La Iglesia Católica no está en situación de señalar la paja en el ojo ajeno en forma tan contundente porque mantiene todavía una deuda con la sociedad argentina.
El reciente documento dado a conocer por el sínodo de obispos de la Iglesia Católica cuyo eje central es la tajante aseveración de que "la Argentina está enferma de violencia", ha sido motivo de diversas interpretaciones, desde una aprobación indiscriminada por parte de la oposición al gobierno hasta un rechazo contundente de otros sectores.
En verdad que el documento se presta al análisis desde diversos puntos de vista pero lo que sobresale es lo taxativo de tal afirmación. Sobre todo porque la Iglesia Católica no está en situación de señalar la paja en el ojo ajeno en forma tan contundente porque mantiene todavía una deuda con la sociedad argentina. Puede advertirse que el concilio obispal concreta esta declaración al mismo tiempo que un sector interno de la iglesia, el de los sacerdotes de la Opción por los Pobres, cuestiona la actuación del obispo de Bahía Blanca por encubrir y ayudar la fuga del ex capellán militar Aldo Vara, acusado por delitos de lesa humanidad. El reclamo también señala la protección que le dio a Vara la autoridad católica de Ciudad del Este, en Paraguay, donde permanecía prófugo.
No es nuevo el reclamo que hoy vuelve a hacérsele a la iglesia para que dé a conocer todo lo que sabe sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar, que por lo que conoce, no es poco. En un sínodo anterior los obispos se habían comprometido a revisar y dar a conocer los antecedentes que tuvieran respecto a los delitos de lesa humanidad; sin embargo el silencio sobre esos oscuros años continúa.
De allí que el fuerte alegato sobre una situación de violencia que encuentra generoso eco en los grandes medios de comunicación opositores al gobierno, se vuelve inexorablemente contra de los propios declarantes. La extensa lista de ejemplos de violencia y desigualdad social que señala el documento dado a conocer resulta, a su vez, un espejo de la labor obispal, detalle que no han ignorado voceros del gobierno que no han vacilado en recordar la espantosa violencia de los años del proceso militar, infinitamente mayor a la actual, oportunidad en que la iglesia mantuvo un mutismo absoluto, aun en casos que la afectaban muy directamente, como el caso del obispo Angelelli. En esta suerte de respuesta oficial algunos usaron munición muy gruesa, como fue el caso de la embajadora en México, quien dijo "no recordar un pronunciamiento similar del Episcopado durante la dictadura militar, ni en la época del auge neoliberal ni en la crisis del 2001". No faltaron tampoco los que reprocharon el silencio eclesial cuando sumaban millones los desocupados y las fábricas se cerraban durante los aciagos años noventa de Menem-Cavallo.
La tajante afirmación obispal es demasiado parecida a la prédica de los medios hegemónicos y se autoexime de responsabilidades y compromisos. Además la emisión de semejante documento ha sido coincidente con el 40 aniversario del asesinato del sacerdote Carlos Mujica, tenido como ejemplo de la "opción por los pobres" y cuyo recuerdo en los altos niveles de la iglesia poco menos que pasó desapercibido.
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