Descargo de responsabilidad
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El Congreso aprobó este martes la toma en consideración de una propuesta llegada del Parlament de Catalunya para pedir la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños/as y adolescentes, la imprescriptibilidad de la pederastia. Tras su asesinato, las agresiones y violaciones de menores son, probablemente, el crimen más abyecto que se me viene a la cabeza y me resulta imposible no empatizar con las víctimas. Tener hijos pequeños convierte esa empatía en rabia infinita, me hago cargo, y no es así como se legisla, se gobierna o, ni siquiera, como se toman decisiones cotidianas. Pero aquí no hablamos de rabia, sino de una cuestión imprescindible para la reparación y justicia argumentada de forma multidisciplinar e impecable. He oído que los mismos que parieron la prisión permanente revisable -la cadena perpetua de toda la vida en versión edulcorada- y que ahora han apoyado en el Congreso esta toma en consideración sobre las violaciones de niños/as, han matizado que hay que analizar bien esto de la imprescriptibilidad de la pederastia, porque, oigan, a ver si vamos a caer en el «populismo judicial».
Parece ser que el PP, autor de este concepto de lo populachero en los tribunales, pese a su campaña contra la ley del solo sí es sí, esa prisión permanente revisable que aprobó solo con su mayoría absoluta; su deseo de que los etarras se pudran en la cárcel y lejos de su familia, aunque ETA ya no exista, o su empeño en llevar al independentismo catalán a la cárcel, ahora se declara antipunitivista. ¿Conversión? En absoluto, es que con la Iglesia (católica) hemos topado, pese a que la pederastia atraviesa sus muros siempre demasiado y en todos los ámbitos.
Las razones milimétricamente analizadas por médicos, juristas y otros especialistas en estos delitos y sus víctimas se han hartado de explicarnos la especificidad de unos hechos que necesitan mucho tiempo, no solo para ser denunciados por miedo, vergüenza, negación u otras dolorosas razones, sino incluso y en los peores casos -los críos y crías más pequeñas- para ser reconocidos como tales. ¿Ustedes creen que un niño de 6 años al que un cura mete la mano en la bragueta del pantalón sabe lo que le está pasando? Aparte de la confusión, el dolor, el bloqueo, la fractura que se produce en su naciente personalidad,… ante algo que no puede entender, ¿alguien se atreve ahora a fijar una fecha tope para la denuncia de semejante violación física y psíquica, además, si aquella llega a producirse? ¿Y a otro menor, de más años, que sufre una agresión por la que aun siendo consciente, se siente desbordado y dañado hasta las venas?
Los mismos que niegan la educación sexual en las escuelas para que, entre otras cosas, niños y niñas puedan estar alerta para identificar estos comportamientos te saltan ahora con el «populismo judicial»; sin olvidar que niegan esa educación sexual porque todavía vivimos en un Estado del que surgen unas enmarañadas raíces católicas que lo cubren todo. E ironías de la vida, son precisamente esos curas, sus cómplices y una poderosa jerarquía que los ha protegido a lo largo de la historia, importándoles nada las víctimas que seguían acumulando en distintos lugares, quienes con su comportamiento insaciable de violaciones y conchabanza han empujado y posibilitado que esta imprescriptibilidad pueda salir adelante; es más, que ya resulte imposible negársela a las víctimas, como han asumido 32 Estados (Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Islandia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Estonia, Letonia, Polonia, Austria, Suiza, Hungría, Rumania, Croacia, Serbia, Chipre, Georgia, Sudáfrica, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) y recomendado implementar instituciones de derechos humanos como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o el Comité de los Derechos del Niño .
El informe que dio a conocer el Defensor del Pueblo hace pocas semanas sobre los abusos a niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica es, simplemente, el reflejo repulsivo de una sociedad cruel y de doble moral ante la supremacía de un poder religioso instalado en un Estado hipócrita que se dice «aconfesional» en su Constitución: «El 1,13% de la población ha sufrido abusos sexuales en la iglesia española, mientras que un 0,6% ha sufrido abusos de un religioso, lo que corresponde a 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia católica española y de 233.000 personas por parte del clero». Lo contaban este martes en El País, antes de la votación de la toma en consideración y pidiendo consenso a PSOE y PP, dos víctimas de eso delitos que no deben prescribir, Alejandro Palomas y Miguel Hurtado. Léanlos y apoyen su razón incuestionable, porque sobra lo que podamos decir el resto.
