Un grupo de judíos y árabes está luchando en los tribunales israelíes para que los reconozcan como «israelíes», una nacionalidad que actualmente se les niega, en un caso que las autoridades temen que puede amenazar al país autoproclamado como un Estado judío.
Israel se negó a reconocer la nacionalidad israelí cuando se estableció el país en 1948, haciendo una distinción inusitada entre «ciudadanía» y «nacionalidad». Aun si todos los israelíes están calificados como ciudadanos de Israel, el Estado se define como perteneciente a la «Nación Judía», es decir, no solamente a los 5,6 millones de judíos israelíes sino también a los más de 7 millones de judíos de la diáspora.
Según algunos críticos la situación especial de la nacionalidad judía ha sido una manera de socavar los derechos de ciudadanía de los no judíos en Israel, especialmente para el quinto de la población que es árabe. Alrededor de 30 leyes en Israel privilegian específicamente a los judíos, en especial en las áreas de los derechos de emigración, la naturalización, el acceso a la tierra y el empleo.
Desde hace tiempo los líderes árabes también se quejan de que la indicación de la nacionalidad «árabe» en sus documentos de identidad facilita que la policía y las autoridades gubernamentales seleccionen a los árabes para imponerles tratamientos más severos.
El Ministerio del Interior ha adoptado más de 130 nacionalidades posibles para los ciudadanos israelíes, la mayoría de ellas definidas en términos religiosos o étnicos, siendo «judíos» y «árabes» las principales categorías.
El expediente del grupo ha llegado al Tribunal Supremo después de que la petición fuera rechazada hace dos años por un juez de distrito, quien respaldó la posición del Estado de que no existe una nación israelí.
El líder de la campaña por la nacionalidad israelí, Uzi Ornan, profesor de Lingüística jubilado, dice: «Es absurdo que Israel, que reconoce docenas de nacionalidades diferentes, se niegue a reconocer una nacionalidad que, supuestamente, lo representa».
El gobierno se opone en el expediente a esta demanda, alegando que el verdadero objetivo de la campaña es «socavar la infraestructura del Estado» (una presumible referencia a las leyes e instituciones oficiales que garantizan a los judíos un estatus privilegiado en Israel).
Para Ornan, de 86 años, el rechazo a una nacionalidad israelí común constituye el eje de una discriminación legislada por el Estado contra la población árabe.
«Incluso hay dos leyes -la Ley del Retorno para los judíos y la Ley de Ciudadanía para los árabes-, que determinan de qué manera forma parte del Estado cada uno», dijo. Y añadió: «¿Qué clase de democracia divide a sus ciudadanos en dos categorías?»
Yoel Harshefi, el abogado que representa a Ornan, dice que el Ministerio del Interior recurrió a la creación de grupos nacionales no reconocidos legalmente fuera de Israel, como «árabes» o «desconocidos», para evitar el reconocimiento de una nacionalidad israelí.
En los documentos oficiales la mayoría de los israelíes están clasificados como «judíos» o «árabes» pero los inmigrantes cuya condición de judíos es cuestionada por el rabinato de Israel –incluidos más de 300.000 procedentes de la ex Unión Soviética– se registran habitualmente según su país de origen.
«Imaginen el escándalo en las comunidades judías de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, si las autoridades pretendieran clasificar a sus ciudadanos como ‘judíos’ o ‘cristianos’».
El profesor, que vive cerca de Haifa, inició sus acciones legales ante la justicia cuando el Ministerio del Interior rechazó cambiar su nacionalidad a «israelí» en el año 2000. Una petición online en la que declara «soy israelí» ha logrado el apoyo de varios miles de firmas.
La acción de Ornan ha recabado el apoyo de 20 personalidades públicas, entre ellas la ex ministra (N.deT.: de Educación) Shulamit Aloni. Varios miembros del grupo están registrados con nacionalidades inusuales como «rusa», «budista», «georgiana» o «birmana».
Hay dos árabes que forman parte del caso, uno de ellos es Adel Kadaan, quien ya presentó una denuncia ante los tribunales en la década de los 90 iniciando una prolongada acción legal para que se le permitiera vivir en una de los varios cientos de comunidades en Israel abiertas sólo a judíos.
Uri Avnery, activista por la paz y ex miembro del Parlamento, dice que el sistema actual de nacionalidad ofrece a los judíos que viven en el extranjero una participación mayor en Israel que a sus 1,3 millones de ciudadanos árabes.
