Se estima que en los próximos años la Iglesia Católica puede afrontar más de 5,000 demandas por abuso sexual a manos de sacerdotes, por una suma superior a los 4,000 millones de dólares, debido a nuevas leyes estatales que así lo permiten.
Algunas diócesis, ya afectadas por el escándalo, podrían terminar en la quiebra.
Desde el año pasado, 15 estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, han adoptado leyes que extienden o suspenden los estatutos que limitan el tiempo en el que las personas pueden presentar demandas por abuso sexual de menores.
Aunque no están dirigidas contra líderes religiosos, sí pueden desatar más demandas contra la Iglesia Católica por abusos que ocurrieron hace décadas, incluso en casos en los no hay testigos ni archivos, o en los que el sacerdote acusado ha fallecido.
Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, adoptaron en enero y febrero pasado sendas leyes que establecieron plazos de uno y dos años, respectivamente, para entablar demandas civiles, sin importar cuándo ocurrió el delito.
Esas leyes fueron aprobadas a raíz del mordaz informe que divulgó en agosto de 2018 un jurado de investigación en Pensilvania, que determinó que 300 sacerdotes abusaron a más de 1,000 menores en ese estado a lo largo de más de siete décadas, aunque la cifra podría ser mayor. Las fiscalías en cerca de una veintena de estados continúan sus propias investigaciones.
Según un análisis de la agencia de noticias AP, podría haber al menos 5,000 nuevas demandas tan sólo en Nueva York, Nueva Jersey y California, bastiones del catolicismo en Estados Unidos. La compensación podría superar los $4,000 millones que la Iglesia Católica ha desembolsado desde que el escándalo estalló en la década de 1980, precisó.
El grupo Consumer Safety.org, patrocinado por el “Meneo Legal Group”, ha calculado que más de 5,300 sacerdotes y otros miembros del clero en Estados Unidos han sido acusados de abuso sexual de menores. De los casos documentados, 619 ocurrieron en California, 541 en Pensilvania, 503 en Nueva York, 382 en Massachusetts, y 219 en Nueva Jersey.
Las nuevas leyes han desatado anuncios publicitarios por radio, televisión e internet que alientan a víctimas a buscar asesoría legal para obtener compensación financiera. De hecho, las cortes ya han recibido centenares de demandas en algunos de los estados que han estrenado leyes a favor de las víctimas.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los gobiernos estatales extienden el tiempo y la edad para presentar demandas debido a que, para cuando las víctimas se dan cuenta de lo que les ocurrió, el plazo para acudir a los tribunales ha pasado.
Las víctimas a veces tardan en hacer denuncias debido a “traumas emocionales y psicológicos” con los que suprimen el recuerdo del abuso, y muchas descubren el abuso ya en la vida adulta, mediante terapia.
Culpas y responsabilidades
Consultados este lunes por Noticias Telemundo, dos férreos defensores de la Iglesia Católica coincidieron en que se trata de un delicado “acto de equilibrio”: atender el reclamo de las presuntas víctimas y proteger la estabilidad de los programas de la Iglesia.
Quienes tienen la responsabilidad son las personas que colocaron a los sacerdotes abusadores, “el Papa no hizo eso, y no tiene nada que ver con el asunto de responsabilidad legal”, explicó Mark Chopko, exabogado de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU.
“Si un obispo no está haciendo su labor, el Papa tiene la autoridad de quitarlo, pero eso no significa que el Papa es responsable por las infracciones del obispo”, enfatizó Chopko, quien preside desde 2007 una división para grupos religiosos y sin fines de lucro del bufete legal Stradley Ronon.
Chopko rechazó la noción de que el Vaticano tenga fortuna de sobra para asumir las demandas, porque la Iglesia Católica no es sede de una “gran corporación” en la que las diócesis sirven de “subsidiarias”. El Vaticano “no contrató al abusador” y, bajo las leyes de EEUU, es un gobierno extranjero y no está sujeto a demandas, señaló.
Al describir el complejo proceso para atender a las víctimas, Chopko advirtió de que la quiebra de las diócesis afectaría a miles de personas que se benefician de sus servicios.
“No estamos haciendo dinero en algún sótano, y dependemos de la bondad de donantes para nuestros programas. Tenemos una responsabilidad con la gente que se beneficia de nuestros programas o van a misa”, señaló.
“Es un acto de equilibrio… ante un alto número de reclamos, la única manera de afrontar esto es través de un proceso de bancarrota. En algún momento, todos los casos se resolverán, y las víctimas con casos legítimos recibirán compensación”, afirmó.
Algunas diócesis, a la quiebra
Bill Donohue, presidente de la Liga Católica para los Derechos Religiosos y Civiles, señaló que “algunas se irán a la quiebra, algunas quedarán profundamente heridas, y otras afrontarán esto sin mucha dificultad”.
Si una diócesis se declara en bancarrota, los tribunales determinarán la distribución de las reparaciones para las víctimas, y “eso significa que probablemente haya una gran desigualdad en los fondos distribuidos por las diócesis ante las mismas quejas de presuntos abusos”, explicó.
Cada diócesis opera de forma independiente y cuenta con fondos de compensación para quienes buscan resolver sus casos fuera de los tribunales. Al menos 20 diócesis se han declarado en bancarrota, lo que pone un freno temporal a las demandas civiles.
La mayoría de los abusos ocurrió entre 1965 y 1985, “el escándalo hace tiempo terminó, y el último año del que tenemos datos indica que hubo tres casos de abuso sustanciados contra más de 50,000 religiosos, o el .006%”, precisó.
Donohue vaticinó que las investigaciones en curso “no pondrán mano sobre los culpables, porque o ya murieron o han salido del ministerio, pero sí afectarán a los inocentes, a los católicos que dependen de la caridad”.
Según Donohue, las encuestas señalan que “la mayoría de los católicos nunca ha tenido experiencias con un sacerdote abusador”, y de los que piensan abandonar la Iglesia por el escándalo “ya tienen un pie fuera, y de todas maneras rara vez van a misa”.
Piden más acciones del Papa y la Iglesia
Zach Hiner, director ejecutivo de la Red SNAP, un grupo de apoyo a las víctimas, se quejó de que el Papa Francisco “ha dicho lo correcto en público, pero respecto al escándalo en EEUU, se sigue negando a usar su puesto de poder para que los sitios sean más seguros para niños”.
“El Papa tiene el poder de exigir que sus obispos entreguen a la policía todos sus archivos sobre los abusos, pero ni ese paso tan sencillo ha tomado. También ha dado largas a su batalla en casos significativos, como los que implican (al excardenal) Ted McCarrick o (el exobispo) Michael Bransfield”, dijo Hiner a Noticias Telemundo.
Hiner señaló que las diócesis se benefician con una bancarrota porque así evitan una plena rendición de cuentas, y casos de abuso sexual fraudulentos son “increíblemente raros”.
La idea de que compensar a las víctimas “por toda una vida de dolor va a perjudicar los servicios sociales de una iglesia es algo poco apropiado que usan las autoridades para dirigir la ira hacia las víctimas, en vez de a quienes abusaron de ellas y encubrieron sus crímenes”, enfatizó.
“Las autoridades de la Iglesia pueden mejorar la protección de los niños y asegurar que las víctimas reciben la justicia que merecen, alentándolas a que se presenten ante la policía, pidiendo que los fiscales generales investiguen sus archivos, y permitiendo que el sistema de justicia secular haga su labor”, puntualizó Hiner, cuyo grupo provee una lista de recursos de apoyo a las víctimas.
