La Comisión Investigadora de Abusos contra Menores en Instituciones entregó su informe final en el 2019. Sin embargo, no se ha debatido en el Pleno hasta el momento ante la falta de voluntad política, según excongresistas.
La alta esfera del Sodalicio de Vida Cristiana —una sociedad de vida apostólica laical creada en 1971 que pertenece a la Iglesia Católica— ha sido acusada de cometer abusos sexuales, físicos y psicológicos contra al menos 30 menores de edad. Pero, a pesar de que han pasado 22 años desde el primer testimonio público, el caso está paralizado y aún no se obtiene justicia. A ello se suma que el informe final de la comisión del Congreso, creada en septiembre del 2017 para investigar sobre este y otros dos casos de abuso a menores, aún no ingresa al Pleno, aunque está listo para debatirse desde el 2019.
A más de tres años de presentado el informe, los resultados duermen en el archivo del Legislativo. Sus conclusiones, según señalan parlamentarios que participaron en la comisión, permitirían modificar las leyes sobre el abuso contra niñas, niños y adolescentes.
Una larga espera
El portal de comisiones investigadoras del Congreso registra que el informe final de esta comisión, al que LR Data logró acceder por Transparencia, fue presentado el 23 de julio del 2019, pero todavía está pendiente de agendar en el Pleno, pues el documento no se debatió en su momento y ahora debe retirarse del archivo para que ello suceda.
La conformación de este grupo de trabajo fue propuesta en marzo del 2017 por Alberto De Belaunde al Consejo Directivo del Congreso de la República para investigar específicamente el caso Sodalicio. No obstante, este pedido para investigar estos crímenes no prosperó, ya que legisladores de Fuerza Popular así lo decidieron con sus votos: diez votaron a favor del archivamiento (todos fujimoristas), cinco en contra (tres de Ppk y dos de Frente Amplio) y dos se abstuvieron (uno del APRA y uno de Acción Popular).
“El motivo inicial de la comisión investigadora era el escandaloso caso del Sodalicio. Obviamente, Fuerza Popular fue la gran defensora de este caso y teníamos que seguir negociando hasta que se cumpla el objetivo de la comisión, que era investigar no solamente al Sodalicio, sino todo caso de violencia sexual, psicológica y física en niñas, niños y adolescentes”, detalla Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y secretaria de la comisión.
Ante este panorama, se amplió la investigación a los abusos cometidos hacia menores de edad por organizaciones públicas y/o privadas. Aprobada esta propuesta, se creó la comisión el 7 de septiembre del 2017.
Este grupo de trabajo incluyó tres casos en específico: los de violencia sexual que se reportaron en la provincia de Condorcanqui, Amazonas; las denuncias mediante medios de comunicación, así como ante fiscalías efectuadas por exalumnos del Colegio Héctor de Cárdenas, quienes acusaron al exdirector de dicha institución de haberles realizado tocamientos indebidos cuando eran menores de edad; y los abusos ejercidos por la organización de Sodalicio de Vida Cristiana.
La comisión estuvo compuesta por Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio); Juan Yuyes, Gilmer Trujillo, Úrsula Letona (Fuerza Popular); y Tania Pariona (Nuevo Perú), quien ingresó en reemplazo de quien fue ministra de la Mujer, Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso).
La exlegisladora explica que para que este informe sea retirado del archivo, basta con que cualquier congresista formule el pedido de desarchivamiento. Sin embargo, en estos tres años no hubo voluntad política para hacerlo. Luego de ello, lo que procedería es proponer al Consejo Directivo que el texto pase a debate y, de aprobarse este pedido, se discutiría en el Pleno.
“La comisión investigadora del Congreso invita a gente del Sodalicio y redacta un informe final. Ese no se pone a debate en el Pleno en ese momento y eso es lo que estamos solicitando ahora, que se rescate el informe y se ponga en agenda para debatirlo en el pleno y se apruebe”, expresa José Enrique Escardó, periodista y sobreviviente del Sodalicio, quien fue el primero en publicar en el 2000 sobre los abusos que vivió al interior de esta organización, y ahora es fundador de la red de sobrevivientes de abusos a menores.
