Pero el derecho de los padres y la autonomía de los colegios tienen límites pues los derechos de los niños y su autonomía progresiva deben ser respetados.
Los hijos no son del Gobierno ni del Estado, dijo el procurador en su enfrentamiento con la ministra de Educación. Y tiene razón.
Pero agregó que “los hijos son de papá y mamá, son de la familia”. Y ahí se equivoca pues, como bellamente lo ha dicho la Corte Constitucional, los hijos no son propiedad de nadie, ni siquiera de los padres: son “una libertad en formación, que merece una protección constitucional preferente”.
Esta precisión permite enmarcar la actual discusión sobre los manuales de convivencia.
Es indudable que los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos y que pueden inscribirlos en colegios privados, que gozan de autonomía. Pero el derecho de los padres y la autonomía de los colegios tienen límites pues los derechos de los niños y su autonomía progresiva deben ser respetados. Por eso la Constitución y los pactos de derechos humanos señalan que la educación debe fomentar el pleno y libre desarrollo de los niños y debe respetar sus derechos. Si unos padres o un colegio violentan los derechos de un niño es entonces deber de un Estado democrático intervenir para protegerlo.
La Corte Constitucional, al estudiar el caso de Sergio Urrego, constató que muchos adolescentes homosexuales o transexuales sufrían matoneo en sus colegios. Y que en muchos casos las autoridades escolares no sólo no los protegían sino que incluso agravaban la situación pues los sancionaban por no ser heterosexuales. En Colombia hay entonces aún muchos “Sergios Urregos” que sufren, debido, entre otras cosas, a que los manuales de convivencia toleran (o peor aún fomentan) la discriminacion contra los homosexuales y transexuales.
La Corte no fue insensible a ese sufrimiento silencioso y ordenó al Ministerio de Educación que revisara que los manuales de convivencia de los colegios fueran respetuosos con la orientación sexual y la identidad de género de sus estudiantes.
El Ministerio ha intentado cumplir esa orden judicial pero sus estrategias han sido tergiversadas por quienes se oponen a que los manuales de convivencia sean actualizados. Es obvio que esas estrategias del Ministerio pueden y deben ser debatidas, pero es inaceptable presentarlas en forma distorsionada para hacer creer a los padres que el Gobierno pretende adoctrinar a sus hijos y fomentar la homosexualidad. Esto no sólo no es cierto sino que es ridículo, pues la orientación sexual no depende de lo que uno lea o escuche de sus docentes.
El propósito de los esfuerzos de la Corte y del Ministerio es otro y es muy simple: recordar que los niños tienen derechos propios y no son propiedad de nadie, ni siquiera de los padres; y que su autonomía debe ser respetada, en la medida en que se va fortaleciendo con el paso de los años; y que por eso debemos evitar que los adolescentes homosexuales o transexuales sufran en el colegio el acoso y matoneo que llevó al suicidio a un joven excepcional como Sergio Urrego. No dejemos que este noble esfuerzo sea distorsionado por quienes quieren polarizar y usar políticamente este tema.
* Investigador de “Dejusticia” y profesor de la Universidad Nacional.
