El último domingo del año, la jerarquía eclesiástica ha reincidido en una decisión insólita, aunque repetida en diversas ocasiones durante esta convulsa legislatura: ha preferido predicar desde la calle en lugar del púlpito.
Ni cartas pastorales ni homilías en los miles de templos diseminados por el país han debido de parecer a los obispos un instrumento eficaz para llevar adelante su ardorosa cruzada en defensa de la familia, una institución que, hasta donde se sabe, nadie ataca. Porque, por más iras que despierte entre los prelados, el matrimonio homosexual es una sorprendente e inesperada confirmación de la vigencia del matrimonio, que sólo debería soliviantar, en realidad, a quienes están en contra de cualquier intromisión de la ley en la vida de pareja.
Cada manifestación convocada por los obispos en los últimos años es, sin duda, una noticia sorprendente, puesto que su mensaje es tan rancio como inconfundible. Demuestra que la jerarquía eclesiástica española ha hecho una opción en favor del integrismo, y reclama la preponderancia de sus creencias y sus ritos, amparados por una ley de Dios que ellos aseguran conocer e interpretar en régimen de monopolio, sobre las instituciones seculares, establecidas y gestionadas por la libre voluntad de los individuos. Incluida la voluntad de quienes se declaran católicos y, sin embargo, parecen saber mejor que sus obispos que cualquier intento de establecer como obligatorio su modo de vida no es un triunfo de la religión, sino del fanatismo.
Éste es, en cualquier caso, el proyecto en el que se ha embarcado la jerarquía eclesiástica o, al menos, algunos de sus sectores más ruidosos, empeñados en actuar como vanguardia leninista en una sociedad que contempla con marmórea indiferencia la proyección de sus obsesiones morales, la exaltación de su servidumbre a la Idea, sus especulaciones acerca del sacrificio actual como inversión para la vida futura. Erigidos en vanguardia del supuesto pueblo católico al que imaginan representar, nada tiene de extraño que algunos obispos hayan adoptado medios de agitación semejantes a los que experimentaron los seguidores del revolucionario ruso.
Las manifestaciones suenan a movilización de masas, lo mismo que la incendiaria emisora que sufraga la Conferencia Episcopal recuerda a los medios de la agitprop. Incluso la estrategia de "cuanto peor, mejor", empleada en cada ocasión en la que anuncian para España plagas peores que las de Egipto, evoca las catástrofes reservadas para quienes se desentendieran de las inapelables leyes de la historia.
En el fragor provocado por esta vanguardia en la que militan algunos obispos españoles, se han perdido de vista las más elementales evidencias. La primera y tal vez más importante es que si han preferido la calle en lugar del púlpito es porque, en efecto, el púlpito no les ofrece ya la audiencia que necesitan para llevar adelante su proyecto integrista. Ni el púlpito ni tampoco los seminarios, vacíos de candidatos o, por así decir, de militantes para atender al culto de la religión católica, ni en la versión que estableció el Concilio Vaticano II ni en la que ahora defiende la jerarquía eclesiástica en nuestro país. La "crisis de las vocaciones", más que las estadísticas acerca de los españoles que practican la religión católica, es lo que demuestra la situación de privilegio que se ha concedido a la Iglesia y con la que la Iglesia no está dispuesta a conformarse. ¿Qué otro colectivo compuesto por 20.000 personas recibe una asignación del Estado equivalente al 0,7% del PIB? ¿A qué otra vanguardia, ni grande ni pequeña, se le asignan subvenciones para llevar adelante un programa que esconde detrás de la religión católica una intención política y, además, una intención política fanática?
El apaciguamiento por el que ha optado el Gobierno no es seguramente la mejor manera de contrarrestar a los obispos erigidos en vanguardia leninista. Pero no porque fuera deseable la confrontación, sino porque ha colocado al Estado en la situación del bombero pirómano, que debe sofocar las llamas que él mismo aviva a través del acuerdo económico con la Iglesia.
Una parte de la jerarquía eclesiástica está decidida a reabrir el problema religioso en España. Sin embargo, el problema religioso tendría hoy escaso recorrido si se aplicaran las políticas y las respuestas adecuadas. Y no sólo porque la Constitución de 1978 estableció un acuerdo que compromete a todas las partes, sino también porque, aunque la Iglesia parezca decidida a lanzar una cruzada, de momento no convoca ante los púlpitos a los voluntarios necesarios. Por eso, y no por otra cosa, tiene que hacer ruido en las calles.
