Deberán ofrecerles tratamiento médico y educación
Argentina es el único país de Latinoamérica que aún aplica la rémora medieval de aplicar condenas de prisión a adolescentes y a hasta niños. Incluso ha habido casos de chicos menores de 16 años penados con cadena perpetua, pese a que ello choca de bruces con la Constitución nacional.
Al menor Ricardo Videla Fernández le cayó la pena máxima por perpetrar dos homicidios. Y cuando purgaba ese castigo en prisión fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas. Lucas Mendoza y Claudio Nuñez también recibieron cadena perpetua por siete homicidios. Y antes de ir a la cárcel recibieron torturas a manos de policías.
Otros jóvenes menores condenados de por vida han sido Lucas Mendoza, por robos, lesiones y dos homicidios, y Saúl Roldán, por robos y un homicidio. Salta a la vista que todos ellos eran jóvenes asimilables a la categoría de asociales por su fuerte conflicto con la ley.
Una década esperando una respuesta
En contra de esas cinco sentencias de encerrar para siempre a muchachos con una vida por delante y por lo tanto con tiempo para enderezar sus pasos, distintas ONG y entidades civiles habían recurrido en 2002 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.
Debieron pasar 11 años, para que el tribunal continental se pronuncie. En estos días ha instado a la Justicia argentina a revocar aquellos veredictos por considerarlos inconstitucionales, ya que a su entender incumplen la Convención Interamericana de Derechos del Niño, que el país suramericano incorporó a su Constitución hace ya dos décadas.
"Dichas penas por su propia naturaleza no cumplen con la finalidad de reintegración social de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor", resolvió la Corte.
Y evaluó que "por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes mencionados y además violó el derecho a la integridad personal de sus familiares".
"Argentina incumplió su obligación de adoptar disposiciones, ya que el ordenamiento legal argentino permite la posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos", ha condenado el tribunal.
También ha obligado al Estado argentino a brindarles tratamientos médico y psicológico, opciones educativas o de capacitación. Y revisar todas las sentencias aplicadas a menores de 18 años, así como ajustar las leyes a estándares internacionales y ejercer políticas públicas en prevención de la delincuencia juvenil.
El Estado argentino, asimismo, deberá informar a la CIDH sobre los pasos que irá dando en cumplimiento de sus órdenes. "Si pretendemos una justicia legítima deberíamos derogar el decreto-ley 22.278 de la dictadura que permite condenas a prisión perpetua a menores de edad", concluyó Laura Musa, tutora de menores de la alcaldía de Buenos Aires.
