La ley, que también castiga a quienes promuevan matrimonios forzosos en el extranjero, contempla penas de hasta 7 años de cárcel
Obligar a una persona a contraer matrimonio ya es un delito en Inglaterra y Gales, con la entrada en vigor desde hoy de una ley que contempla penas de hasta 7 años de cárcel. Los más de 1.300 casos que el Gobierno británico tuvo que encarar el año pasado revelan la magnitud de un problema social que en su mayoría afecta a mujeres de comunidades procedentes de Pakistán, India y Bangladesh.
Desde hace seis años, los tribunales británicos estaban habilitados para emitir disposiciones judiciales con el objetivo de impedir que una víctima sea obligada a casarse a la fuerza. La nueva legislación, sin embargo, pasa del ámbito civil al penal y prevé por primera vez la imposición de penas de prisión para castigar este tipo de delitos “y emitir un contundente mensaje a quienes sigan promoviéndolos en el futuro”, en palabras de la ministra del Interior, Theresa May, promotora de la iniciativa.
Un matrimonio forzoso, según la definición que recoge la nueva ley, “es aquel en el que uno o los dos contrayentes no han consentido esa unión pero son coaccionados” por medios que incluyen “la presión física, psicológica, financiera y sexual”. El 15% de sus víctimas son niñas menores de 15 años, confirman los datos del Home Office, que en los casos más trágicos acaban convirtiéndose en esclavas domésticas de día y en esclavas sexuales por la noche.
Uno de los puntos más destacados de la normativa es que también busca castigar a aquellos ciudadanos británicos que promuevan los matrimonios forzosos en el extranjero. El verano pasado, el Home Office pidió a profesores, médicos y personal de aeropuertos que estuvieran alerta ante el periodo de receso escolar para detectar si familias de potenciales víctimas se llevaban a sus hijas “de vacaciones” con el objetivo real de casarlas a la fuerza en un país tercero. Tan sólo entre los meses de junio y agosto, la unidad policial que persigue esa práctica recibió más de 400 denuncias.
Los 1.302 casos investigados por las autoridades británicas a lo largo de 2013 como uniones forzosas afectan a comunidades procedentes de hasta 74 países diferentes, aunque la gran mayoría se produce entre familias originarias de Pakistán (43%), seguido de India (11%) y Bangladesh (10%). Los afectados son principalmente mujeres (82%), aunque también un 18% de hombres son víctimas de ese delito.
Las organizaciones que trabajan y apoyan a esas mujeres y hombres, con especial atención a los menores, han acogido muy favorablemente la nueva legislación que tendrá su réplica en Escocia a finales de año. Casos como el de una chica de 17 años que se fue con su familia de vacaciones a Pakistán, donde fue forzada a casarse con un primo hermano a quien no conocía, serán a partir de ahora perseguidos por la justicia. La joven, que relató su calvario a la BBC bajo condición de anonimato, escapó de sus parientes a su regreso a Londres y fue asistida por las autoridades. Desde entonces no ha vuelto a ver a su familia, que le ha impedido volver a casa y proseguir con sus estudios porque ha sido repudiada.
Mohamed Kouba, condenado a más de cinco años de cárcel por encerrar a su esposa. / MASSIMILIANO MINOCRI
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