchos lo han evitado, empezando por el propio presidente saliente, Juan José Omella, que según aseguran los participantes en la concentración ha entrado por otra puerta, situada unos metros antes, la del garaje. Solo un obispo se ha parado a hablar con las víctimas, el de Bilbao, Joseba Segura.
“Basta ya”, decía uno de los carteles. Y otro: “¿Por qué la jerarquía eclesiástica española no atiende y repara a sus víctimas como propone el Consejo de Europa?”. Juan Cuatrecasas, de ANIR, padre de un menor que sufrió abusos en el colegio del Opus Dei en Gaztelueta, Bizkaia, explica que se han movilizado a raíz de la última maniobra de la CEE, que en su informe sobre abusos presentado en diciembre rebajó el número de casos conocidos a 806, frente a los 1.460 que ya contabiliza la base de datos de EL PAÍS, y dejó fuera, por ejemplo, 325 ya admitidos por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo: “Estamos aquí para reivindicar los derechos que se les siguen negando a las víctimas, no como limosna, sino como algo justo, y para protestar porque la Iglesia está mirando para otro lado y está haciendo trampas, que es lo más grave. Se han rebajado los casos de una forma tramposa y totalmente negligente, con mala fe. Siguen negando, minimizando, e incluso acusan a las víctimas de mentir. Queremos que reaccionen de una vez y se comporten como cristianos y como seres humanos”.
El informe de los obispos, llamado Para dar luz, ha creado malestar y división en la Iglesia, porque diócesis y órdenes han protestado por la “manipulación” de los datos que han enviado a la CEE, donde fuentes eclesiásticas acusan a “los fontaneros de la Conferencia Episcopal” de rebajar deliberadamente la dimensión del escándalo. De hecho, las órdenes religiosas, agrupadas en CONFER, han decidido empezar a trabajar por su cuenta. El documento también es controvertido porque por primera vez entra a distinguir entre casos “probados”, “verosímiles” y “no probados”, con el resultado de que apenas considera creíbles 238. Esa es la cifra de la última versión del documento, pues, a raíz de las protestas internas, la CEE ha ido corrigiendo el estudio en las últimas semanas en su web, y los casos registrados ya han subido de 806 a 942. Si se comparan 238 casos considerados ciertos con los contabilizados por este diario, el resultado es que la Iglesia solo cree a una de cada diez personas que denuncian abusos. “Omella ha estado diciendo que quieren reparar, que quieren hacer muchas cosas, veremos quién sale ahora de presidente y qué hace, esperemos que cambie algo, porque hasta ahora solo han tapado a los pederastas“, afrima Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra.
Cuatrecasas, uno de los presentes que ha hablado con el obispo de Bilbao cuando se ha parado a conversar con ellos, explica que Joseba Segura es de los pocos sensibles con el escándalo. “Sabemos que cuenta con todo nuestro respeto, que siempre nos ha ayudado, pero es de lo poco que hay, son dos o tres. No llegan a los dedos de una mano. Los otros son cobardes, miran para otro lado, salen en los medios dando una de cal y otra de arena. No necesitamos cobardes, necesitamos gente comprometida, que cumpla con los principios de la Iglesia católica y que de una santa vez haga el trabajo pendiente. Medidas concretas, no palabras. Hablar con las víctimas, que se sientan representadas”. En este sentido, y sobre las quinielas que se manejan acerca del sucesor de Omella, cree que si el nuevo presidente es el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, “será para mal”, dados sus precedentes. Argüello, como secretario general de los obispos hasta 2022, siempre negó el escándalo y dijo que en España los casos eran “cero o muy pocos”.
En el interior del edificio de la calle Añastro, los obispos comenzaron su asamblea con una misa y el discurso de despedida de Omella, que no ha aludido ni una sola vez al escándalo de los abusos, a pesar de que será uno de los temas centrales de estos días de reuniones, hasta el viernes. En respuesta a preguntas de los periodistas, ha reconocido que había visto a las víctimas en la puerta, pero ha explicado: “He llegado antes, pero ya está”. Los manifestantes lo niegan, reiteran que lo vieron venir y entró por la puerta que estaba antes. En todo caso, ha dicho Omella, “las recordamos siempre”. Otra alusión a la actualidad ha sido sobre el apoyo al papa Francisco para “que nadie dude de eso”. Son palabras que llegan después del alboroto desatado por unos curas de Toledo, que en un vídeo divulgado en YouTube decían rezar “fuertemente” por la muerte del pontífice.
Las víctimas reclaman también al Gobierno que tome la iniciativa, tras las recomendaciones realizadas en el informe del Defensor del Pueblo, publicado en octubre. Piden un fondo de compensación, una oficina nacional de atención a las víctimas, terapias gratuitas, baremos de incapacidad para quien no sea capaz de rehacer su vida y lucha contra la exclusión laboral y estudiantil de las víctimas. “Y la protección de las víctimas cuando denuncian, porque aún estamos viendo casos en los que se acosa, se insulta y se amenaza a quien denuncia”, añade Cuatrecasas.
