Comentarios del Observatorio
El sistema dual educativo español fue presentado en un momento inicial del actual régimen político como una fórmula para complementar el sistema público allá donde no tenía capacidad de ofrecer cobertura en un primer momento, con la idea de que poco a poco el sistema público llegase a tener capacidad para ofertar todas las plazas necesarias para escolarizar a toda la población que debía estarlo. Luego, esa red concertada se dedicó a hacer presión para instalarse de forma permanente y crecer, en base a interpretaciones torticeras de la Constitución que consiguieron que las autoridades educativas y el legislador asumiesen e incorporasen a la normativa del sistema público.
Así, hoy, se nos presenta como una ampliación de las opciones y de la libertad para elegir por parte de las familias el levantar nuevos centros educativos, y declarando eso como de interés público, se ceden terrenos públicos de inmenso valor para ello. Pero en realidad esto supone una segregación escolar, y una privación de recibir una educación común para el menor, lo cual podría vulnerar el principio del interés superior del menor.
Debemos recordar que el derecho que asiste a las familias de educar a sus menores en sus propias convicciones no está mandatado en la constitución para que tenga lugar dentro del sistema educativo y por tanto son libres de hacerlo fuera del horario escolar.
La Comunidad recibe ofertas vinculadas al Opus Dei, o de marcada influencia religiosa, para levantar los centros de Valdebebas y Vallecas, que se harán en terrenos públicos valorados en más de once millones y cedidos a coste cero
Once sociedades distintas firman las 15 ofertas que ha recibido la Comunidad de Madrid para construir dos colegios privados concertados en dos parcelas públicas valoradas en más de 11 millones de euros que cederán gratuitamente el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y el capitalino, dirigido por José Luis Martínez-Almeida. Para invertir en el centro de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, se han presentado 10 ofertas, según la documentación publicada en el portal de contratación. Y para impulsar el centro de Vallecas, también en la capital, se han recibido cinco. Datos que demuestran el apetito de las empresas especializadas por hacerse con un auténtico pelotazo: a cambio de construir las instalaciones, las pueden explotar durante 40 años, extensibles a 75; reciben a coste cero los terrenos; la Administración sufraga el coste de las plazas concertadas; y pueden ofrecer etapas educativas no concertadas en régimen de enseñanza privada pura. Una bicoca.
El negocio ha atraído a las grandes empresas del sector. Ahí está Educare, que ya gestiona ocho centros en la región, en la que una sociedad de la familia fundadora del grupo hospitalario HM tiene el 50% de las acciones, y que fue indemnizada con 615.000 euros por la Comunidad de Madrid por no haber podido construir un colegio concertado en Móstoles. También opta la Fundación colegio Alborada, relacionada con el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal a través de la red educativa Arenales, y que se fundó como un centro en el que se segregaba por sexos. De hecho, la defensa de los valores cristianos une a la mayoría de los candidatos. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Mater Amabilis, que ofrece atención sacerdotal a los alumnos del centro que ya tiene en la capital.
El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas dos desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a terminarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. Fue un aviso de lo que estaba por llegar: si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Una decisión de la que ya avisó Ossorio en su última entrevista con EL PAÍS: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.
Regatear la ley educativa
La parcela más jugosa está en el barrio de Valdefuentes del distrito de Hortaleza, en la zona de Valdebebas, mide 18.838,4 metros cuadrados, y está valorada en 10.377.547,08 euros, según el convenio de cesión que firmó el Ayuntamiento de la capital con la Comunidad en mayo. La concesionaria deberá correr con los costes de levantar allí 18 unidades del segundo ciclo de educación infantil; 36 de Primaria; y 24 de educación secundaria obligatoria (ESO).
La otra parcela, también de origen municipal, está en el distrito de Villa de Vallecas, mide 13.456 metros cuadrados, y tiene un valor de 1.540.103,14, según la documentación pública relacionada con la concesión. En ella se plantean 12 unidades de educación infantil; 24 de Primaria; y 16 de ESO.
Además, las Administraciones del PP estudian ahora un tercer proyecto: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ultiman la firma de un convenio que permitirá ceder gratuitamente una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados valorada en más de 18 millones de euros para que una empresa construya un colegio privado concertado. El proyecto, que se hará en el desarrollo de El Cañaveral, situado en el distrito de Vicálvaro, fue anunciado en 2020, pero sigue pendiente de la firma del número dos regional, Enrique Ossorio, según dos fuentes conocedoras de la operación.
En total, las parcelas de Valdebebas, Vicálvaro y Vallecas, que se cederían gratuitamente para hacer los proyectos, suman un valor conjunto de 29 millones de euros. Culminar estas operaciones supone que el Ayuntamiento y la Comunidad han encontrado una fórmula para sortear la ley educativa (LOMLOE). Como la también conocida como ley Celáa elimina el permiso para que los Ayuntamientos cedan terrenos municipales para construir colegios concertados, la administración de la capital ha firmado un convenio en la que se lo cede a la Comunidad, que a su vez es quien promueve la construcción de los centros.
¿Y cómo puede hacer eso? A través de una reforma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en su ley maestra educativa, diseñada, entre otras cosas, para defender la educación privada concertada, especifica que “la Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros privados sostenidos con fondos públicos sobre suelo público dotacional”.
Una reforma legal que ahora facilita una operación llena de interesantes ventajas para las empresas que logren la concesión para construir los colegios privados concertados.