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Pablo Hasel: «Tendrán que venir a secuestrarme, es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión»

Pablo Hasel está a punto de entrar en prisión por las rimas de sus canciones y por sus tuits. La Audiencia Nacional ordenó hace una semana el ingreso en prisión del rapero para cumplir la pena de 9 meses y un día de prisión a la que le sentenció el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. Los magistrados le dieron un plazo de 10 días para que se entregara voluntariamente. Pero no lo hará: «No voy a presentarme voluntariamente porque ante una sentencia tan injusta lo consideraría una humillación. Ya es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión. Así que tendrán que venir a secuestrarme allí donde me encuentre, que probablemente será en mi domicilio».

Pablo Rivadulla Duro, conocido como Pablo Hasel, ha participado este jueves en un acto por videoconferencia organizado por la eurodiputada Clara Ponsatí (Junts), en el que también han intervenido el rapero Josep Valtònyc, que se encuentra en Bruselas desde la primavera de 2018 mientras se resuelve la euroorden solicitada contra él por una sentencia similar a la de Pablo Hasel; la abogada Isabel Elbal; y otros eurodiputados como Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu).

Hasel recuerda que ya en 2011 sufrió su primera detención y registro en su domicilio. «Por entonces vivía con mi familia», explica, «y la policía española me quitó libretas, cámaras, camisetas e incluso libros por el hecho de ser libros comunistas, acusado de lo que ellos llaman enaltecimiento del terrorismo por 20 canciones. No sólo se llevaron objetos míos, mis ordenadores, sino también de mis padres y de mis hermanos. Pasé una noche detenido en el calabozo y me dejaron en libertad a la espera de juicio, en el que me perdieron dos años de prisión por el contenido de mis canciones».

En aquella ocasión no entró en prisión porque era su primera condena y no superaba los dos años de cárcel. «El objetivo de estas condenas es coartar la libertad de expresión», afirma el rapero, «y utilizarnos a unos cuantos como cabezas de turco y para que el resto de la población tenga miedo a la hora de criticar a la monarquía, a los cuerpos policiales o a la hora de solidarizarse con los presos políticos del Estado español». Hasel se refiere, en este caso, a Isabel Aparicio, quien falleció en 2014 en la cárcel de Zuera, sobre quien tuiteó que había sido «exterminada por comunista».

Aquel fue uno de los 64 tuits por los que le condenó la Audiencia Nacional (y ratificó el Supremo) cuando contaba con 54.000 seguidores, entre los años 2014 y 2016: hoy tiene más del doble de seguidores en Twitter. Entre sus tuits también se solidarizaba el exjefe militar de ETA, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo Hasel que murió torturado por la policía. Cuando tuiteaba aquello Hasel, hacía ya tiempo que ETA y los GRAPO habían desaparecido,

«El Estado español es el que tiene más artistas condenados a prisión», afirma Hasel, «lo que pone de manifiesto que en el Estado español no hay libertad de expresión. Solo la tienen los fascistas para decir cualquier barbaridad».

Valtònyc, quien participaba en el acto de este jueves, fue condenado por Tribunal Supremo por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por el contenido de sus canciones a tres años y medio. El rapero mallorquín decidió marcharse a Bruselas para evitar la cárcel. ¿Hará lo mismo Hasel? «Lo he meditado y ha decidido quedarme aquí», afirma: «Va a servir mejor para trasladar el mensaje de que el Estado pretende silenciarnos porque tiene temor, va a servir para quitarles su careta de Estado democrático porque casos como el mío demuestran que se están vulnerando libertades democráticas tan fundamentales. Aquí, desde luego, no hay ni rastro de democracia. Si yo me marchara, se quitarían un problema de en medio. Este proceso es una parte de su estrategia para tratar de doblegarme».

Hasel critica la actitud del Gobierno: «No me espero nada de ellos, están siendo cómplices de este encarcelamiento también y por tanto culpables. Yo no voy a pedir el indulto, no voy a mendigar ni mi libertad, ni voy a arrepentirme porque no tengo nada de lo que arrepentirme. Ellos tienen el poder como para poder liberarme. Y no han hecho absolutamente nada, como tampoco han hecho nada para tumbar el Código Penal con el que nos condenan. Por eso no espero absolutamente nada de este mal llamado gobierno progresista: si se conquista mi libertad será por la presión de la sociedad».

La abogada Isabel Elbal, en cuyo despacho llevan la defensa de Valtònyc, la de un miembro de La Insurgencia y de César Strawberry, entre otros, afirma que «la libertad de expresión ampara precisamente aquellas expresiones que son desabridas, que pueden inquietar al poder, que cuestionan el sistema establecido, por supuesto, de forma pacífica. Esto es lo que significa el derecho fundamental a la libertad de expresión».

«En este contexto», reflexiona Elbal, «es curioso que a partir de que estas organizaciones terroristas ya no suponen un peligro para la convivencia pacífica en España, es cuando se empiezan a activar ciertos delitos de opinión por parte de las autoridades, sean policiales, sean judiciales, que de forma muy intensa. Están invocando injerencias inadmisibles en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Lo que denominamos efecto desaliento es algo que las sociedades democráticas tienen que evitar, porque si se produce un efecto desaliento, un efecto de autocensura en la ciudadanía, lo que queda dañado gravemente es el sistema de democrático».

Elbal destaca que tanto en el caso de Hasel como en el de Valtònyc, «la competencia para el enjuiciamiento de estos delitos reside en la Audiencia Nacional, y la última palabra respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional está en el Tribunal Supremo. Afecta a las instancias jurisdiccionales más altas de España, porque son el delito de injurias contra el rey y el delito de enaltecimiento terrorista en España».

Y, según Elbal, «considerar enaltecimiento terrorista a canciones o letras de canciones o tweets supone una absoluta injerencia en el derecho de creación artística y de libertad de expresión, porque el derecho penal debe ejercerse desde el principio de la mínima intervención, solamente si no queda más remedio. Estamos ante unos magistrados en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que están confundiendo las letras alegóricas, exacerbadas, exageradas, que caracterizan el rap con la realidad; están confundiendo la realidad con la ficción».

Valtònyc abunda en esta tesis: «Nos acusan de desear la muerte cuando esto es evidentemente mentira. Nosotros hacemos canciones, todos somos artista y acusarnos de amenazar es tan absurdo como decir que Nabokov es un pederasta. O como cuando Esperanza Aguirre dijo de los arquitectos que ‘habría que matarlos’. Y entonces se dijo que era una broma y no pasó nada, sólo pasa con la izquierda. Yo estoy condenado por injurias por decir que los Borbones son unos ladrones, y es evidente que lo son. Lo ha publicado todo el mundo».

Valtònyc está a la espera de ver qué decide el Tribunal Constitucional belga sobre su extradición, después de que en primera instancia la justicia belga le haya ido dando la razón en el sentido de que entender que se trata de libertad de expresión.»Espero que el Constitucional siga el mismo camino que han seguido en primera instancia», sostiene: «Después de los atentados recientes que ha sufrido Bélgica, no entienden que a mí se me quiera aplicar un delito relacionado con el terrorismo».

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