Las instituciones paraguayas reciben una fuerte influencia religiosa, que frena en ocasiones iniciativas legislativas y vulnera derechos humanos, expresó Dina Cabañas, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Cabañas participó hoy de un debate sobre el embarazo infantil, que afecta cada año a unas 700 niñas paraguayas de entre 10 y 14 años, y la “ausencia de laicismo” en Paraguay, en el marco de las sesiones previas al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), que se celebrará esta semana en Asunción.
Según la Constitución paraguaya de 1992, “las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía” y estipula que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter oficial”, pese a que no detalla si el Estado se define como laico o aconfesional.
Cabañas criticó que las creencias religiosas de trabajadores estatales, como legisladores o fiscales, y la influencia de grupos de presión fundamentalistas e iglesias se antepongan al respeto a los derechos de las personas.
Argumentó que las Iglesias tienen influencia en los contenidos de las leyes paraguayas, como sucedió en agosto pasado en el debate parlamentario sobre una ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
En este caso, según Cabañas, los grupos religiosos incidieron para introducir modificaciones en la propuesta, encaminadas a “vaciar de todo contenido sobre género” al proyecto legislativo, y permitir que los legisladores dieran luz verde a la iniciativa, pero con restricciones sobre temas como la salud sexual y reproductiva o la identidad de género.
En 2014, los mismos sectores frenaron la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación, argumentando que podría abrir la puerta a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Añadió que “grupos fundamentalistas” rechazaron en 2010 que se introdujeran en las escuelas contenidos sobre educación sexual, ante el temor de que pudieran utilizarse para autorizar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
“Los sectores fundamentalistas lanzaron una fuerte campaña, muy engañosa, que decía que la educación sexual iba a promover la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Al final, el Gobierno, que presidía Fernando Lugo, un exobispo católico, frenó el proyecto”, recordó Cabañas.
Agregó que la falta de educación sexual dificulta la prevención de los abusos sexuales de niñas y adolescentes que derivan, en muchos casos, en embarazos infantiles.
Indicó que esa influencia religiosa impide además que las niñas embarazadas como producto de abusos sexuales puedan interrumpir el embarazo, pese al riesgo que suponen la gestación, el parto y el posparto para su vida y su salud física y psicológica.
Tanto para CDD como para el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem), esta situación de “embarazos forzosos” supone “un hecho de tortura” y una vulneración de los derechos de las niñas, por lo que instaron al Estado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar el embarazo infantil.
La ley paraguaya prohíbe el aborto en todos los casos, excepto cuando existe un severo riesgo de vida para la madre, y lo castiga con hasta cinco años de prisión.
El aborto se mantiene en Paraguay como la primera causa de muerte materna, en muchos casos derivada de las malas condiciones en las que se practican los abortos clandestinos.
