Introducción. La apuesta por una Escuela Pública, de calidad y Laica es consustancial con la implantación de un Estado verdaderamente aconfesional, y con la búsqueda de una sociedad plural y democrática, compuesta por ciudadanos libres, responsables y críticos, que conviven en armonía y en paz. Este fue, en síntesis, el objetivo que los cristianos de base de Madrid nos marcamos en la última Asamblea de 2009.
En estos momentos de profunda crisis económica, esa defensa de la Escuela Pública, Laica y de Calidad está en la calle, debido a los ataques de las políticas ultraliberales que imponen graves recortes en los presupuestos educativos y a la defensa numantina que la Iglesia Católica continua manteniendo respecto a sus privilegios en materia educativa.
Convencidos de que la finalidad de la Escuela no es solamente transmitir conocimientos, sino propiciar la formación plena del alumno como individuo y como ciudadano, (desarrollo de su personalidad, su moral y sus valores éticos), proponemos una reflexión sobre cómo se puedan garantizar mejor esos objetivos para todos los niños y jóvenes, sin excepción. Y lo hacemos, recalcando la óptica que más nos corresponde, la de la laicidad del Estado y de la Escuela. Pues sabemos que en nuestro país, ni el Estado es todo lo aconfesional que debiera, ni la educación en los centros públicos, todo lo laica que convendría.
Pensando en articular un texto que realmente sirva a todos para reflexionar, hemos recurrido al ya habitual método de VER, JUZGAR y ACTUAR, que tan buenos resultados ha dado a lo largo de nuestra historia. Así pues, esa va a ser la estructura de este documento:
VER
1.- El acceso a la educación es hoy un derecho básico de todos los ciudadanos, consagrado en la Constitución de 1978 (art.27) y en la Declaración Universal de los DDHH (art. 26). Este derecho tiene que ser garantizado para todos los niños y niñas por el Estado, a quien compete velar para que se cumpla estrictamente.
Sin embargo, la situación que tenemos en nuestro país es bien distinta: el Estado ha ido dejando buena parte de la educación en manos privadas. Ha preferido hacer dejación de sus responsabilidades y ceder estas a la iniciativa privada, especialmente a la Iglesia Católica y sus congregaciones religiosas, propietarias de buena parte de los colegios. Hoy se estima que el sector privado controla más de un tercio de todos los centros educativos. Los sucesivos gobiernos de PP y PSOE se han limitado a detraer sustanciales cantidades de los presupuestos públicos para subvencionar estos colegios, sin exigir con la firmeza necesaria que se cumplan los escasos requisitos a que la ley obliga, mermando cada vez más, de esta forma, los recursos destinados a la enseñanza pública.
2.- La privatización de la escuela tiene el respaldo político de las mayorías parlamentarias del PSOE y PP. De ahí el dicho: ‘el PP privatiza, el PSOE autoriza’. Y se apoya en un principio ideológico neoliberal que reclama el “derecho absoluto de los padres a elegir el centro educativo que más convenga a sus intereses”.
Este planteamiento ha sido históricamente utilizado por la Iglesia Católica que siempre ha disputado al Estado el protagonismo en la Educación. Aunque viene de antiguo, fue ratificado por el Vaticano II, al afirmar: “Es preciso que los padres tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público…. debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger según su conciencia las escuelas para sus hijos” (Declaración Gravissimum Educationis). Y, más recientemente enarbolado por Mons. Rouco Varela: “El derecho a recibir formación religiosa en la escuela es primario e intocable, es anterior al Estado. Y no se puede recortar ni en la escuela pública ni en la concertada. La asignatura de Religión sigue sin tener el estatuto que le corresponde conforme a los acuerdos con la Santa Sede y el deseo de los padres.
Fruto de esa línea de presión y de los cuarenta años de Nacionalcatolicismo, la Iglesia Católica consiguió en 1978 (aprobados a principios de 1979) arrancar unos Acuerdos con el Estado que le otorgan privilegios tales que, a juicio de muchos juristas, contradicen varios principios constitucionales y violan el carácter aconfesional del Estado, también en materia educativa.
