El Programa de Podemos para el 26J está elaborado en base a enunciados que encierran unas medidas concretas, hemos seleccionado aquellos que pueden tener más relevancia desde el punto de vista del laicismo:
293 Anulación del Concordato
Anularemos el Concordato de 1953 y los cinco acuerdos concordatarios que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los signados con otras confesiones religiosas. Y promoveremos o llevaremos a cabo otras medidas como:
- Apuesta por la educación laica, pública y de calidad. Supresión de la asignatura de religión del currículo, horario escolar y centro educativo.
- Eliminación de las capellanías y los servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, universidades, prisiones, embajadas, etcétera).
- Inventario y recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) al amparo del ya extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del 304 de su reglamento, por el que se otorgaba a los obispos la categoría de fedatarios públicos.
- Derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos.
- Supresión de los privilegios fiscales, como el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la financiación estatal (ya sea a través de la casilla del IRPF o de las exenciones fiscales) para la Iglesia católica y otras confesiones religiosas.
- Supresión de las celebraciones y de la simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos confesionales.
Sustituiremos la actual Ley de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980, por una Ley de Libertad de Conciencia, que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.
Proponemos la recuperación del patrimonio histórico-cultural para el disfrute público. La Iglesia católica se ha apropiado de una parte importante de nuestro patrimonio sin ningún tipo de contrapartida al Estado y mediante un registro privado e independiente del registro público. Por ello, atenderemos las reivindicaciones de diversos colectivos de la sociedad civil, como las relativas a la mezquita de Córdoba.
Derogaremos la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y promoveremos un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación que cuente con la mayor participación y el mayor respaldo posible de la comunidad educativa. Nuestros objetivos serán:
- Poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español que, en los últimos treinta y tres años, ha elaborado siete leyes distintas sin contar apenas con la participación de la comunidad educativa.
- La nueva Ley de Educación buscará el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida. También estará muy presente la educación ambiental como parte del desarrollo curricular de los centros.
Procederemos al incremento progresivo de la partida destinada a educación a lo largo de toda la legislatura hasta alcanzar los 13 700 millones de euros al final de 2020.
En la medida de lo posible, trataremos de alcanzar el objetivo de 15 600 millones de euros en gasto educativo, lo que nos situaría en la actual media de gasto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un 5,6 % del PIB. Se trabajará para lograr que, a largo plazo, el gasto educativo en España alcance el 7 % del PIB.
Promoveremos la educación pública, gratuita, laica y de calidad como eje vertebrador del sistema educativo, y garantizaremos que, una vez pasado el ecuador de la legislatura, habrá plazas escolares públicas gratuitas de proximidad al domicilio familiar para todos los niños y todas las niñas:
- La oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario, es decir, debido a una insuficiencia de la oferta en la red pública (con el fin de paliar estas insuficiencias, se incrementará progresivamente el porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública).
- Se ofrecerá una educación laica, al considerarse que las creencias religiosas forman parte de la intimidad de cada persona.
- Fijar la inclusividad, y asegurar la igualdad de oportunidades tras la finalización de la etapa obligatoria.
- Promover la creatividad, el pensamiento crítico, el espíritu solidario y la profunda respetuosidad con los derechos humanos y el medio ambiente.
Promoveremos un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de autonomía de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de la vida, acerca del testamento vital y de la muerte digna.
- Facilitar el acceso de todas las mujeres a una información clara y completa durante todo el proceso de embarazo y parto.
- Potenciar la libertad de decisión sobre los tratamientos médicos del embarazo y el parto, y reforzar las prácticas que promuevan el protagonismo y la capacidad de decisión responsable de las mujeres durante el embarazo y el puerperio. Promover también la figura de las matronas durante la fase de preparación y del parto.
- Reducir el número de cesáreas y de partos inducidos a las cifras recomendadas por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (15 %) y adaptar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras.
- Ofrecer facilidades a las mujeres que deseen una lactancia prolongada.
- Facilitar y garantizar el ejercicio de la lactancia y otras tareas de cuidados más allá de los cuatro meses de permiso. Potenciar la formación del personal sociosanitario de atención primaria en materia de lactancia.
Mientras desde el movimiento laicista estamos propugnando la eliminación de las casillas del IRPF para que todos los impestos vayan al fondo común, la iglesia se autofinancie y las necesidades sociales se atiendan como un servicio público y no dependiendo de quienes marcan la casilla y derivando a entidades particulares, Podemos propone añadir una casilla para “Cultura”.
Igualmente hemos venido planteando la reforma de la Ley de Mecenazgo para evitar el fraudulento impago de impuestos, como el caso del IBI, en esta propuesta parece querer ampliarse.
Promoveremos una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio que fomente tanto el macromecenazgo como el micromecenazgo y la participación en la financiación de la cultura de particulares y empresas. Esta ley renovará el ámbito de colaboración entre lo público y lo privado y se relacionará con la creación de un Fondo Social de la Cultura, cuya gestión se realizará a través del concurso del Ministerio de Cultura y Comunicación, la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, con el fin de que los profesionales del sector y la sociedad civil en general se impliquen en la Administración. Este fondo contará con una ventana de proyectos abierta todo el año y su gestión se concentrará en el mapeo; la financiación; la mediación; y la promoción de proyectos, instituciones, iniciativas, empresas y particulares que desarrollen labores de creación, educación, investigación, difusión, distribución, conservación, producción y desarrollo de proyectos relacionados con el arte y la cultura en un sentido amplio. Se financiará con los siguientes resortes:
- El 18 % de los impuestos derivados de las transmisiones culturales entre particulares o sociedades.
- Una nueva casilla específica destinada a fines culturales («Casilla Cultural»), que se introducirá en el modelo 100 de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- El 1,5 % cultural reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico y que establece la obligación de destinar este porcentaje desde los presupuestos de los convenios de contratos de obras públicas a los trabajos de conservación o protección del patrimonio y el fomento de la creatividad artística. Esta competencia, hasta ahora compartida con el Ministerio de Fomento, le corresponderá exclusivamente al Ministerio de Cultura y Comunicación.
- Aportaciones voluntarias de particulares y empresas (que optarían con ello a desgravaciones fiscales variables).
- Aportaciones de la Administración central y otras administraciones europeas, autonómicas y locales que quieran implicarse en la gestión y colaborar solidariamente del fondo.
La financiación de proyectos a través del Fondo Social de la Cultura se vinculará con el desarrollo de unas buenas prácticas; garantizará la pluralidad y diversidad de las manifestaciones artísticas y culturales; fomentará el desarrollo del tercer sector (asociaciones y emprendedores sin ánimo de lucro); valorará y garantizará el retorno artístico, cultural y social; se regirá por principios que aseguren el control del gasto de los fondos públicos y el seguimiento de los proyectos; contemplará un mayor abanico de modalidades; estará dirigido a una diversidad más amplia de agentes, proyectos, actividades e iniciativas receptoras que las actuales subvenciones y ayudas públicas, y facilitará el acceso y la programación de artistas y productores independientes. El Fondo Social de la Cultura permitirá desligar la financiación de las actividades culturales de los intereses privados, particulares o corporativos, como sucede en la actualidad, en aras de una cultura más diversa y sostenible. En colaboración con las administraciones autonómicas y locales, también se implicará en la rehabilitación, reforma y recuperación de espacios inadecuados, infrautilizados o en desuso para llevar a cabo actividades culturales.
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Para acceder a todas las propuestas electorales para el 26J: “La sonrisa de un país”
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