La Sra. Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Dra. María José Lubertino, ha decidido otorgar una distinción "Premio a las Buenas Prácticas 2009” a un colectivo de personas y organizaciones que integramos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Nosotras queremos agradecer esta distinción, que consideramos un reconocimiento público y altamente significativo hacia la trayectoria que hemos trazado en estos cinco años de existencia, una trayectoria continua, colectiva y federal, protagonizada por ciudadanos y ciudadanas que compartimos la idea de que el derecho al aborto es un derecho irrenunciable de las mujeres.
Creemos, como nuestra querida compañera, Dora Coledesky, que el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas de una manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarios/as, protegida y promovida por médicos/as y jueces/sas, trabajadores/as de la salud y docentes.
Desde la Campaña hemos presentado el 28 de mayo de 2007 un proyecto de ley, tomando estado parlamentario en mayo de 2008 con la firma de 22 diputados/as de distintas bancadas, que incluye la legalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas por decisión de la mujer y sin límite de tiempo por las causales contempladas por la mayor parte de la legislación existente a nivel mundial, que lo habilita en el caso de riesgo para la vida de la mujer, o en casos de violación, o de malformaciones fetales graves.
Desde los inicios de la Campaña hemos intervenido sistemáticamente en la generación de debates que involucran el mencionado proyecto de ley, pero también hemos sostenido una activa presencia en la sociedad civil promoviendo la efectiva ciudadanización de las personas y el conocimiento de sus derechos a una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género; hemos contribuido al monitoreo del Programa Nacional de Salud Reproductiva en defensa del derecho a acceder a métodos anticonceptivos adecuados y hemos defendido el derecho de las mujeres al aborto legal para proteger su vida y su salud.
Desde la Campaña hemos denunciado la violación de los derechos de las niñas y las mujeres, cada vez que tuvimos conocimiento del incumplimiento por parte de médicos/as y jueces/sas de las leyes existentes; como sucedió a lo largo del proceso que condujo a la trágica muerte de Ana María Acevedo, la joven santafesina de 20 años, madre de tres niños/as, muerta por falta de atención médica adecuada del cáncer que padecía, debido a las convicciones fundamentalistas de quienes debieron haber cuidado de su vida en el Hospital Iturraspe; o en el desdichado recorrido de la nena mendocina de 12 años LB, forzada a llevar a término un embarazo por el juez de familia Germán Ferrer, que debió haber protegido su integridad psíquica y sexual.
Es un hecho comprobado que la ilegalidad del aborto no evita su realización, sólo los hace más inseguros y peligrosos, e incluso mortales, para las que no acceden al oneroso y aceitado circuito clandestino privado, como ha sucedido en estos últimos años con muchas mujeres, por la obvia y recurrente razón de ser jóvenes y pobres.
Este reconocimiento público, que agradecemos, nos reafirma en la convicción de la justicia de nuestra demanda, y nos estimula a continuar:
en nuestro empeño por lograr el tratamiento y aprobación de nuestro proyecto de ley en el Congreso de la Nación
en nuestra demanda permanente por el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal para garantizar la salud integral de las mujeres
en nuestra tarea de seguimiento de las políticas públicas que el Estado está obligado a cumplir en relación con la ley 26150 de Educación Sexual Integral
en nuestra labor de monitoreo y denuncia de las irregularidades en la provisión de anticonceptivos, en la prevención de embarazos no deseados
en nuestra obstinada labor por defender el derecho de las mujeres a una vida digna denunciando las conductas irresponsables y feminicidas de quienes niegan el acceso a una educación sexual adecuada incumpliendo la ley, como sucede en algunas provincias, como en Mendoza, o impiden la distribución continua de anticonceptivos, como ha sucedido recientemente en muchas provincias, entre ellas Tucumán, o se niegan a aplicar los protocolos existentes, como el protocolo de aborto no punible y de atención post aborto.
La vida de muchas mujeres en Argentina está en riesgo debido a la conducta irresponsable de funcionarios que confunden sus cargos en la función pública con lugares graciables, que asumen sus creencias particulares como si fueran aplicables al conjunto de la ciudadanía desconociendo la diversidad de credos, costumbres, etnias, culturas, orientaciones sexuales, que deben ser objeto de respeto por parte del Estado laico y sus agentes.
Agradecemos el celo del INADI en la defensa de esos derechos por los que hemos trabajado durante estos años y reafirmamos nuestra convicción de que
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
son indispensables para que las mujeres tengan una vida digna y libre de discriminación en nuestro país.
