La objeción de conciencia dispara la crisis del aborto en la sanidad pública española: : ¿dónde queda el derecho de las mujeres?
La objeción de conciencia en España ha convertido el aborto en un servicio prácticamente inaccesible en la sanidad pública. Mientras la ley lo garantiza, la realidad es que las mujeres enfrentan interminables barreras, desde médicos que se niegan hasta desplazamientos a otras provincias. ¿Estamos ante un derecho en peligro?
En España, la objeción de conciencia en el ámbito médico
se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública.
A pesar de que la ley garantiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en centros públicos, la realidad es que más del 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas. Esta situación se debe, en gran medida, al elevado número de médicos que se acogen a la objeción de conciencia a la hora de tener que realizar un aborto, lo que reduce drásticamente la disponibilidad de profesionales en el sistema público dispuestos a practicar abortos.
En este artículo analizaremos las razones que están detrás de esta tendencia, las dificultades que enfrentan las mujeres al intentar abortar en la sanidad pública y cómo se compara España con otros países europeos en este aspecto.
CONTEXTO LEGAL Y CIFRAS ACTUALES
En 2023, la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la sanidad pública, eliminando algunas barreras, como la obligatoriedad de los tres días de reflexión o el consentimiento paterno para menores de 16 y 17 años.
Sin embargo, esta normativa no ha sido suficiente para revertir la tendencia de la mayoría de los abortos realizados en clínicas privadas. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023, solo el 18,55% de los abortos se realizaron en centros públicos, mientras que el 81,45% tuvieron lugar en clínicas privadas.
Aunque este porcentaje ha mejorado ligeramente en comparación con el 17% de 2022, sigue reflejando una gran desigualdad en el acceso a este derecho.
Una de las principales razones de esta disparidad es el alto número de médicos que se declaran objetores de conciencia, especialmente en ciertas comunidades autónomas, donde este fenómeno es casi total. En regiones como La Rioja y Castilla y León, casi todos los médicos del sistema público han decidido no practicar abortos por motivos de conciencia, lo que obliga a muchas mujeres a trasladarse a otras provincias o recurrir a clínicas privadas.
¿POR QUÉ HAY TANTOS «MÉDICOS OBJETORES» EN ESPAÑA?
Aunque en España, no existe un dato exacto y unificado sobre el porcentaje total de médicos objetores de conciencia en la sanidad pública que se niegan a practicar abortos, se estima que en algunas regiones el número de médicos que se acogen a la objeción de conciencia puede superar el 80% o, incluso, alcanzar casi el 100%, como es el caso de comunidades como La Rioja y Castilla y León.
Este número elevadísimo de médicos objetores en España se debe a una combinación de factores sociales, culturales y profesionales que condicionan las decisiones de los profesionales de la salud.
A continuación, detallamos algunas de las razones más relevantes:
1. Influencias religiosas y morales
España es un país con una fuerte tradición católica, y aunque la sociedad se ha secularizado a un ritmo vertiginoso en el curso de las últimas décadas, la influencia de la Iglesia católica continúa siendo significativa, especialmente en determinadas regiones más conservadoras.
La postura militante de la Iglesia en contra el aborto es bien conocida, y esta influencia cultural afecta a la ética de muchos médicos, quienes ven en el aborto una práctica incompatible con sus valores personales o religiosos.
Ello es particularmente evidente en áreas rurales o comunidades autónomas donde los valores tradicionales son más fuertes, y los médicos se sienten presionados a alinearse con las creencias dominantes.
2. Falta de formación específica en aborto
Otra razón es la escasa formación en salud reproductiva y abortiva que reciben los profesionales durante sus estudios de medicina.
En muchas facultades, los procedimientos relacionados con el aborto no forman parte del currículo obligatorio, lo que deja a los médicos mal preparados o incómodos para realizar estas intervenciones. Esto se traduce en una tendencia a optar por la objeción de conciencia, no solo por motivos éticos, sino también por la falta de habilidades y confianza para realizar los abortos.
3. Estigmatización del aborto
El estigma social en torno al aborto sigue siendo un factor relevante en España. Pese a los avances legales y sociales, el aborto aún es percibido como un tema controvertido, y muchos médicos prefieren evitar la polémica que puede acompañar a la práctica de abortos. En algunas comunidades, declararse objetor de conciencia puede ser una manera de evitar ser señalado o criticado, tanto por otros profesionales como por la sociedad en general .
4. Falta de regulación efectiva del registro de objetores
Aunque la ley de 2023 incluye la creación de un registro de objetores de conciencia, este registro no se ha implementado de manera efectiva en muchas comunidades autónomas. Solo cinco regiones han avanzado en la elaboración de estos listados, lo que deja a las mujeres en una situación de incertidumbre sobre la disponibilidad de médicos no objetores en sus centros de salud.
