Hasta el momento, este Registro será firmado por los diferentes Grupos del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, ERC, JxCat, Bildu, BNG y la CUP. Con esta ley el Estado asumiría la responsabilidad de la búsqueda activa de los bebés robados y de su identidad.
Este próximo miércoles, 26 de febrero, a las 12.00 horas, se registrará de nuevo en el Congreso la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. Hasta el momento, este Registro será firmado por los diferentes Grupos del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El PSOE todavía no ha dado su opinión al respecto.
Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua), a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad, ya tuvo su primer registro el 25 de septiembre de 2018 y fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso español el 20 de noviembre del mismo año. Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y ahora es necesario este nuevo registro para continuar con el correspondiente procedimiento parlamentario hasta su esperada aprobación.
En la última reunión conjunta entre CeAqua y todos grupos políticos para tratar este tema, celebrada hace justo un año, el 19 de febrero de 2019, se obtuvo el compromiso de todos ellos de retomar esta iniciativa una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno, como así ha sido.
La CeAqua lleva impulsando esta iniciativa legislativa en el Congreso español desde hace casi dos años. Durante ese tiempo, se han realizado números encuentros con todos los grupos parlamentarios lográndose un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen.
Una ley que garantiza por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés. También reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.
Asimismo, reconoce la condición de víctimas para las personas afectadas por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad. De esta manera, el Estado español empieza a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Desde CeAqua subrayan que este «es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después. Y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad».
Por otra parte, para que se encarguen de garantizar los derechos de las víctimas se crean una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Para que hagan el trabajo estos organismos se les dota de una Base de datos que elaborará un censo de todos los casos, y una Base de ADN estatal, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todas las personas desaparecidas y de sus familias. Al mismo tiempo, el sistema garantiza la participación de las víctimas a través de sus representantes.
Con esta Ley se dotaría de un marco estatal a todas las disposiciones legislativas que se establezcan en todos los territorios, haciendo posible su cumplimiento y amparando de forma global a todas las víctimas de este terrible crimen en el Estado español. El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia.
«Retomar esta Proposición de Ley, a partir de su nuevo registro el próximo miércoles 26 será el primer gran paso de esta iniciativa que es pionera por su relevancia en el ámbito legislativo y sus consecuencias en el ámbito judicial para investigar este terrible delito contra la humanidad y conocer la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación para las víctimas, y juzgar a los victimarios, así como conseguir que este deleznable crimen jamás vuelva a ocurrir, tal y como ha sido repetidas veces recomendado a nuestro Estado por diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas y sustentado en el derecho internacional de derechos humanos».
