Profesorado de Religión

Hace más de un año leí la propuesta dirigida por ELA al Gobierno de Navarra, exigiendo que en los centros escolares se ofertase obligatoriamente la asignatura de religión, defendiendo la estabilidad laboral de este profesorado y reclamando que aquella materia tuviera una «validez académica a todos los efectos». Pensé, asombrado, que aquello era un desliz derivado de una presión afiliativa momentánea, pero hoy veo que no era así

Leo ahora que ELA (CAV) se opone a la modificación contenida en el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno del PSOE, por entender que esto agrava la precarización laboral del profesorado de religión, y anuncia, ante ello, una respuesta firme por su parte. Algo parecido he leído también en la declaración sacada al efecto por CCOO a nivel estatal.

El criticado proyecto de LOE señala: «Los salarios del profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, imparta la enseñanza de las religiones en los centros públicos serán abonados por la Administración competente como pago delegado y en nombre de la entidad religiosa correspondiente. A tal fin, la entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones. Con independencia de la relación contractual del profesor con la respectiva confesión religiosa, la retribución se equiparará en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos».

Quienes defendemos la enseñanza laica, no entendemos por qué la religión (o sea, en la práctica, la religión católica), debe estar incluida en los planes de enseñanza. A lo más, si alguna enseñanza debiera darse relativa a esto, debiera ser la de las «religiones», que no de la «religión», así como también las bases del agnosticismo y el ateismo. Todo ello, por supuesto, englobado dentro de otras áreas (historia, filosofía), y no de forma doctrinaria, tal como se realiza en la actualidad en la mayor parte de los casos.

Los 33.400 profesores de religión existentes en todo el Estado español perciben en la actualidad unos 100.000 millones de antiguas pesetas (Juan G. Bedoya, El País), pagados con los impuestos de todos y todas: católicos o musulmanes, practicantes o no, agnósticos, ateas, indiferentes… Ello es consecuencia de uno de los pucherazos impuestos durante el proceso de Reforma por los poderes fácticos (Monarquía, unidad indisoluble de la patria, castellano, Ejército y Policía indepurables), pues de ninguna otra forma pueden calificarse los Acuerdos entre el Vaticano y el Estado español de 1979.

Pues bien, no contentos con mantener este tongo antidemocrático y las prebendas económicas que de ahí se derivan, se pretende también que todos estos miles de profesores y profesoras de religión, nombrados a dedo por una reaccionaria jerarquía eclesiástica, pasen a formar parte de la nómina y plantilla de la Administración. Sencillamente inaudito.

Hace ya unos diez años leí la noticia de una monja que, tras 35 años de profesión, dejó el convento y reclamó a su Orden 800.000 dólares de liquidación. La ex religiosa, que entró en la congregación a los 18 años y abonó al ingresar una dote de 2,7 millones de pesetas, se graduó en magisterio y desempeñó su trabajo en un jardín de infancia y en un centro sanitario. Luego, al salirse, reclamó a su Orden religiosa, que no a los centros para los que trabajó, aquellos 800.000 dólares en concepto de retribuciones no pagadas por el trabajo realizado y la seguridad social no cotizada. ¡Chapeau!. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que, en vez de ir a reclamar a quien corresponde, o sea, a la Iglesia, que es quien atendiendo a criterios de afinidad ideológica y modus vivendi nombra a este profesorado, éste pretende que sea la Administración la que asuma sus reivindicaciones de estabilidad en el empleo, equiparación de sueldos, etc… Sin embargo, si este colectivo discrepa de sus condiciones de trabajo, ¿por qué no aprenden de la ex monjita y meten a juicio a esos obispos que les han nombrado, y no a la Administración, que es quien, indebidamente, financia con 100.000 millones el adoctrinamiento religioso que ellos vehiculizan? ¿Por qué tanta pleitesía para con esa Iglesia que les ata en corto (a quien se desbanda no le renuevan el contrato) y tanta reivindicación para con la Administración que paga su proselitismo?

Por otro lado, ¿qué se pretende de cara al futuro?. Supongamos ahora que en algún momento se declara la laicidad en la Enseñanza (somos muchos los que cuidamos esa higuera para ver si nos da esa breva); pues bien, ¿pretenderán acaso esas 33.400 personas que la Administración las absorba y que, tal como ocurrió en su día con el profesorado de Formación del Espíritu Nacional y las doctoras en coros, danzas y canastillas de la Sección Femenina, pasen a ser funcionarios o contratados/as fijas de la Administración?

En esta época de precariedad y retrocesos sindicales y laborales, los puestos de trabajo en la Administración están siendo muy cotizados. Las larguísimas listas de personas que opositan así lo demuestran. Conseguir una plaza está suponiendo, no solamente contar con la preparación y titulación profesional exigida, sino superar durísimas oposiciones a las cuales mucha gente dedica varios años de preparación. Pues bien, ¿a santo de qué el arbitrario y caprichoso dedo de un obispo puede servir de atajo para hacerse con un puesto de trabajo en la Administración? ¿Dónde quedan en este caso las pruebas que garanticen la concurrencia abierta y pública y la aplicación de criterios de mérito y capacidad en la selección del personal?

Mal está que el Gobierno del PSOE siga sin coger el toro por los cuernos y no acabe de una vez con los privilegios de la Iglesia en la Enseñanza, pero que, con toda la razón del mundo, plantee que esta Santa institución asuma las relaciones laborales del profesorado por ella seleccionado y cribado, es algo de total justicia y sentido común. Que esto, sin embargo, sea criticado por sindicatos como ELA y CCOO, solamente puede entenderse desde estrechas razones de clientelismo electoral y afiliativo, pero nunca desde un punto de vista mínimamente progresista. O sea, lo dicho: a reclamar al maestro armero.

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