3.- Asociada a esa tendencia privatizadora, pueden detectarse las siguientes situaciones:
A) Una doble red de Centros públicos y privados, con muy diferentes políticas educativas: las estadísticas de escolarización demuestran que los alumnos con necesidades especiales o hijos de inmigrantes son asumidos por los centros públicos en un 90% de los casos.
B) Gestión empresarial de los centros. Los centros privados funcionan como empresas en el sentido de que los resultados económicos se sitúan en un primer nivel de interés, en detrimento del objetivo de la educación y el desarrollo de los alumnos
C) Qué y cómo se ha de enseñar viene determinado por instancias externas a la comunidad educativa y supeditada a los intereses de los sectores económicos y del mercado.
D) Se intensifica la degradación de la imagen del profesorado y los centros públicos.
E) Desmantelamiento progresivo de la Formación Profesional Pública.
F) La subcontratación-externalización de servicios. El transporte escolar, la limpieza, las aulas matinales, los comedores escolares, las actividades extraescolares, los servicios técnicos informáticos, e incluso las horas de refuerzo en horario vespertino se van cediendo sistemáticamente a empresas privadas externas.
G) La continua política de las Administraciones Públicas de ceder o regalar suelo y edificios públicos para que construyan sus colegios empresas privadas.
4.- A la cabeza de la tendencia privatizadora , se encuentra la Comunidad de Madrid con un 49% de Centros Privados (7 puntos más que en 2000), frente a un 51% de centros Públicos, que han disminuido a lo largo de la década en la misma proporción. Más de 2/3 de estos centros de titularidad privada mantienen conciertos con el Estado. Si tenemos en cuenta que el gasto público en Educación creció entre 2001 y 2011 algo más de 22 mil millones de Euros, es fácil deducir a qué manos han ido a parar la mayor parte de esas inversiones públicas y cuál es el peso del móvil económico entre los defensores de la privatización.
JUZGAR
A.- Al considerar la educación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos/as, procede afirmar que únicamente el Estado puede garantizar de forma universal e igualitaria el ejercicio efectivo de ese derecho, es decir, una Escuela Pública de calidad para a todos. No es, por tanto, al sector privado al que le corresponde la tarea de la enseñanza, a no ser de forma subsidiaria. Y, por tanto, tampoco le corresponde a la Iglesia Católica la posición dominante que hoy ocupa, menos aún en una sociedad constitucionalmente laica, en la que las iglesias deben tener el mismo rango que cualquier otra entidad asociativa civil.
B.- Los rasgos que caracterizan a la Escuela en la que creemos, deberían ser los siguientes: pública, laica y de calidad; basada en el conocimiento científico y no en ideologías o creencias religiosas, por tanto, crítica y no dogmática. A sus alumnos se les ha de educar como a seres pensantes, es decir, buscando el por qué y el para qué de las “cosas”. En la escuela laica no cabe ninguna enseñanza de Religión ni del Hecho Religioso como asignatura curricular, sino como contenido transversal, así como tampoco cabe adoctrinamiento alguno y por lo tanto, no deberían exhibirse símbolos de ideologías o creencias religiosas.
Esta forma de concebir la Escuela Pública, de Calidad y Laica posee otros rasgos que consideramos esenciales. Debe ser
Gratuita: es decir, totalmente subvencionada por el Estado, con profesorado seleccionado por un proceso abierto, público y transparente, lo que garantiza su preparación.
Democrática: La Escuela laica es necesariamente democrática y dialogante. El aula, un lugar de debate. Impartirá una pedagogía participativa y respetuosa con la opinión de todos.
Participativa: La dinámica de la escuela y el reglamento interior se establecerá entre toda la comunidad educativa: docentes, no docentes, alumnos, madres y padres, representantes de la Administración implicados en la Escuela como el Ayuntamiento, instituciones del barrio, etc.
