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Omella se abre a ofrecer a las víctimas de pederastia vías alternativas a acudir al despacho de abogados Cremades

El presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión con Infancia Robada, no ha detallado en qué grado colaborarán con la investigación del Defensor ni si indemnizarán a las víctimas.

La sede del poder de los obispos ha recibido este miércoles la visita de Ana Cuevas, madre de una víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei. El centro educativo continúa sin reconocer la culpabilidad del docente, pese a la condena judicial. También ha acudido Emiliano Álvarez, de quien con tan solo 10 años abusó sexualmente un sacerdote. Ellos y en torno a otra decena de víctimas se han reunido este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución en Madrid. Una de las principales conclusiones de la reunión es que el presidente de la CEE ha afirmado que “estudiará” la posibilidad de ofrecer a las víctimas “vías alternativas” al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para intermediar con ellas en la auditoría interna de la Iglesia, dada la escasa confianza que el bufete despierta en el colectivo, según fuentes de la asociación a la que pertenecen la mayoría de los afectados que han acudido, Infancia Robada. Preguntada por esta posibilidad, la CEE indica que no comentan “nada” sobre la reunión. “Las víctimas merecen tener todo el respeto”, añade un portavoz.

“Esta asociación”, ha comentado Cuevas al término de la reunión de cuatro horas, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”. Todas las asociaciones de víctimas han desechado la utilidad de esta auditoría, presentada hace un mes por el propio Omella. La portavoz de Infancia Robada cree que el presidente de la CEE “ha entendido que si nosotros no confiamos en ese despacho, no puede ser realmente un mediador válido”. “Entonces tendrán otro tipo de recursos para atender a víctimas”, ha añadido.

El presidente del despacho, Javier Cremades, defendió en una entrevista en EL PAÍS la capacidad de su bufete para emprender esta tarea: “Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso”.

La iniciativa investigadora en la que buena parte de las víctimas tienen puestas sus esperanzas no es la que desarrolla internamente la Iglesia, sino la que dirigirá el Defensor del Pueblo. “Le hemos pedido que colabore con el Defensor, en el que las víctimas depositamos nuestra confianza. Es el modelo adecuado para una investigación neutral y transparente”, ha comentado Cuevas. “La colaboración firme de la Iglesia no se pide en aras de acabar con ella, sino de salvarla de una actitud obstruccionista”, ha dicho.

Cuevas ha notado una actitud “positiva” en Omella: “Nos ha escuchado. No es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano y eso le ha llegado. Espero que a partir de ahora haya un antes y un después”. La portavoz de Infancia Robada, además, ha situado al cardenal en la “parte no negacionista de la CEE”, dispuesta a escuchar a las víctimas.

Más allá de declaraciones de intenciones, Omella no ha expresado compromisos concretos, ni sobre el grado de colaboración de la institución que dirige con la investigación del Defensor, ni sobre indemnizar a las víctimas, ni sobre abordar el encubrimiento. Infancia Robada ha transmitido estas peticiones concretas, que la CEE “estudiará”, según ha explicado Cuevas: “Una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas; terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral; una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral”. “Nos han dicho que lo van a estudiar, que lo va a hablar con el Papa y estamos a la espera”, ha comentado Cuevas.

Omella no ha respondido a los periodistas, pero sí ha hecho un breve comentario para “agradecer” a las víctimas acudir a la sede de la CEE y “la confianza” con la que han “trabajado”.

Una nueva reunión

No es la primera vez que las víctimas se reúnen con el presidente de la CEE para contar sus historias. En 2019, representantes de Infancia Robada dialogaron con el líder eclesial de entonces, Ricardo Blázquez. La principal reivindicación del colectivo en esa reunión era que la Iglesia española iniciase una investigación sobre los abusos sexuales a menores en su seno. Los obispos no atendieron esa reclamación.

Tres años después, la reunión se celebra en un contexto muy diferente: tras la entrega de EL PAÍS al Vaticano de un dosier con 251 casos inéditos a finales de 2021, el asunto se colocó en el centro del debate político. Hace un mes la CEE anunció el encargo al despacho de abogados de emprender una auditoría y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 613 casos y 1.252 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.

Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles.
Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles.VICTOR SAINZ

Infancia Robada es una de las principales asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. Es la más importante con vocación nacional, con miembros de varios puntos de España. Uno de sus responsables es Juan Cuatrecasas, también diputado del PSOE y una de las voces en torno a la iniciativa de investigación aprobada hace dos semanas en el Congreso de los Diputados. Toda la Cámara, con la excepción de Vox, votó a favor de pedir al Defensor del Pueblo que pilote una comisión de expertos que elabore un informe sobre esta lacra. El responsable de este organismo, Ángel Gabilondo, dijo el viernes que espera que la comisión esté compuesta en torno a Semana Santa y que algún miembro de la Iglesia forme parte del equipo investigador. Cuevas ha considerado “lamentable y reprobable” que la CEE siga debatiendo “entre sus muros” si va a colaborar o no con el Defensor.

Otros colectivos, sin presencia

En la reunión con Omella ha estado representada la asociación Infancia Robada, la principal defensora del acuerdo adoptado en el Congreso. Pero hay otros colectivos relevantes, como Mans Petites, integrada principalmente por víctimas catalanas, y la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra. Este periódico ha preguntado a la CEE por qué no ha invitado a estos colectivos y si piensa hacerlo en el futuro, pero no ha obtenido respuesta.

La plataforma catalana es la más crítica con la iniciativa apoyada por la mayoría de la Cámara baja: considera que el Defensor no tiene poderes coercitivos para obligar a la Iglesia a colaborar o a entregar documentos. Apostaba por una comisión parlamentaria que dotase de esas facultades a una comisión de expertos. Esta opción también despertaba más simpatías en el colectivo navarro.

El presidente de Mans Petites, Manuel Barbero, considera “constructivo” reunirse con la CEE, “que vean que tienen interlocutores válidos”. Sin embargo, pide que las propuestas que se trasladen a los obispos sean “concretas y consensuadas”. “Ir por libre va en detrimento de la credibilidad, legitimidad y fuerza de todo el colectivo”, añade Barbero. Marcos Leyún, uno de los portavoces de la asociación navarra, también pide más coordinación entre las asociaciones de víctimas: “No podemos confiar [en la Iglesia]. Si ya desconfiamos del Defensor, ¿cómo vamos a acercarnos a quien representa y ha encubierto a nuestros abusadores?”.

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