La oposición denuncia la herramienta gubernamental como una forma encubierta de controlar los abortos
El líder de la oposición polaca, Donald Tusk, criticó este lunes una nueva ordenanza que amplía la recogida de datos médicos de mujeres embarazadas por considerar que conduce a la creación de «registro de embarazos» para detectar posibles abortos ilegales.
Tusk hizo referencia a una disposición judicial aprobada este lunes, tras ser presentada el pasado viernes por el ministro polaco de Sanidad, Adam Niedzielski, que insta a los médicos a recoger información sobre las mujeres embarazadas y su estilo de vida.
Estos datos quedarán registrados en el sistema de la sanidad pública y los facultativos estarán obligados además dar parte a las autoridades si sospechan que una mujer ha inducido un aborto de forma deliberada o lo ha provocado con unos hábitos poco saludables. En Polonia, una reforma legal de enero de 2021 ilegalizó el aborto en prácticamente todos los supuestos, salvo casos de grave riesgo para salud de la madre.
«Las mujeres polacas necesitan atención, no control», enfatizó el líder del principal partido de la oposición polaca durante unas declaraciones a la prensa en Biestrzyki (sur). Tusk agregó que le gustaría que quienes tuvieron esta idea «entendiesen que las mujeres polacas son personas libres, ciudadanas con plenos derechos» y señaló que es la clase de iniciativa «que nace de la mente de políticos varones con algún problema de madurez».
Solo acceso médico
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Sanidad, Wojciech Andrusiewicz, aseguró este lunes que la nueva medida «no creará ningún registro», sino solo ampliará la información recogida según las recomendaciones de la Comisión Europea y que solo los médicos tendrán acceso a dicho historial.
Éste incluirá la lista de los medicamentos que haya tomado la mujer embarazada, sus alergias, grupo sanguíneo, así como un seguimiento pormenorizado de la evolución de la gravidez. En los últimos meses, al menos dos mujeres fallecieron en hospitales polacos en situaciones en las que los médicos retrasaron la extracción de fetos ya muertos o que amenazaban gravemente la vida de la madre.
Según las familias de las víctimas, lo hicieron por miedo a infringir la ley que criminaliza la interrupción del embarazo incluso cuando se ha diagnosticado un deterioro grave e irreversible del feto.
Durante su primera legislatura, el Gobierno ultraconservador polaco intentó ilegalizar el aborto completamente y sacar adelante una legislación que permitía denunciar a la policía a una mujer embarazada que fuera vista fumando, bebiendo alcohol o practicando actividades que pudieran suponer un riesgo para la vida del feto. Sin embargo, una oleada de manifestaciones en todo el país -las conocidas como «protestas negras»- provocó la retirada de esas propuestas.
