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Patrimonio rechaza expulsar a los monjes del Valle de los Caídos escudándose en una ley atascada en el Congreso

El problema es que ni siquiera está claro que el proyecto memorialista del Gobierno vaya a llegar a buen puerto al no terminar de convencer a los socios parlamentarios del Ejecutivo.

El Gobierno se niega a expulsar a los monjes del Valle de los Caídos a pesar del incumplimiento sistemático de las normas que rigen el funcionamiento del complejo monumental. O, al menos, por el momento. En un escrito fechado a comienzos de abril, al que ha tenido acceso infoLibre, Patrimonio Nacional rechaza la petición realizada hace unas semanas por la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que reclamaba la salida de los benedictinos de Cuelgamuros después de que este diario pusiera de manifiesto la violación permanente de la legislación actual. Lo hace escudándose en la tramitación de una nueva normativa memorialista. Un proyecto de Ley que se encuentra varado en el Congreso y cuya aprobación está todavía en el aire.

La respuesta del organismo apenas tiene una página y está firmada por la actual gerente, María Dolores Menéndez. Cinco párrafos con los que se da carpetazo a la iniciativa del colectivo memorialista, quien a mediados de marzo exigió la expulsión de los monjes de Cuelgamuros. Al fin y al cabo, la normativa que rige en la actualidad el funcionamiento del complejo monumental, aprobada en la dictadura, deja claro que los religiosos tienen derecho a permanecer en el Valle de los Caídos siempre que cumplan “fielmente” con las “obligaciones” que tienen establecidas. Algo que, sin embargo, llevan décadas sin hacer, tal y como puso de manifiesto una reciente investigación de infoLibre.

Cuando esto ocurre, el Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ostenta Patrimonio Nacional, tiene la obligación de dar “cuenta de ello” a la Santa Sede “para que ésta autorice la sustitución” de los benedictinos “por otra orden o instituto de la Iglesia”. Nunca lo ha hecho. Ni antes ni tampoco ahora. El organismo se niega a dar ese paso. Y lo hace escudándose en la actual tramitación de la Ley de Memoria Democrática, una norma que contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, eliminando de facto el poder de los monjes en el complejo monumental.

“Actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que, en los artículos dedicados al Valle de los Caídos, declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Por lo expuesto, estando en tramitación una Ley que prevé la extinción de la Fundación, no resulta razonable adoptar medidas que se fundamentarían en una normativa preconstitucional completamente desfasada y que en la actualidad es objeto de revisión”, señala la misiva. Es decir, Patrimonio Nacional se niega a dar cumplimiento a decretos y leyes que actualmente están en vigor porque puede que en un futuro se apruebe otra norma.

El problema es que ni siquiera está claro que el proyecto de Ley memorialista del Gobierno vaya a llegar a buen puerto. Ya en el debate de las enmiendas a la totalidad, los principales socios parlamentarios –ERC, EH Bildu, PNV, Más País o Compromís– dejaron claro que el texto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo se quedaba corto. Una falta de consensos que amenaza con dejar la norma, que actualmente se encuentra paralizado en la comisión constitucional, guardada en un cajón. Hace justo un mes, fuentes de la máxima dirección socialista ya deslizaban, tal y como contó este diario, que la ley podía no ver la luz esta legislatura.

La respuesta ha dejado a la Federación Estatal de Foros por la Memoria moviéndose entre “la estupefacción” y la “indignación”. “Es increíble que digan abiertamente que no están dispuestos a aplicar la legislación vigente porque se está debatiendo otra norma en el Parlamento que ni siquiera sabemos si saldrá o en qué términos lo hará”, apunta Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien resume la situación en una frase: “Llevan cuarenta años incumpliendo la ley y así seguirán a saber cuánto tiempo más”. Sin embargo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria se muestra dispuesta a llegar hasta el final. Por eso, están analizando las posibilidades que tienen de abrir la vía contencioso-administrativa para hacer que se cumplan las normas en Cuelgamuros.

Ni Centro de Estudios ni control de los monjes

Los monjes llevan años incumpliendo algunas de sus obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones que les marca la normativa vigente. Por ejemplo, la normativa vigente establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), “con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados”. Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. “Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983“, señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación puesta en marcha durante el verano de 2018 y cuyos resultados se publicaron el pasado mes de octubre, una vez cerrada la vía judicial abierta por infoLibre ante la falta de transparencia de Patrimonio Nacional.

El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba “información concreta” de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente “se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio”, una cantidad “revisable anualmente”.

Descontrol económico

Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los “ingresos y gastos” de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que “si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes” la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría “obligada a traspasarle” la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?

Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. “No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (…) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma”, rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que “nunca” se había rendido “cuenta justificativa” del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.

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