De una manera análoga a un proyecto de ley recientemente retirado en California, Estados Unidos, tres legisladores del estado de Wisconsin elaboraron una propuesta legal para eliminar las excepciones que protegen la información obtenida por los sacerdotes «en un entorno confesional» en las leyes que obligan a reportar delitos de abuso de menores.
La propuesta es presentada como la supuesta solución al encubrimiento de esos delitos. La Iglesia en Estados Unidos y en otros países como Australia ha insistido en la inconveniencia de este tipo de normativas, ya que vulneran gravemente la libertad religiosa sin obtener ningún beneficio en la prevención o castigo de los delitos.
Si bien la Conferencia de Obispos de Wisconsin no ha emitido una declaración en espera de conocer los textos precisos de la norma propuesta, su Directora ejecutiva, Kim Vercauteren, anticipó que se espera una negativa por parte de los prelados. La directora afirmó que los Obispos han tenido contactos con los legisladores para recordarles la grave preocupación de la Iglesia por el respeto del sigilo de confesión. La Conferencia de Obispos ha expuesto que la inviolabilidad del secreto de Confesión constituye un «principio central de nuestra fe».
En la legislación actual, los sacerdotes están obligados a denunciar cuando se tienen indicios de delitos de abuso a menores, ya sea por su observación personal o a través de reportes de terceros, obtenidos fuera del sacramento de la Penitencia. Esta norma tuvo el apoyo de la Conferencia Católica de Wisconsin. «Obviamente, queremos hacer lo que podamos para ayudar a las víctimas, sobrevivientes o cualquier persona que pueda ser víctima de abuso», indicó Vercauteren a Catholic World Report, pero en el caso de la propuesta en debate afirmó que «hay mejores medidas que podríamos estar tomando».
Como ejemplo de reformas más útiles, recordó que las escuelas católicas someten a todos sus empleados a una verificación de antecedentes penales. «No existe un requisito similar para las escuelas públicas», indicó la directora. «Podríamos aumentar el número de personas a quienes requerimos checar el historial criminal». La iniciativa similar presentada en el estado de California fue retirada en el mes de julio debido a la imposibilidad de contar con suficiente apoyo para su avance.