Él mismo apunta que la congresista del Partido Morado Susel Paredes pidió la remisión de este informe en abril último, pero este no le fue entregado. Por ello, volvió a hacer este requerimiento el 3 de octubre al oficial mayor del Congreso, José Francisco Cevasco Piedra. Para este informe contactamos con la congresista, pero su área de prensa indicó que no brindará declaraciones.
“Si el Parlamento toma esta decisión importante de aprobar el informe con todo su contenido, yo creo que esperamos que personas o instituciones que tuvieron responsabilidad mínimamente sean sancionadas, y que las personas agraviadas sean reparadas”, refiere Tania Pariona, excongresista que integró esta comisión.
Los hallazgos
En el informe se puede leer el análisis a detalle de los tres casos mencionados. Específicamente, en el caso del Sodalicio, para el cual entrevistaron a 38 exmiembros, se detalla la estructura jerárquica dentro de la organización, la cual habría permitido que prevalezca una “cultura de impunidad” en la que “primó el secretismo”.
La comisión también considera que Luis Figari “habría transmitido una ideología propia de una organización sectaria”, ya que el Sodalicio reuniría todas las etapas para considerarse una secta: culto al fundador (por el trato y admiración de los sodálites hacia el número uno), y las fases en la modalidad de ingreso (atracción/seducción, captación, conversión y profundización de la doctrina).
Uno de los hallazgos derivados del análisis que más resaltan con respecto a las entidades religiosas, es que esta comisión afirma que los niños, niñas y adolescentes “podrían encontrarse en mayor vulnerabilidad de sufrir agresiones sexuales si las entidades religiosas no cuentan con mecanismos de supervisión internos ni del Estado”. Precisan que, en particular, la Iglesia Católica presentó algunas deficiencias para proteger a esta población y que, a pesar de los avances en normativas internas para prevenir y denunciar los abusos, en la realidad esto no se ha visto reflejado en el acceso a justicia para los sobrevivientes.
Tania Pariona asevera que la importancia de este informe recae en que se evidencia la responsabilidad que el Estado tiene en estos hechos y que este debe asumir. “El Legislativo, uno de los poderes del Estado, a partir de este resultado de la investigación, está en la capacidad de formular cambios en las normativas para hacer que estos hechos no queden impunes, para hacer que el informe termine en propuestas para emprender acciones preventivas, de atención o reparación a las víctimas”, resalta.
Escardó y Montenegro enfatizan en la importancia de las recomendaciones para mejorar las leyes en torno a esta problemática a través de la modificación de la legislación o la creación de nuevas normas, ya sea para la sanción o la prevención. En efecto, se propone modificar el Código Penal a través de una ley que reconoce el derecho al tiempo al considerar el abuso contra menores como un delito imprescriptible en todos los casos.
También se recomienda generar políticas de Estado que faciliten a las personas sobrevivientes el acceso a la justicia y reparación. Incluso, estas conclusiones pueden anexarse a la denuncia que está en manos de la Fiscalía desde el 2015.
Las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico ejercidas por parte del Sodalicio fueron saliendo a la luz desde el año 2000, cuando José Enrique Escardó hizo público su testimonio. Sin embargo, es en el 2015 en que el libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Paola Ugaz y Pedro Salinas expuso 30 testimonios de personas afectadas por sodálites de alto rango. En octubre de ese mismo año, la Fiscalía abrió de oficio una investigación preliminar, y en mayo del 2016 se sumaron las denuncias por los delitos de asociación ilícita, secuestro y lesiones graves.
Desde diciembre del 2021 no ha habido ningún avance en el caso. La denuncia se ha paseado por diferentes instancias de la Fiscalía entre archivamientos, apelaciones y una lucha constante para obtener justicia. En tanto, los sobrevivientes quedan a la espera de que el fiscal Eduardo Castañeda de la Fiscalía Especializada en Crímen Organizado evalúe el caso para volver a incluir en la denuncia a Baertl, Ambrozic, Regal y Scheuch, y entregue finalmente su decisión: o archiva o promueve el proceso penal.
