Colombia es un Estado laico, pero profundamente religioso. La Iglesia católica tiene décadas de influencia y relación con el Estado. El 21 de febrero la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en el país. La demanda presentada en septiembre por el movimiento Causa Justa por el Aborto ha permitido interrumpir embarazos hasta la semana 24 dentro del sistema de salud. El debate social por el aborto se ha transformado en algo primordial entre la población colombiana; y mundial.
A partir de la constitución de 1986, y con la implementación de la medicina científica, los argumentos para la despenalización del aborto comienzan a escucharse. El derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones con respecto a su cuerpo fue una de las premisas con la que se inicia el análisis de este debate. La constitución de 1991, activa actualmente en Colombia, concluye que: “cuando se logre promover los obstáculos institucionales y culturales para tener plena educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia sexual, aborto libre, digno y responsable, las ciudadanías y familias podrán ser autónomas y competentes en la construcción de relaciones sanas que construirían un país desarrollado y con bienestar”.
Sin embargo, el paso del Constitucional lleva tiempo madurando. La influencia política derechista ha impedido durante años que esta regulación avance. Al mismo tiempo, una movilización feminista global ha motivado a que los y las colombianas se manifiesten en contra de la instrumentalización del cuerpo de las mujeres.
Despenalizar: un crimen que no se castiga por la ley, pero sí por la moral
María Isabel Niño es abogada y asesora de incidencia de La Mesa por La Vida y La Salud de Las Mujeres, uno de los ejes centrales en la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Ella defiende que el estigma social existente hacia las mujeres que abortan es uno de los principales problemas de la misma cuestión: “Consideramos que el aborto es un asesinato, que es un pecado. Por tanto, nosotras somos asesinas”.
La Iglesia es la institución con mayor peso histórico dentro del país. Es por esto que su discurso atraviesa el movimiento y cala entre el pueblo colombiano. No es tan sencillo como catalogar un aborto de homicidio; este dogma no hace que los abortos desaparezcan. Esta, llamémosle deshonra, se traduce en clandestinidad, en la obligatoriedad de mantener un aborto en silencio bajo la oscuridad de la inseguridad y el dolor de la culpa.
Según el informe realizado por la mesa, “La Criminzalización del aborto en Colombia”, del 100% de las interrupciones del embarazo que han sido practicadas en el país, solo el 12% se efectuaron dentro del sistema de salud. Esto significa que más del 80% de abortos se realizan al margen de cualquier garantía. La mesa se ha encargado, frente a un aumento significante de mujeres migrantes venezolanas que desean abortar, de acompañarlas legalmente si enfrentan dificultades en el mismo sistema de salud. Estas son, principalmente, mujeres de entre 20 y 35 años, aunque también se encuentran las más jóvenes, las niñas de entre 13 y 15 años.
El estigma es la barrera moral y la cárcel la barrera legal. Desde 2006 hasta febrero de 2022 la Corte Constitucional solamente despenalizaba el aborto dentro de estas 3 causales: malformación, violación/incesto y/o riesgo para la salud de la mujer. – Estas que además de no ser nada fáciles de justificar, se tienen que enfrentar al gran gigante: el estado corrupto-. El delito se mantenía dentro del código penal y fuera de estas tres excepciones las mujeres se sometían a una pena de entre 1 y 4 años de prisión.
Es curioso saber que 4 de cada 10 mujeres denunciadas habían sido previamente víctimas de agresiones machistas dentro o fuera de su núcleo familiar, que 1 de cada 10 era una niña y que el 97% de las mujeres perseguidas pertenecían a zonas rurales. -Que además cuentan con un acceso casi nulo a información sanitaria, sexual y reproductiva-. Así se puede concluir que la penalización del aborto tiene un riesgo mucho más elevado sobre las niñas y mujeres pobres que, por si fuera poco, se enfrentan a una situación de exposición y riesgo extremo.
Hablemos de los que señalan. La mayoría de los denunciantes son personas relacionadas con el sistema de salud. Estos casos suceden muchas veces, concretamente en 6 de cada 10 abortos penalizados. Existe una contradicción en la ética sanitaria entre la falta al secreto profesional y a la protección de los datos de las pacientes. “No se ha hecho una política transversal que tenga en cuenta ni a todas las zonas ni a todas las mujeres”, cuenta Niño. Aun así, la formación para los profesionales de la salud, una vez ya aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, no es obligatoria y además “tampoco hay interés por ella”. “A los profesionales no se les enseña realmente lo que es el aborto desde la cuestión salud”, y mientras, abortar continua siendo una cuestión de moralidad.
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En Colombia no hay educación sexo-afectiva. El placer es para el hombre. La maternidad es la responsabilidad de las mujeres. Danna Reyes tiene 17 años y -creemos que por convicciones familiares- no está a favor del aborto. Tiene una opinión calibrada: el problema está en la cultura. No hay cultura de la maternidad. La responsabilidad recae sobre la madre mientras que los hombres no están en esas: “No existe la cultura de un padre que se haga cargo de su paternidad”.
Para Maria Isabel Niño, negar un aborto significa forzar a la mujer a llevar una maternidad no deseada. Entender a la mujer como una cosa concebida como producto destinado a la reproducción. “Es violencia sobre su libertad, sobre su cuerpo, sobre su decisión”. Tanto es así que el comité de la CEDAW, Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, ha determinado que negar el aborto es violencia.
16 años de lucha
A pesar de las 3 causales señaladas en la despenalización parcial de 2006; los índices de criminalización han aumentado. El Movimiento Causa Justa por el Aborto nace en el año 2017 como una movilización social dentro de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Su idea; ampliar el marco legal existente tras 11 años sin revisar el fallo del estado. La certeza de que esa sentencia no recogía las realidades de todas las mujeres y niñas en Colombia se volvió una preocupación entre 58 organizaciones de 21 departamentos. En la lucha de respaldar la autonomía reproductiva de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo se unió el movimiento CDD, Católicas por el Derecho a Decidir.