«El Estado de Israel no puede reconocer a una nación ‘israelí’ porque es el Estado de la nación ‘judía’… y pertenece a los judíos de Brooklyn, Budapest y Buenos Aires, aunque ellos se consideren pertenecientes a Estados Unidos, Hungría o Argentina».
Las organizaciones sionistas internacionales que representan a la diáspora, como el Fondo Nacional Judío y la Agencia Judía, tienen en la legislación israelí un papel especial, casi gubernamental, especialmente en materia de inmigración y control sobre grandes zonas del territorio israelí reservadas únicamente para la colonización judía.
Ornan considera que la ausencia de una nacionalidad común es una violación de la Declaración de Independencia de Israel que establece que el Estado «respetará la completa igualdad social y política de todos sus ciudadanos sin distinción de religión, raza o sexo».
Y añade que la inscripción de la nacionalidad en los documentos de identidad de los israelíes facilita a las autoridades la discriminación hacia los ciudadanos árabes.
El gobierno argumenta que el apartado «nacionalidad» se ha eliminado progresivamente de los documentos de identidad desde el año 2000, después que el Ministerio del Interior, controlado por un partido religioso en ese momento, se opusiera a una orden judicial que le requería identificar a los judíos no ortodoxos como «judíos» en dichos documentos.
Sin embargo Ornan dice que cualquier funcionario puede saber instantáneamente si lo que está mirando es un documento de un judío o de un árabe porque la fecha de nacimiento de los documentos de identidad judíos se indica según el calendario hebreo. Además el documento de identidad de un árabe, contrariamente al de un judío, incluye el nombre del abuelo.
«Una ojeada a su documento de identidad es suficiente para que cualquier empleado del gobierno sentado frente a usted sepa a que ‘grupo’ pertenece usted y puede remitirlo a aquéllos más preparados para manejar su ‘categoría’», añade Ornan.
La distinción entre nacionalidad judía y nacionalidad árabe también se exhibe en los documentos que utiliza el Ministerio del Interior para tomar decisiones importantes sobre las circunstancias personales como el matrimonio, el divorcio o la muerte, que se tratan en términos absolutamente sectarios.
Sólo los israelíes de una misma comunidad religiosa, por ejemplo, están autorizados a casarse dentro del Israel. De lo contrario están obligados a casarse en el extranjero, y los cementerios están divididos de acuerdo con la pertenencia religiosa.
Algunos de los que se han adherido a esta campaña se quejan de que han sufrido perjuicios en sus intereses profesionales. Un druso, Carmel Wahaba, señala que perdió la oportunidad de establecer una compañía de importación y exportación en Francia porque las autoridades se negaron a aceptar sus documentos en los que consta su nacionalidad como «druso» en lugar de «israelí».
El grupo también dice que espera usar un truco lingüístico que intencionalmente traduzca mal el término hebreo «ciudadanía israelí» en los pasaportes del país por «nacionalidad israelí», en inglés, para evitar problemas con las autoridades fronterizas extranjeras.
B. Michael, comentarista de Yedioth Ahronoth, el diario israelí más popular, observó: «Todos somos ciudadanos israelíes, pero sólo en el extranjero».
La campaña, sin embargo, es probable que se enfrente a una dura lucha en los tribunales.
Una demanda judicial parecida, debida a la iniciativa de un psicólogo de Tel Aviv, George Tamrin, fracasó en 1970. Shimon Agranat, presidente del Tribunal Supremo en ese momento, declaró: «No hay nación israelí separada del pueblo judío… El pueblo judío esta compuesto no sólo por aquéllos que viven en Israel, sino también por los judíos de la diáspora».
Este criterio fue compartido por el tribunal de distrito en 2008, después de examinar el caso de Ornan.
Los jueces del Tribunal Supremo, que fijaron el mes pasado la primera audiencia de apelación, indicaron que probablemente ellos también serán adversos al reclamo. El juez de la Tribunal Supremo, Uzi Fogelman, declaró que: «La cuestión es si el Tribunal es el lugar adecuado para resolver este problema».
Jonathan Cook, escritor y periodista, vive en Nazaret, Israel, y es miembro del Comité de Apoyo al Tribunal Russell para Palestina. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Israel y el choque de civilizaciones: Iraq, Irán y el plan para remodelar Oriente Medio), Pluto Press, y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Desapareciendo a Palestina: experimentos israelíes en la desaparición de personas), Zed Books. Web: Jonathan Cook
Fuentes
Inglés: http://dissidentvoice.org/2010/04/why-there-are-no-israelis-in-the-jewish-state/
Francés: http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8490
Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y revisado por Caty R.
