La Delegada de Gobierno de Madrid debe dimitir
Del 2 al 5 de agosto se impidió la libre circulación por la Plaza Sol, un estado de excepción de facto. La Delegada del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid explicó que había hecho el desalojo y posterior cierre porque los comerciantes lo habían pedido. Era increíble escuchar a una Delegada del Gobierno explicar un estado de excepción de facto con esa peregrina justificación. Pasó el tiempo y no hubo asunción de responsabilidades políticas (dimisiones de Carrión o de Camacho).
En el día de hoy, 17 de agosto, hemos vuelto a asistir a una nueva degradación de la democracia. La democracia había sido secuestrada por el capitalismo, por las grandes empresas, los grandes partidos y los grandes medios, el consumismo y la individualización, la disolución de la sociedad civil, … Se había convertido en un circo electoral cada cuatro años, en el que las dos facciones del bipartidismo hacían una pantomima de promesa electoral para luego gobernar con un cheque en blanco, en el que los poderosos ponían el programa de reformas fiscales, laborales, electorales, …
Tuvimos gobiernos neoliberales pacíficos durante la abundancia, pues la burbuja sostenía un empleo ficticio, una recaudación fiscal de pan para hoy y hambre para mañana, unos servicios públicos asfixiados por el dogma del superávit fiscal con rebajas tributarias a ricos, endudamiento excesivo de empresas (que se socorren si pueden influir) y familias (que se abandonan a la intemperie del paro, la precariedad o la pobreza). Pero el gobierno neoliberal de la crisis muestra su lado más grotesco. Cuando desapareció el oropel de la burbuja inmobiliaria y de la bolsa, el "España va bien" o la "economía española está en la Champion League", el brillo de los políticos con talante se convirtió en una opaca gestión antisocial y autoritaria de la crisis. Sin la falsa luz de la quincalla salen a relucir las mezquindades de los políticos que sólo sabían aparentar y sonreir.
Hoy había una manifestación laica en un país formalmente aconfesional, pero con muchas concesiones confesionales a la Iglesia Católica. El Papa viene a un país aconfesional con un pasado demasiado confesional y la instituciones se ponen a su servicio. La parte laica de la sociedad, la que exige el cese de los privilegios de la Iglesia Católica y la que se opone a los valores de intolerancia hacia la libertad de la persona (divorcio, matrimonio homosexual, aborto, uso del preservativo) y a su connivencia con los poderosos de la sociedad (nunca han puesto el mismo celo en condenar la corrupción o el fraude fiscal que en criminalizar y considerar desviadas a dos personas del mismo género que se aman), convocaron una manifestación contra la visita del Papa.
Hacían su recorrido comunicado a la Delegación del Gobierno hasta que fueron bloqueados por contramanifestantes de las Juventudes Católicas que vienen a las Jornadas Mundiales. La Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 16, dice claramente lo siguiente:
Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana.
No se produjo esta protección de la manifestación, pese a que la actitud de los contramanifestantes es delictiva, según el artículo 514.4:
Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.
Sorprende que las autoridades hayan usado la violencia pública ilegítimamente para disolver manifestaciones del 15M no comunicadas, pero que no podían disolverse por falta de alguno de los motivos de disolución de la Ley, lo que se explica en otro artículo, y, cuando la manifestación está comunicada correctamente, no la protejan contra quien por la vía de hecho impide el ejercicio de la manifestación. Se recuerda que la contramanifestación sí se puede disolver porque el fin de la contramanifestación es impedir el ejercicio de la manifestación principal, un delito.
La manifestación laica quedó desorientada. En los momentos previos a la redacción de este escrito se había expulsado a los ciudadanos de Sol y se volvía a ver la escena en la que no dejaban entrar. En este caso tienen cobertura jurídica con el artículo 19 de la Ley de Seguridad ciudadana, que dice:
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento.
Sin embargo, esta acción sólo puede durar el tiempo imprescindible. No puede dar pie a un segundo estado de excepción en Sol.
Creo que la Delegada de Gobierno ya tenía deméritos suficientes para estar obligada a la dimisión, con la gestión autoritaria del estado de excepción en Sol, durante aquellos días. Ahora incrementa su currículo con esta desprotección del derecho de manifestación y la carga precisamente sobre la manifestación legítima. ¡Carrión debe dimitir!
La sociedad madrileña que se manifiesta, por su parte, está demostrando que frente al estado autoritario, antisocial y confesional que hay en proyecto hay dignidad y determinación de resistencia. Ojalá que cale profundamente y no se agote hasta transformar la sociedad que lleva un rumbo hacia época tenebrosas de la Historia de la Humanidad. Mis felicitaciones a los herederos de los valores emancipadores de la sociedad.
