La víctima es una mujer trans que en ese entonces tenía 18 años y pensaba seguir la vocación sacerdotal. Según la sentencia, el cura franciscano Manuel Saúl Zamorano aprovechaba los momentos a solas para cometer el abuso sexual en la iglesia San Francisco de Santiago. En febrero del 2020 fue condenado a dos años de presidio y beneficiado con libertad vigilada. Una vez cumplida la condena, le dieron el puesto de archivero provincial de la orden Franciscana, es decir, es el encargado de la historia documental de la congregación.
Franchesca Ainhoa Parra Carrasco es una mujer trans de 27 años. En su adolescencia, años antes de su transición de género, comenzó a asistir a la iglesia y a interesarse por la vocación religiosa, lo cual la motivó a iniciar su camino como sacristán.
“Me gustaba la vida franciscana, el voto de pobreza, el tema social, la cercanía a los pobres, lo desprendido que uno tenía que ser de las cosas materiales, supuestamente”, contó a través de una llamada a El Mostrador Braga.
Su misión era ser sacerdote, pero en ese camino ocurrió un hecho que le “partió el mundo” cuando recién cumplía la mayoría de edad.
El sacerdote Manuel Saúl Zamorano Soto realizó “conductas de connotación y relevancia sexual” que incluyeron tocaciones, aprietes e intentos de besos en la misma iglesia San Francisco de Santiago, lugar donde ambos se desempeñaban y donde, además, el superior vivía.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, cuyo nombre legal en ese entonces era Franco Jesús Parra Carrasco, la situación fue denunciada en primera instancia de manera interna en la Curia Provincial de la Orden y luego en la Oficina Pastoral de Denuncias y el Departamento de Promoción de Ambientes Sanos (OPADIS) –que fue reemplazada en 2018 por la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz y cuya misión es recepcionar las denuncias de abuso al interior de la Iglesia–, pero en ambos casos la situación “quedó en nada”.
“No me dieron ningún papel ni nada que acreditara mi denuncia. Le quitaron dos años y medio de sacerdocio y nada más”, cuenta. Con el paso de los meses se “armó de valor” y llevó la denuncia a los tribunales.
Según establece la denuncia, el 14 de febrero de 2020 se condenó a Manuel Saúl Zamorano Soto a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, por su responsabilidad como autor del delito de abuso sexual reiterado, y obtuvo además el beneficio de libertad vigilada.
Archivero provincial Manuel Saúl Zamorano
Una vez cumplida la pena, la víctima se enteró que el condenado por abuso sexual reiterado había sido designado archivero provincial de la orden Franciscana, un importante cargo remunerado para dirigir el Archivo Histórico de la institución.
¿De qué se trata? La misión del Archivo Histórico es “conservar la herencia pastoral, histórica y cultural que surge del camino recorrido por la Iglesia de Santiago. Valorar y fomentar su memoria, identidad y tradición viva como patrimonio eclesial. Difundirla para ponerla al servicio de la Comunidad”, señala el sitio web.
Quienes lideran el archivo reciben un sueldo por salvaguardar y conservar documentos, guiar investigaciones y otras tareas, en suma, liderar la construcción de la historia de las comunidades religiosas, en este caso, la franciscana.
Documentos franciscanos
Luego de varios llamados al Arzobispado de Santiago y al Archivo Histórico general –es decir, perteneciente a la institución mencionada–, finalmente contestaron de este último y dijeron “desconocer” a Zamorano, pero explicaron algunos aspectos para comprender el tras bambalinas de los archivos eclesiásticos.
“Los archivos eclesiásticos son independientes, o sea, nosotros custodiamos la documentación que emana del arzobispado, entonces tenemos documentación de los franciscanos, pero es la documentación que ha surgido por el contacto del arzobispado con los franciscanos, pero los franciscanos tienen su propio archivo, su propia organización y nosotros no tenemos ni una relación: cada orden tiene su archivo”, explicaron.
Consultados acerca de cómo se eligen los cargos de quienes trabajan en el Archivo Histórico, argumentaron que tales decisiones son “muy relativas”, dado que el derecho canónico establece que cada obispado o arzobispado debe tener un archivo, pero las congregaciones, como la franciscana, tienen “sus propias reglas internas”.
“En el derecho canónico las exigencias son pocas (…) en el caso mío, se llamó a un concurso cuando la persona encargada anterior se fue. Se hizo un concurso abierto, donde se pedía un perfil del cargo y se hizo el concurso, pero en las órdenes religiosas tienen independencia”, agregó. Desde El Mostrador Braga se intentó contactar a la congregación franciscana, pero no hubo respuesta.
Una segunda denuncia
Luego de la asunción al cargo de archivero provincial de Manuel Zamorano, la víctima interpuso una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual contra del Arzobispado de Santiago, Vicaría para la Pastoral Social, en calidad de Representante de la Santa Iglesia Católica, cuyo representante es el cardenal Celestino Aós Braco, de nacionalidad española.
“Es innegable el vínculo del demandado con el Arzobispado de Santiago, dado que se trata de un sacerdote de la Iglesia católica, siendo esa institución representante en Chile de la Santa Iglesia católica. La Santa Iglesia, lamentablemente y tal como en otros fallos, ha incumplido su deber diligente de vigilancia y cuidado en relación con aquellos que, bajo una relación jerárquica, dependen de esta”, establece la nueva denuncia con la cual se solicita una indemnización de 200 millones de pesos por daños y perjuicios.
“Los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes y miembros de la Iglesia católica han sido continuos y se han perpetuado en el tiempo debido a la omisión del actuar de sus más altos funcionarios y asimismo, de la Iglesia como institución, es decir, la posición de aquellos que se colocan intencionalmente en una situación de ceguera ante las circunstancias de hecho”, se añade en el documento.
Por todo lo anterior, se demanda a la Iglesia católica de Chile, “debido a la responsabilidad por la negligencia sistemática en que incurrió la institución por los abusos de los que fueron víctimas”, puntualiza la demanda.
“Son las acciones y omisiones de sacerdotes, obispos, cardenales y nuncios apostólicos de una Iglesia local. Se trata (…) de una organización y no de una persona, que dio soporte a la comisión de abusos reiterados y que por tanto infringió, con creces, los estándares de cuidado, que se deben tener para una actividad, que es inherentemente riesgosa en virtud de su asimetría: el poder divino sustentado de una parte y la vulnerabilidad de la otra”.
La causa se encuentra a la espera de que la ministra de fuero que está a cargo resuelva, y dicte si el arzobispado debe pagar perjuicios o no. Mientras tanto, la víctima anima a que “más denunciantes se atrevan a poder hacer visible sus casos”, porque “es una burla” que siga nombrando a abusadores en cargos de jerarquía, mientras las y los sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico viven en “tratamientos psiquiátricos”.