Integradora: La Escuela Pública, de Calidad y Laica es integradora porque en ella caben y conviven niños y niñas (coeducativa) con distinto nivel económico, con diferentes capacidades intelectuales y motóricas, de distintas culturas y etnias. Solo así llegaremos a una sociedad intercultural y fraterna donde se asienten los primeros brotes de solidaridad.
Igualitaria: Para que la Escuela Pública y Laica sea democrática ha de dar igualdad de oportunidades al alumnado ofreciendo unos mismos contenidos en todos los grupos o unidades por curso o nivel, e intentando reforzar desde abajo, por medio de los desdoblamientos y demás recursos pedagógicos necesarios, es decir, tendiendo la mano a los más débiles. Aquí reside la calidad democrática de la enseñanza.
Creativa y crítica: La Escuela Pública y Laica debe huir de modelos impuestos o preestablecidos, debe trabajar para implementar metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo integral del alumnado. Se debe partir de los verdaderos intereses de los niños y niñas, de sus búsquedas, de sus interrogantes.
Esta Escuela Pública, de Calidad y Laica fomenta la igualdad, el respeto mutuo, los derechos de la infancia, la paridad entre los géneros, la búsqueda de la verdad, la construcción de ideas en diálogo con los otros, el respeto al diferente….Esta concepción de la educación es un proceso formativo que no deberá terminar nunca porque nunca muere la curiosidad.
C.- No es admisible el afán de lucro del sector privado, que ve en la ampliación del negocio de la Enseñanza una buena tajada con la que poder llenar aun más sus arcas. ¿Por qué, por ejemplo, hay Escuelas Infantiles de la red pública de Madrid, que están siendo gestionadas desde hace tiempo por empresas del grupo de Florentino Pérez? Y si esto se puede hacer, ¿por qué no ampliar la experiencia, gestionando las escuelas de Secundaria y las Universidades?
La crisis actual esta siendo aprovechada para potenciar esa lógica mercantilista. Si, con los recortes supuestamente “exigidos por la crisis” se provoca un deterioro y desprestigio de los Centros Públicos, las familias que puedan pagar llevarán a sus hijos a la privada, concertada o no, llenando más y más los bolsillos del negocio empresarial, y reduciendo progresivamente la Escuela Pública a un servicio “para los más pobres”.
D.- En una sociedad democrática, tampoco son admisibles las razones ideológicas que nos llevarían a una involución, política y cultural. Por ese camino se avanza hacia una sociedad confesional, culturalmente uniforme y, por tanto, totalitaria; es decir, volveríamos a los tiempos dorados del Nacionalcatolicismo. No olvidemos que la privada y la concertada están, en un porcentaje altísimo en manos de congregaciones religiosas que tienen un ideario de centro y para las que el objetivo fundamental es formar “en la fe” de esa Iglesia tradicional, ampliar la capacidad de influencia de la Iglesia Católica, etc., al tiempo que hacen su negocio.
ACTUAR
Frente a esa ofensiva privatizadora y confesional, es preciso afirmar con fuerza que hay alternativas, que es posible construir un sistema educativo liberador, que dé oportunidades a todos. Con ese horizonte de fondo, el movimiento popular por la Escuela Pública ofrece un programa de reivindicaciones que convocan al compromiso y a la acción. Entre otras,
1. Retirada de todas las medidas que recortan la Enseñanza Pública. y aumento del porcentaje del PIB destinado a enseñanza.
2. La Escuela Pública y Laica, como eje fundamental del sistema educativo. Eliminación de los Conciertos educativos con centros privados. Posibilidad de incluir los concertados que lo deseen en la red pública.
3. Eliminación de toda desgravación fiscal para los usuarios de la enseñanza privada.
4. Reforma de las leyes educativas que limitan o condicionan los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, coeducativa y democrática, orientada a formar personas libres y críticas.
