Chelo Poveda, portavoz de Podem València, se ha reunido recientemente con la coordinadora de València Laica, Raquel Ortiz, con el objetivo de conocer las reivindicaciones y demandas de la plataforma laica y manifestarle el apoyo de la formación morada tanto en el plano político como en el plano judicial.
En la reunión en la que participaron sus respectivos equipos, Poveda estuvo acompañada por Rosa Medel, diputada de UP (Unidas Podemos) en el Congreso, y Ortiz por Eugenio Piñero, vicecoordinador de València Laica, el partido conoció de primera mano y afirmó su apoyo a la plataforma integrada en Europa Laica que lucha por la total separación del Estado de las confesiones religiosas.
La asociación laicista lucha por revertir la situación de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 a 2015, recuperando los 35.000 bienes de dominio público indebidamente inmatriculados desde 1998 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar y ampliando la investigación y la reclamación de esos bienes (unos 100.000) hasta el nacimiento del privilegio en 1946 con la Ley Hipotecaria de origen franquista.
Europa Laica busca, asimismo, articular un mecanismo de reclamación ágil y en bloque en el que se declaren nulas las inmatriculaciones y haga recaer en la Iglesia la obligación de probar su título de propiedad sobre cada bien y no las administraciones y/o los particulares, exigiendo también mayor claridad y transparencia respecto de los bienes recogidos en el Informe que ha presentado la ministra de Presidencia Carmen Calvo.
En el caso de la Comunidad Valenciana, Eugenio Piñero, vicecoordinador de València Laica considera que “el listado de inmatriculaciones es incompleto y faltan datos, constan 912 propiedades, muchas de ellas solares y locales que son negocios boyantes, el 90% inmatriculadas a partir de un certificado diocesano”.
Según Raquel Ortiz, lo que València Laica pide es la nulidad de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 y que sea la Iglesia la que acredite la propiedad en previa de los bienes que reclama, matizando que no se cuestiona “el usufructo de muchos de estos espacios para el culto sino la titularidad”. En cuanto a la ciudad de Valencia, detalla Raquel Ortiz que “la lista de bienes patrimoniales inmatriculados por la Iglesia supera la treintena de edificios. Este expolio no solo incluye edificios religiosos, viviendas, centros parroquiales, almacenes y garajes, sino edificios de nuestro patrimonio histórico como gran parte de las iglesias de la ciudad, entre ellasla Catedral, la iglesia de Santa Catalina, la iglesia del Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias o el Miguelete”.
A lista de bienes patrimoniales inmatriculados por la Iglesia supera la treintena de edificios. Este expolio no solo incluye edificios religiosos, viviendas, centros parroquiales, almacenes y garajes, sino edificios de nuestro patrimonio histórico como gran parte de las iglesias de la ciudad, entre ellasla Catedral, la iglesia de Santa Catalina, la iglesia del Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias o el Miguelete
La agrupación laicista manifestó también su disconformidad con la decisión del gobierno de dejar en manos de los Ayuntamientos y los particulares el proceso de reclamación de los bienes inmatriculados, lo que “podría generar un caos judicial”, matizando que “en el informe señalan trazos de inconstitucionalidad” en la ley que facilitó las inmatriculaciones.
Por ello, la portavoz de Podem València transmitió a la plataforma laica “todo el apoyo político” a las reivindicaciones y demandas de València Laica, mientras que Rosa Medel se comprometió a trasladar estas demandas al grupo parlamentario.
En este sentido, hay que recordar que el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, instó recientemente a “recuperar para el dominio público los bienes” que la Iglesia inmatriculó a su nombre en los Registros de la Propiedad en virtud de la potestad que le daba la ya mencionada Ley Hipotecaria aprobada por el ejecutivo de José María Aznar mediante el correspondiente desarrollo legislativo a fin de cumplir lo “previsto en el punto 5.11 del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos” para la formación de Gobierno.
