La eutanasia y el suicidio asistido han entrado, finalmente, por la puerta grande del Congreso de los Diputados. Ha sido el grupo parlamentario de Unidos-Podemos, En Comú Podem, En Marea el que ha presentado una Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia que ya se encuentra en tramitación.
Se establece que la eutanasia y el suicidio asistido podrán ser solicitados por los mayores de 18 años de forma voluntaria, por escrito en dos ocasiones y en presencia del médico, siempre que se encuentren en fase terminal de una enfermedad o padezcan sufrimientos físicos o psíquicos intolerables y hayan sido informados de todas las alternativas. El texto completo de la ley propuesta consta de 17 artículos y otras disposiciones entre las que destaca la que propone la modificación del artículo 143.4 del Código Penal vigente desde 1995 que condena estas prácticas.
El PSOE presentó días más tarde una «Proposición de Ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida», similar a la que ya está funcionando hace siete años en Andalucía, y en muchas comunidades autónomas sobre la muerte digna, pero ahora como una ley básica estatal. En la exposición de motivos ya se aclara que no se pretende regular la eutanasia, aunque se admite que «la sociedad española parece dispuesta a abrir el debate sobre la eutanasia» y que «habremos de ser capaces de alumbrar una regulación específica sobre este tema».
Las dos propuestas deberían aprobarse. La del PSOE porque ya que se encuentra vigente en más de media España con legislación autonómica, y la de Podemos porque así lo demanda la sociedad, según todas las encuestas realizadas. Entre las encuestas destacan las realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que en 2009 nos decía que aceptaba la regulación de la eutanasia el 58,4 % de los españoles y la rechazaba el 10,3 %. En 2015, según el CIS, el 90 % de los votantes del PSOE estába de acuerdo y el 8 % en contra, mientras que el 70 % de los del PP estaba de acuerdo y en contra, el 28 %. Entre los que se declaraban católicos estaba de acuerdo el 60 % y entre los no creyentes, el 83 %. En otra encuesta realizada por The Economist en 15 países de Europa en 2015, el 78 % de los españoles estáaba de acuerdo con regular la eutanasia y tan solo el 7 % se pronunciaba en contra.
La sociedad, los votantes socialistas, los del PP, los católicos y los no creyentes están por el sí. Los parlamentos autonómicos del País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Cataluña han acordado, siempre con los votos del PSOE, instar al Congreso para que regule la eutanasia y derogue el artículo 143.4 del Código Penal. ¿Por qué, pues, no entrar en este debate? Los socialistas han legislado a lo largo de sus mandatos sobre el divorcio, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo género, la inseminación artificial, etcétera, consiguiendo con ello favorecer a los ciudadanos y convertir en ley lo que ya era normal en la sociedad, aunque se hiciera ilegalmente.
Visto esto, ¿en base a qué puede decir la dirección del PSOE que no ha llegado el momento de abordar este tema, cuando la sociedad, los votantes, militantes y sus grupos parlamentarios autonómicos creen que sí que ha llegado ese momento? Si los socialistas no apoyan la propuesta de ley orgánica de Podemos que se está tramitando en el Congreso, les será muy difícil decir, nunca más, con credibilidad, que son un partido de izquierdas preocupado por el bienestar de los ciudadanos. Confiemos que eso no ocurra.