5. Eliminación del Concordato: la Religión fuera de la escuela.
6. Eliminación de la precariedad del profesorado y aumento de plantillas de apoyo y atención a la diversidad.
7. Mejorar la ratio profesor/alumno.
8. Democratización de los centros y del sistema educativo, de modo que se garantice la participación de toda la comunidad educativa.
9. Gratuidad de libros de texto, comedores, actividades extraescolares…. etc., que serán de gestión pública directa. Eliminación de todo tipo de contratas privadas.
A trabajar por ese programa nos sentimos invitados los Cristianos de base de Madrid, sabedores de que el reto pasa por consolidar un amplio movimiento ciudadano, popular, junto a las organizaciones políticas, sindicales y sociales que comparten esencialmente este diagnóstico y estas propuestas.
INTERROGANTES PARA EL DEBATE:
A pesar lo dicho, somos conscientes de que entre nosotros hay pluralidad de puntos de vista, y que esa diversidad puede ayudar sustancialmente a tomar conciencia colectiva de la situación y a perfilar de modo más matizado algunas de las cuestiones aquí presentadas. Por ello planteamos, de modo expreso, algunos interrogantes para la reflexión en el seno de las comunidades:
I.- ¿Estamos convencidos de que la Escuela Pública es la única que puede garantizar la igualdad en el acceso a la educación para todos los niños y niñas, independientemente de su origen y situación socioeconómica, o sus capacidades, etc.?
II.- ¿Qué valor le damos al principio: “Derecho absoluto de los padres a elegir el centro educativo de su preferencia” y la obligación de “financiación pública de los mismos”. ¿Entendemos que hay base teórica y jurídica suficiente para esta afirmación? Más aún, ¿se puede hablar en democracia de ‘derechos individuales absolutos’, más allá del derecho a la vida y a la propia integridad?
III– ¿Debe seguir impartiéndose en la Escuela Pública algún tipo de formación religiosa, dentro del horario lectivo?
IV.- ¿Debemos ser respetuosos con la presencia de imágenes religiosas en las Aulas u otras dependencias de los centros educativos? ¿Y el vestuario de inequívoco carácter religioso?
V.- ¿Es razonable que en determinados Centros educativos, incluida la Universidad Pública, subsistan todavía hoy espacios dedicados al culto (capillas, oratorios)?
VI.- ¿Compartimos la demanda cada vez más extendida de pedir la derogación de los “Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979” y de la “Ley Orgánica de Libertad de Religiosa” de 1980, textos jurídicos que sostienen el actual orden de confesionalidad encubierta en España?
VII.- ¿Somos coherentes con nuestros postulados cuando, compartiendo los objetivos de la Escuela Pública y Laica, llevamos a nuestros hijos a Centros privados, concertados o no?
VIII- De no ser así, urge preguntarse también si organizamos en el seno de nuestras comunidades las adecuadas catequesis para ofrecer a nuestros hijos la formación en la fe que no esperamos de la Escuela
IX.- Como entre nosotros pueden existir compañeros-as que trabajan como profesores de religión, cabe plantear ¿cómo viven y cómo compartimos con ellos la posible contradicción entre su trabajo, como medio indispensable de subsistencia, y la opción por una Escuela ideológicamente neutral?
Todos estos interrogantes se orientan a suscitar la reflexión sobre un objetivo que la Comisión de Laicidad de IB-Madrid considera en estos momentos de primordial importancia. Pues las acometidas del neoliberalismo imperante y la tradicional beligerancia de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, hoy dominantes, empujan descaradamente hacia una sociedad cada vez más desigual, más despiadada y más represora de la libertad de conciencia. Y los cristianos no podemos olvidar que la igualdad fraternal, la libertad y la solidaridad radical entre todos, especialmente con quienes más sufren, son valores que pertenecen a la esencia del evangelio de Jesús.
Para avanzar hacia esa igualdad y solidaridad social hoy es preciso, entre otros compromisos, ser muy firmes en la defensa de la Escuela Pública y Laica.
