A través de un pronunciamiento publicado el 24 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica se pronunció a favor de que se apruebe una ley de libertad religiosa y de culto, que reconozca también “el respeto a la libertad y objeción de conciencia” y se “resguarden los derechos de las personas a no ser perseguidas por sus creencias y convicciones”.
“Nuestra nación siempre ha sido un pueblo creyente, históricamente ha tenido raíces espirituales profundas. Por ello, una ley que venga a fortalecer este derecho humano de la libertad religiosa, además de una necesidad, sería una gracia”, indicaron los obispos en un pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook.
Con cinco votos a favor y dos en contra fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa el proyecto 21.012 titulado “Ley para la Libertad Religiosa y de Culto”. Ahora el proyecto pasa al plenario para su debate.
El diputado independiente Jonathan Prenda explicó que el proyecto busca proteger los derechos a la libertad de conciencia y a no ser perseguidos por razones religiosas. Asimismo busca diferenciar a las organizaciones religiosas para garantizar estos derechos fundamentales.
“Lo que busca es establecer el reconocimiento estatal a la diversidad de creencias religiosas, en igualdad de condiciones ante la ley, lejos de todo tipo de discriminación por el credo; puntualiza los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto, regula los locales y los templos de las organizaciones religiosas”, escribió el diputado en LaRepublica.net.
El proyecto se sustenta en los artículos 26, sobre la libertad de reunión pacífica y sin armas, y 75 de la Constitución, así como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Costa Rica.
El artículo 75 establece que “la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.
Uno de los diputados que votó en contra, Jorge Fonseca, dijo que el proyecto “abriría un espacio para que asociaciones se constituyan en organizaciones religiosas y así queden eximidas del impuesto a la renta”.
Por su parte Víctor Morales comentó que “con estas leyes se amplía la protección que le da el Estado a la Iglesia Católica”.
En su pronunciamiento los obispos afirmaron que “una ley de libertad religiosa debe contener de manera explícita el respeto a la actuación de las personas conforme a sus propias creencias y convicciones, es decir, que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a profesar y manifestar, de manera individual o en comunidad, la propia religión o fe, sea en público o en privado”.
“Asimismo, debe reconocerse el respeto a la libertad y objeción de conciencia, el reconocimiento a los grupos religiosos con estatus jurídico propio y que se resguarden los derechos de las personas a no ser perseguidas por sus creencias y convicciones”, destacaron.
Los obispos también expresaron su respeto a “las personas no creyentes, es su derecho de ejercerlo en conciencia. Por ello, llamamos al respeto y a la tolerancia para todos”.
Los prelados recordaron asimismo lo que el Papa Francisco escribe en su reciente encíclica Fratelli tutti, cuando señala en el numeral 279 que “hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones”.
