«La extradición del fundador de WikiLeaks sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre», asegura Amnistía Internacional.
El fundador de WikiLeaks está cada vez más cerca de ser extraditado a Estados Unidos. Un juez británico ha emitido este miércoles la orden de entrega de Julian Assange a Washington, que debe ser considerada ahora por el Gobierno del Reino Unido. Si esta finalmente se consuma, el periodista australiano tendría que hacer frente a un proceso en el que el Ejecutivo norteamericano le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática, por los que podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel.
Julian Assange se encuentra en prisión provisional en la cárcel londinense de Belmarsh desde abril de 2019, pero su calvario empezó mucho antes. El periodista fue acusado de abusos sexuales en Suecia, pero la Fiscalía del país nórdico archivó finalmente la causa por la dificultad probatoria. En Reino Unido fue condenado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de libertad condicional en 2012, cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció casi siete años, protegido como asilado político hasta que el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, le retiró la protección diplomática.
Los motivos de esta larga sucesión de hechos: entre 2010 y 2011, WikiLeaks sacó a la luz los abusos de EEUU en su centro de detención de Guantánamo. También evidenció que se habían cometido crímenes de guerra por el Ejército norteamericano en Irak y Afganistán. Además reveló cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales que avergonzaron a Gobiernos de todo el mundo. Ahora, el Gobierno estadounidense se escuda en la ley de espionaje para pedir su entrega y posterior juicio. Se trata de una norma aprobada en 1917 durante la primera guerra mundial.
Sin embargo, la persecución al fundador de WikiLeaks es todo un atropello al derecho de los ciudadanos y de los periodistas. Así lo ha evidenciado Amnistía Internacional: «La extradición sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre», ha señalado la secretaria general de la entidad Agnès Callamard.
«Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Julian Assange por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo», ha añadido Callamard, que también ha reclamado al Ejecutivo de Joe Biden que retiren los cargos contra Assange: «No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan», ha sentenciado.Amnistía Internacional: «La extradición sentaría un precedente peligroso»
Amnistía Internacional no es la primera entidad que advierte de las consecuencias que podría tener la entrega a EEUU del fundador de WikiLeaks. Uno de los abogados del periodista relataba a Público el pasado mes de octubre que este paso «permitiría a la Justicia de EEUU perseguir a periodistas críticos por todo el mundo».
En esta misma línea se ha posicionado este miércoles Callamard: «Si el Gobierno de Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país», ha señalado.
Ante la posibilidad abierta de la entrega a Washington de Assange, la profesión alzó la voz y tildó la ofensiva de Washington como una guerra total contra el periodismo de investigación. De hecho, el ex relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, señaló que «si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa».
Y es que la extradición de Assange supondría al menos tres violaciones del derecho internacional. Así lo pusieron de manifiesto en una carta abierta al Gobierno del Reino Unido 186 profesionales del Derecho y legisladores eminentes junto a 21 asociaciones de juristas de todo el mundo. A su juicio, el encarcelamiento y la extradición del líder de WikiLeaks violan «su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y de persecución política».
La seguridad de Assange, en peligro
Además de las implicaciones para la libertad de prensa, preocupa la integridad del periodista si la entrega se ejecuta. Por este motivo, Amnistía Internacional ha llamado a la ministra del Interior de Reino Unido a «no abdicar» de su responsabilidad de no «enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro».»Las garantías de un trato justo que ofrece EEUU están plagadas de irregularidades»
Las autoridades estadounidenses han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange, lo que a juicio de Callamard deja al periodista ante «un gran peligro de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico».
Además, la entidad ha querido poner de manifiesto que la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. En ellas se producen torturas y otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional. «Las garantías de un trato justo que ofrece Estados Unidos en el caso Assange están plagadas de irregularidades y podrían ser revocadas en cualquier momento», sentencian.
