Según los defensores de esa demanda social, mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarlos. Ello es equiparable al hecho de que, si todos los ciudadanos tuvieran el derecho de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar
La aprobación el pasado día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ´Ley Celaá´, levantó, como era de esperar, un enorme revuelo por parte de la derecha. Inicio la redacción de estas líneas, además, cuando, en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, PP, Ciudadanos y Vox se han manifestado en el mismo sentido, apelando a los eternos mantras de siempre: los ataques a la religión, el derecho de las familias a la elección de centro, la eliminación del castellano como lengua vehicular? Posición con la que tratan de ocultar el escaso valor que la derecha atribuye a la Educación, en concreto la Educación pública, como mecanismo compensador de desigualdades. Me voy a detener especialmente en el tan manido tema de los ataques a la Educación concertada y, dentro de ella, en el de la ´demanda social´. Pero, antes, unos datos nos permitirán aclarar la situación.
El Ministerio de Educación y FP, en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo fue retrocediendo desde 2009 hasta 2014 hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. En esos años, es decir, con los Gobiernos del PP, el gasto público en Educación descendió un 18%; sin embargo, las partidas destinadas a la financiación de los conciertos se incrementaron un 6%. (Y en la Región de Murcia, ¡un 24%!). En ese contexto, con el cambio de Gobierno la inversión educativa en los PGE de 2020 ha permitido superar (pero sólo en un 6%) lo presupuestado en 2010.
La Educación privada acoge en la Región de Murcia el 30% del alumnado de los niveles no universitarios, pero el presupuesto destinado a los centros concertados ha pasado de los 140 millones de euros en 2007 a los 260 millones actuales, es decir, un incremento del 85%, mientras que en la red pública ha sido sólo del 32%.
En relación con los conciertos educativos, hay que recordar que, en el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González, el presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos.
Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del baby boom de los años ´60 y ´70.
Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, pero que imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros (el artículo 27.6 de la Constitución de 1978 (CE78) lo hace posible, pero no dice que sea con dinero público, cosa que hoy sigue exigiendo la derecha); excluía, a su vez, la posibilidad de ´beneficio industrial´ en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo (el pago de cuotas extraordinarias por las familias sigue siendo hoy una práctica común).
Desde los inicios de la Transición, la derecha ha venido presentando batalla en el campo de la Educación, con un trasfondo ideológico que, en el fondo, esconde sus intenciones de seguir detentando privilegios en lo económico, apelando a lo que llaman la demanda social y a una interesada interpretación del artículo 27.1 de la CE78: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza».
La libertad de enseñanza, asociada, incluso, a la de la libertad de cátedra, la interpreta la derecha interesadamente con la libertad de creación y elección de centros docentes, desde luego con dinero público, como hemos visto, obviando también que el artículo 27.4 de CE78 dice claramente que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Además, hoy, en la Región se han concertado incluso niveles no obligatorios, en Bachillerato y FP, y se encubre con ´aportaciones voluntarias´ por parte de las familias el cobro de cuotas a éstas por los titulares de muchos centros concertados, sobre todo de titularidad religiosa, que, además, en algunos casos segregan por sexos al alumnado.
Diego Jiménez García
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