La Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, trabaja en la creación de un organismo estable de diálogo y estudio de la presencia de las religiones en España. Se trata del Observatorio sobre el Pluralismo Religioso, imprescindible para encauzar las futuras acciones políticas y de gestión de las administraciones públicas respecto al fenómeno religioso, y que es una prioridad del Gobierno dentro de su Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
Su responsable, José Manuel López, hizo este anuncio durante el curso que se está celebrando en El Escorial y que mañana contará con la presencia del director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras. En su exposición, López trazó un esquema de la actual realidad religiosa en España, en la que las minorías comienzan a tener un cierto peso. Así, subrayó, “hay más de un 1,6% de practicantes de religiones no católicas”: millón y medio de protestantes, 1,2 millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos, 100.000 testigos, 35.000 judíos…
Para el director de Pluralismo y Convivencia, se han producido tres procesos que han generado el cambio sociológico, y que deben actuar para los cambios legislativos y en el imaginario social: en primer lugar, “la secularización que hace que la religión vaya teniendo menos peso desde una perspectiva sociológica. Pero no desaparecerá.”, puesto que “la transición en el tema religión está pendiente”.
En segundo lugar, el concepto inmigración asociado al pluralismo, “que a veces es de otra cultura –como el musulmán- y otras veces no –protestantes-“, añadió López. Finalmente, el choque de civilizaciones, “que ha introducido el factor religioso en la dialéctica global”.
Centrándonos en el caso español, el responsable de Pluralismo y Convivencia significó que “la sociedad española está teniendo dificultades para entender sus cambios y en esta situación es sencillo responsabilizar de los mismos a los inmigrantes”. Factores motivados, de un lado, por la “avalancha” de inmigrantes vivida en los últimos años; del otro, porque “en España no se realizó la Transición religiosa a la vez que la Transición política”. Así, y pese al fuerte proceso de secularización social, “lo católico sigue presentándose como identitario y por tanto el ser musulmán, por ejemplo, si bien es respetable, claramente ‘no es de aquí’”. En el caso del Islam, los atentados del 11-M reforzaron negativamente esta sensación, incorporando una sensación de peligro asociada a los inmigrantes y a los musulmanes.
“Hoy, ser español puede suponer ser muchas cosas y no sólo católico, heterosexual, blanco y castellano-parlante”, enfatizó José Manuel López, quien constató que “el lenguaje es fundamental y detrás de esta situación subyace el hecho de entender que el ser musulmán es incompatible con ser español”. Esto se debe, denuncia, a que se ha producido un cambio sociológico, “pero no un cambio en el imaginario”, donde se mantienen conceptos como clerical-anticlerical, etc.
Ante esta situación, ¿cuál es el papel de las administraciones públicas? En primer término, apunta López, asegurar que “la religión pertenece al ámbito privado, pero tiene un componente de vivencia pública que hay que reconocer”. El papel de las administraciones no es el de promocionar ninguna religión, sino “promocionar los derechos fundamentales, como lo es la libertad religiosa, y normalizar el hecho que se produce en la sociedad española”.
¿Cómo se hace esto? Evidentemente, a través de la reforma de La ley de libertad religiosa, pero también ajustando la normativa a la realidad de cada sociedad, y a sus cambios. A nivel estatal, pero también en los municipios. “Hasta ahora –constata José Manuel López- los municipios sólo han tenido que gestionar la relación con la Iglesia católica. Un párroco sabe perfectamente cómo gestionar la procesión, pero una comunidad musulmana no encuentra con quien hablar para la celebración del Ramadán en un espacio público”. Por ello, “es necesario incorporar la religión al ámbito de gestión, pero sólo en su vertiente pública que es la de la cooperación con el Estado, no en su práctica privada”.
Son varios los ámbitos a modificar, según el responsable de Pluralismo y Convivencia:
1. Las propias confesiones, que deben reconocerse en su realidad actual, tano las minoritarias, como la mayoritaria.
2. La opinión pública, que tiene que hacer un tránsito en del imaginario social que en términos religioso tenía en la transición –clerical-anticlerical- a entender la sociedad que tiene ahora. Un proceso muy similar se ha hecho con los homosexuales.
3. Las administraciones públicas que deben asumir su responsabilidad en la gestión del aspecto público de la religión
Y aquí es donde cobra protagonismo el Observatorio sobre el Pluralismo Religioso en España, una actividad que se inició en 2005 y que ahora pretende articularse de forma estable. En estos momentos se dispone de las investigaciones de Cataluña, Valencia, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Navarra. Están en fase de trabajo Euskadi, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. La experiencia de estos cuatro años indica que las comunidades religiosas se crean muy rápidamente y es necesario mantener establemente la investigación.
El futuro Observatorio, en opinión de López, permitirá “orientar la gestión de la política pública de las administraciones locales y autonómicas en materia de pluralismo religioso”, además de ser “una necesidad acuciante para la FEMP que está impulsando el proyecto junto con el Ministerio de Justicia”. El proyecto “articulará una red de conocimiento académico sobre un tema en el que apenas había desarrollo científico”.
