El partido político Polonia Unida, de extrema derecha y socio necesario de la mayor formación del gobierno polaco, Ley y Justicia (PiS), ha presentado una propuesta para castigar a quien «insulte públicamente a la iglesia» o interrumpa una misa de forma «ofensiva» con penas de hasta tres años de prisión.
La polémica propuesta, de la que se han hecho eco medios polacos como Notes from Poland, ha sido presentada por Marcin Warchol, portavoz del grupo parlamentario y viceministro de Justicia, que considera que la actual legislación al respecto «está llena de lagunas» y que «fomenta el odio hacia quienes expresan convicciones religiosas».
Warchol ha puesto varios ejemplos de lo que considera «impactantes agresiones y profanaciones de símbolos religiosos» como ciertas manifestaciones que se pueden ver en las manifestaciones por los derechos LGTB o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo alusión a que se pueden ver a veces figuras religiosas como imágenes de Jesús y María con halos coloreados con la bandera LGTB sobre sus cabezas.
La legislación actual contra las blasfemias
Actualmente, Polonia es uno de los cuatro países de la Unión Europea que castiga con penas de prisión las ofensas a los sentimientos religiosos. Los otros son Alemania, Eslovaquia y San Marino. Otros muchos países contemplan sanciones administrativas en ciertos casos, como sucede en España, Italia, Austria o Reino Unido. Otros tantos despenalizaron este tipo de actos en virtud de la libertad de expresión, como Irlanda, Francia, Dinamarca o Países Bajos.
La ley contempla que quien «ofenda el sentimiento religioso insultando públicamente un objeto de culto religioso o un lugar destinado al ejercicio público de los derechos religiosos» podría ser castigado con hasta dos años de prisión.
Sin embargo, para darse este caso, debe existir una «ofensa» manifiesta, lo que ha amparado hasta ahora lo que desde el partido de extrema derecha consideran «blasfemias». Señalan que, debido a esto, la ley es imprecisa y solo castiga los actos más graves y/o evidentes.
Más a la derecha que Ley y Justicia
Con la nueva propuesta, no solo se ampliaría el abanico de acciones que supongan blasfemias a símbolos religiosos, sino que también se castigarían independientemente de si provocan o no una ofensa y subiendo la pena hasta tres años de prisión. Así, «quien se burla o desprecie públicamente a la iglesia u otra asociación religiosa» estaría cometiendo un delito penal.
Mientras Polonia Unida ha defendido esto como una oportunidad para aumentar la libertad religiosa, la oposición ha señalado la propuesta de ley como un ataque a la libertad de expresión. De hecho, de aprobarse, Polonia se convertiría en el país que más castiga este tipo de delitos de la UE.
Zaprezentowana dziś w Sejmie propozycja nowelizacji Kodeksu karnego rozszerzy ochronę wolności sumienia i wyznania. pic.twitter.com/atsY6RpNyx— Marcin Warchoł (@marcinwarchol) April 14, 2022
Sin embargo, analistas políticos polacos ven poco probable que esto se materialice. Polonia Unida es un partido que ha destacado precisamente por este tipo de propuestas como método para situarse todavía más a la derecha que los principales socios de gobierno. Por ejemplo, llegaron a pedir que Polonia se retirase de la Convención Europea sobre la Violencia contra las Mujeres o castigar por la vía penal la homosexualidad, pero Ley y Justicia las rechazó.
Además, el gobierno polaco lleva meses arrastrando una profunda crisis de gobierno debido a los choques con la Unión Europea por la reducción del Estado de Derecho y por contravenir las normas europeas y por el endurecimiento progresivo de las políticas de Ley y Justicia que han llevado a que la coalición de gobierno se resienta. El diario polaco Dziennik Gazeta Prawna incluso ha hablado de que podría haber elecciones anticipadas.
Libertad de expresión y blasfemias
Según el Pew Research Center, al menos el 24% de países del mundo contemplan leyes que castigan las blasfemias. Desde posiciones conservadoras y ultracatólicas, defienden que estas leyes deben existir por respeto a las creencias religiosas de la gente.
Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expertos en Derecho y organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos consideran que las leyes que castigan la «ofensa a sentimientos religiosos» entran en conflicto con la libertad de expresión y abogan por su completa derogación.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aboga por castigar «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia». Es decir, que lo que se castigue sean las actitudes que fomenten el discurso y el delito de odio y, por ende, pongan en peligro la integridad de las personas.
Además, la existencia de estas leyes, en muchos casos herencia de un pasado poco democrático como es el caso de España, provocan situaciones de abuso legal. La asociación Abogados Cristianos, una de las muchas presuntas tapaderas de la secta ultracatólica El Yunque, es conocida por llevar ante la justicia casos de «ofensa a sentimientos religiosos», como cuando denunciaron a Guillermo Toledo (conocido Willy Toledo) por «cagarse en la Virgen», o a la procesión del «Coño Insumiso», que al final quedaron en nada.
Una prueba más de cómo la extrema derecha supone una regresión en derechos fundamentales.
