Un periódico local refiere que el gobierno federal habría pedido a las autoridades de Punjab que tomen medidas contra el Centro para la Justicia Social, «culpable» de denunciar los abusos de la ley sobre la blasfemia y las conversiones forzadas. El Consejo de Derechos Humanos deberá pronunciarse sobre la situación del país en enero del año que viene. La solidaridad de la sociedad civil pakistaní: «El gobierno debería responder a las cuestiones planteadas en vez de negarlas».
Lahore (AsiaNews) – La sociedad civil de Lahore está alarmada por una noticia que publicó el diario pakistaní Daily Jang News, según el cual el Ministerio federal del Interior ha pedido al gobierno del Punjab que tome medidas contra el Centro para la Justicia Social, un observatorio dirigido por Peter Jacob, activista cristiano y jurista. El Centro habría enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre las violaciones de la libertad religiosa en relación con cuestiones como las leyes contra la blasfemia y las conversiones forzadas, y el gobierno de Islamabad lo ha calificado como «una colección de noticias falsas».
En su 42º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos se dispone a realizar su cuarta revisión de la situación en Pakistán, como parte de las revisiones periódicas previstas para cada país signatario. Ya en otras opotunidades el Centro para la Justicia Social había presentado su propia documentación sobre el tema al organismo de la ONU, según los procedimientos establecidos para las organizaciones de la sociedad civil.
En una nota conjunta difundida ayer, 37 asociaciones de Lahore reunidas en el Comité de Acción Conjunta por los Derechos de los Pueblos defendieron al Centro para la Justicia Social, negando la acusación de difundir información falsa. «El contenido del informe citado -afirman- refleja una situación verificable sobre el terreno por lo que respecta a la libertad religiosa. Son cuestiones ampliamente discutidas en los tribunales, en los órganos parlamentarios y en los medios de información del país».
El gobierno -sigue diciendo la nota- debería tomar en consideración de manera constructiva estas recomendaciones, para ayudar a resolver problemas de larga data que son una verdadera fuente de vergüenza para el país». La cuarta revisión de Pakistán que realiza el Consejo de Derechos Humanos está prevista para enero de 2023 y el gobierno tiene hasta octubre de 2022 para presentar su informe. Puede responder a las cuestiones planteadas o incluso actuar para resolverlas; pero si continúa la violencia en nombre de la religión, el gobierno tendrá que rendir cuentas en todas las sedes competentes».
