Lo hizo a través del presidente de la comisión de Educación del Episcopado y arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, quien afirmó que las autoridades deben “dar lo que más se pueda”, los gremios docentes “ceder un poco en sus reclamos”y que “hay que evitar una escalada que multiplique los paros”.
Quien hace estas declaraciones percibe de las arcas del Estado un salario no menor a $ 65 mil mensuales, a juzgar por lo que establece la Ley Nº 21.950, dictada por Videla en 1979 y aún vigente. En sí, el conjunto del financiamiento estatal a la Iglesia Católica se ampara en gran medida en una serie de decretos-leyes impuestos por la última dictadura cívico-militar.
La norma específica sobre sueldos, firmada por Rafael Videla, José Alfredo Martinez de Hoz y Reynaldo Pastor, establece que, hasta que cesen en sus cargos, los Arzobispos y Obispos tienen un sueldo equivalente al 80 % de la remuneración fijada para un Juez Nacional de Primera Instancia y una jubilación (por edad avanzada o invalidez) equivalente al 70 % de la misma remuneración.
A diferencia de los docentes, que gastan un porcentaje importante en viajar de escuela en escuela, uno de esos decretos dispone a su vez el pago de pasajes a todos los curas, al exterior o al interior del territorio nacional.
La institución que dice estar preocupada por la educación de las niñas y los niños es la misma que ampara y protege a los curas abusadores. ¡Hipócritas! El escándalo que estalló en el Instituto Provolo para niños sordos es uno de los tantos ejemplos de esto.
Subsidios millonarios a la Iglesia, migajas a los docentes
En su discurso de apertura de sesiones legislativas bonaerenses, la Gobernadora María Eugenia Vidal se refirió al aumento de la matrícula de la educación privada y la pérdida de días de clase a causa de los paros.
Pero se “olvidó” de mencionar los millones que destinan a la educación privada (se calculan en unos $ 15 mil millones, además de lo “ahorrado” en exenciones impositivas a escuelas católicas), los días que se pierden por las pésimas condiciones de infraestructura en las miles de escuelas de toda la provincia y la reducción del presupuesto para Educación en un 3,2 %.
Devolución de favores
La Iglesia se suma a la cruzada del Gobierno y las empresas periodísticas al ataque a la lucha docente. No podía ser menos, con el nivel de financiamiento que perciben del Estado.
A la par de la pelea por un salario equivalente a la canasta familiar, escuelas en condiciones para enseñar y aprender y el aumento del presupuesto educativo, se suma la exigencia de la Separación de la Iglesia del Estado, comenzando por la eliminación del millonario financiamiento mediante salarios, subsidios y exenciones impositivas a la curia y la educación privada.