Sin un sistema regulado y transparente, es más fácil para los médicos optar por la objeción sin enfrentar restricciones, lo que perpetúa la falta de acceso al aborto en la sanidad pública.
¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES PARA ABORTAR EN LA SANIDAD PUBLICA EN ESPAÑA?
El elevado número de médicos objetores en el sistema público tiene consecuencias directas sobre las mujeres que desean abortar. Algunas de las principales dificultades que enfrentan son:
1. Listas de espera prolongadas y falta de disponibilidad
En muchas comunidades autónomas, las mujeres se encuentran con largas listas de espera para acceder al aborto en centros públicos debido a la escasez de personal dispuesto a realizar el procedimiento. En zonas rurales o menos pobladas, donde ya hay menos recursos médicos, la falta de profesionales no objetores agrava aún más la situación.
2. Desplazamientos a otras provincias
En regiones como Castilla y León o La Rioja, donde la objeción de conciencia es casi unánime entre los médicos del sistema público, muchas mujeres se ven obligadas a viajar a otras provincias para poder abortar. Este desplazamiento supone un coste económico adicional y una mayor carga emocional, especialmente para las mujeres de bajos ingresos o en situaciones vulnerables(
3. Dependencia de la sanidad privada
La falta de acceso en la sanidad pública ha generado una dependencia casi total de la sanidad privada para la realización de abortos en muchas regiones de España. Aunque las clínicas privadas ofrecen el servicio, esto implica un coste económico que no todas las mujeres pueden asumir, además de la incomodidad de tener que buscar fuera del sistema público un derecho que debería estar garantizado.
EL ABORTO EN LA SANIDAD PUBLICA EN OTROS PAÍSES EUROPEOS
En comparación con otros países europeos, España presenta una situación peculiar en cuanto al aborto. Mientras que el derecho a la interrupción del embarazo está reconocido en muchos países, la objeción de conciencia y las barreras para acceder a este servicio varían considerablemente.
1. Francia y Reino Unido: acceso garantizado
En Francia y Reino Unido, el aborto está ampliamente disponible en la sanidad pública, y aunque la objeción de conciencia está permitida, existen mecanismos efectivos para garantizar que siempre haya personal disponible para realizar los abortos. En Francia, el sistema sanitario está mejor preparado para ofrecer el aborto en hospitales públicos, y los médicos objetores están obligados a derivar a las mujeres a otros profesionales no objetores, lo que asegura un acceso más fluido.
2. Italia: alta objeción de conciencia
Italia comparte con España un alto nivel de objeción de conciencia entre los médicos. En algunas regiones italianas, hasta el 70% de los ginecólogos se niegan a realizar abortos, lo que obliga a las mujeres a enfrentarse a dificultades similares a las de España. Sin embargo, Italia ha avanzado en algunas regiones implementando medidas para garantizar que los abortos se realicen en hospitales públicos .
3. Polonia y Hungría: acceso casi inexistente
En países como Polonia y Hungría, el acceso al aborto es extremadamente limitado debido a legislaciones restrictivas. En Polonia, la objeción de conciencia está permitida y el aborto solo es legal en casos extremadamente restringidos, lo que ha llevado a una situación en la que la mayoría de las mujeres recurren a abortos ilegales o se ven obligadas como sucedía en España durante la dictadura, a viajar al extranjero.
El elevado número de médicos objetores en España, así como las barreras que esto genera para acceder al aborto en la sanidad pública, reflejan una mezcla compleja de influencias religiosas, estigmas sociales, falta de formación y regulación deficiente.
Aunque la ley garantiza el derecho al aborto, la realidad es que este derecho sigue siendo inaccesible para muchas mujeres, especialmente en determinadas comunidades autónomas.
En comparación con otros países europeos, la España enfrenta desafíos similares los de otros países europeos encuadrados en la geografía histórica de la influencia católica. En términos de objeción de conciencia, Italia tiene similares características a las de España , pero está lejos de las restricciones severas de países como Polonia.
La implementación de un registro efectivo de objetores y una mayor formación en salud reproductiva son pasos cruciales para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto de manera libre y segura en la sanidad pública.
LA IGLESIA TOCA A REBATO
Ni que decir tiene, que ante esta posibilidad la más alta representación de la Iglesia Católica en España ya ha tocado a rebato. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, hace tan solo unos días, ha advertido sobre las posibles consecuencias del registro de sanitarios objetores al aborto que parece estarse preparando. García Magán destacó que la objeción de conciencia es un derecho fundamental y que los registros pueden tener un doble propósito, considerando preocupante si es usado «para controlar a médicos y enfermeras».
