A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre el Pago del IBI por la Iglesia Católica, dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
La Iglesia Católica española vive en un paraíso fiscal, beneficiándose de exenciones de tasas e impuestos de un valor incalculable. Esta situación privilegiada choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado.
Al mismo tiempo, el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local, todo ello en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pero también por un trato de favor político en distintas disposiciones en la Ley de Mecenazgo, en la Ley de Fundaciones y otras, un conjunto de argucias legales que hunde sus raíces en la desamortización de Mendizábal.
La Iglesia Católica, por ejemplo, es la mayor propietaria de bienes inmobiliarios rústicos y urbanos en toda España, entre ellos un incalculable número de edificios o pisos alquilados a terceros, un enorme patrimonio que está exento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según algunas fuentes, si la Iglesia pagara el IBI, Hacienda ingresaría en torno a 2.500 millones de euros.
Para conocer con detalle ese patrimonio, es necesario que el Estado establezca un censo de ese patrimonio.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, señaló el 1º de febrero de 2012 que si la Iglesia tuviera que pagar el IBI, no podría pagar a Caritas. Pero el argumento es falso, porque a Caritas la financian esencialmente los voluntarios y los contribuyentes que marcan la cruz en la casilla correspondiente de su declaración del IRPF, además de una aportación puntual que la Iglesia asigna a Caritas desde el año 2008.
Recientemente, en Italia, el nuevo gobierno presidido por Mario Monti ha obligado a que la Iglesia Católica italiana pague el Impuesto de Bienes Inmuebles de todos los edificios que no se dediquen al culto religioso, incluidos aquellos que se dediquen a fines lucrativos. En este grupo entrarían colegios católicos, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos de oficinas alquilados a empresas que no tienen nada que ver con la religión y que hasta ahora habían estado exentos de impuestos.
En medio de la profunda crisis económica que golpea a la ciudadanía, y en un momento en que los Ayuntamientos se ven forzados a proceder a un drástico aumento del IBI a particulares y empresas, parece necesario que la Iglesia Católica, como principal propietaria de España, participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno el tratamiento fiscal que otros Estados miembros de la Unión Europea dispensan a los bienes de la Iglesia Católica?
¿Qué iniciativas piensa desplegar el Gobierno para acabar con privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación general de la Comisión Europea?
¿Piensa el Gobierno seguir el ejemplo de Italia, donde la Iglesia Católica está obligada al pago del IBI por sus bienes inmuebles?
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar las modificaciones pertinentes de las normas tributarias, de la Ley de Mecenazgo y de la Ley de Fundaciones, para alcanzar este objetivo?
¿Piensa el Gobierno establecer un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que son propiedad de la Iglesia Católica y de sus organismos dependientes, con el fin de que se pague religiosamente el IBI?.
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 2 de Marzo de 2012
Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo
Diputado de IU