El planteamiento del legislador César Augusto Santiago, tiene el fin que ninguna religión o convicción particular domine al poder civil y las instituciones públicas.
El diputado priista César Augusto Santiago propuso que se eleve a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, a fin de que ninguna religión o convicción particular domine al poder civil y las instituciones públicas.
En entrevista, explicó que un Estado laico, desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas, debe garantizar que el orden político sea libre de hacer normas colectivas.
Por ello presentó una iniciativa de reforma a los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política mexicana, al tiempo que resaltó que en "la laicidad, la legitimidad del Estado deviene no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular".
El legislador federal explicó que la laicidad del Estado supone la armonía de tres principios esenciales: uno, respeto a la libertad de creencia y de su práctica individual y colectiva.
Asimismo, continuó, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas, filosóficas y particulares y la igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.
Señaló que la autonomía del Estado implica la disociación entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares, lo que significa que las religiones y grupos de convicción pueden participar de manera libre en los debates de la sociedad civil.
Sin embargo, aclaró, no deben de manera alguna, dominar esta sociedad e imponerle a priori doctrinas o comportamientos.
El diputado reconoció que el Estado laico se vuelve necesario en toda sociedad que quiere armonizar relaciones sociales marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales.
Subrayó que un Estado laico debe garantizar que un gobierno tenga la libertad para elaborar normas colectivas, sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas.
Resaltó que en las sociedades actuales hay una creciente diversidad religiosa y moral y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa.
Además, la necesidad de respetar la pluralidad de las creencias religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer la deliberación democrática y pacífica.
En ese sentido, señaló, "el Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública".
Insistió en la necesidad de incorporar a la Constitución el atributo de la República de ser laica y la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el Estado laico y la separación entre la Iglesia y el Estado.
También se manifestó porque se añada a la Carta Magna que se establezca de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como especificar que en el Estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica.