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Este grupo feminista, de ideología católica, defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “No es justo que la Iglesia católica liderada por hombres misóginos que nos excluyen de las decisiones, unos célibes con unas posturas patriarcales, sean los que decidan por el cuerpo de las mujeres. Eso es inaudito”, dice Sandra Mazo, politóloga, lingüista y católica orgullosa para el diario El País. A pesar de que los sacerdotes no están del todo conformes con el juicio de CDD, la discusión se reitera con evangélicos y otros laicos antiaborto.
Los 3 pilares
Tras el objetivo de despenalizar el aborto, y entenderlo como un motivo de salud, en 2020 cinco organizaciones presentaron ante la Corte Constitucional una demanda. La coexistencia de la interrupción voluntaria del embarazo, como crimen y como derecho, creaba una situación profundamente ambigua en los prestadores de servicios, en las mujeres que deseaban un aborto y en la opinión pública.
Causa Justa por el Aborto argumentó una demanda que el 21 de febrero de 2022 fue aprobada en todo el estado colombiano. Los focos de actuación para solicitar una revisión inmediata: legislación, comunicación y movilización.
La criminalización parcial, como barrera estructural, supone una incompatibilidad con el pleno disfrute del derecho fundamental al aborto y por tanto: “la ambigüedad jurídica del aborto como un derecho y como delito, crea un ambiente hostil para la plena aplicación de las normas constitucionales que protegen el derecho fundamental al aborto”. Además, la necesidad de llevar el aborto ante los ojos de la opinión pública y la agenda universitaria hizo que las redes sociales se usaran como medio de divulgación y difusión. Por último -y fundamental- era obligatorio el trabajo de calle. Una necesidad absoluta de asegurar que todas las mujeres pudiesen oírlo.
Las solicitudes de grupos que se oponen a este derecho hicieron que la decisión ante la demanda se retrasara y alargara el proceso judicial. “Para diciembre del 2020 hemos identificado 56 proyectos de ley, incluida la creación de una Comisión Pro-vida. Esta última como una bancada política en el congreso para limitar el aborto”, afirma Maria Isabel Niño.
La plataforma Unidos Por La Vida fue una de las organizaciones que intervino defendiendo su postura: La vida es un derecho para cualquier ser humano. “El sexo puede conllevar a una vida y hay que estar abiertos a ella. Desde que hay fecundación, una vida se comienza a desarrollar en el vientre de la mujer”, argumenta Jesús Magaña, miembro de la asociación comprometida con la defensa y promoción de la vida humana y la familia.
Esta plataforma ciudadana nace en el año 2006 ante la demanda de la despenalización del aborto. Se organizó alrededor de la presencia de 4 millones de personas que mostraron reclamaciones al Congreso sobre los motivos por los que no se debía aprobar.
“La mano larga del imperialismo trabajando en nuestros países”
Unidos por la Vida no es una organización religiosa. Se basa en defender el derecho a la vida. Según ellos, “el problema del aborto no es un problema de fe, es un problema de humanidad”.
Sus 3 razones: la destrucción demográfica, la destrucción de la humanidad y la destrucción de los cuerpos femeninos. Colombia se encuentra en una situación de “invierno demográfico” con una caída del 13% de la natalidad desde 2008.
“Si justificamos matar a un niño, mañana podemos justificar matar a una persona por lo que sea”. Desde la asociación Unidos por la Vida se trabaja con la acogida de mujeres que están con embarazos difíciles e inesperados cuyo principal problema, según informa Magaña, es el abandono: “desde la plataforma no juzgamos, nosotros pretendemos proteger y acoger. Aquí queremos salvar vidas”.
Hay un negocio detrás del aborto. Y es que en el caso de un accidente durante la intervención, las malas prácticas no están cubiertas por las clínicas; y son las pacientes las que se hacen responsables. Durante la pandemia se vendieron kits abortivos que costaban entre los 100-150 dólares sin antes realizar análisis previos a su venta. “Un cóctel molotov de hormonas”. En la asociación existe la creencia de que no hay conciencia para cuidar a la mujer y para que “entendamos de su fertilidad”. El hecho de recetar a las mujeres “químicos tóxicos” significa olvidar sus cuerpos: “El problema no es que mate solo al bebé si no que se están contaminando los cuerpos de las mujeres”. Para esto se debe eliminar “el machismo que tenemos”. La mujer no puede ser usada como un objeto y se deben encontrar “otras metodologías para afrontar estos problemas”.
Por otro lado, la sexualidad para el pro vida es algo maravilloso y positivo a tratar de manera humana. Sin embargo, “la educación sexual se ha reducido a decir tómate estas pastillas y cuidado con las ITS: ponte condón”. Como ser humano tu sexualidad es parte de ti y es libre, no debe estar sujeta al ciclo biológico. El sexo es libre y no para tener solamente descendencia. Por esto para Jesús Magaña se necesita una “buena educación sexual genital humana”.
Ciudadanas de segunda
“Una mujer no debería estar obligada a tener hijos, eso se llama misoginia. La maternidad y la sexualidad es algo consentido y deseado”, afirma Danna Reyes, estudiante de pregrado. Al quedarse embarazada existen 3 opciones que una mujer puede tomar: tener al niño, darlo en adopción o abortar. “La maternidad es tanto un derecho como un deseo. Es una decisión que puede tomar la mujer cuando está en gestación”, aclara María Isabel Niño.
Ahora se puede solicitar la interrupción del embarazo voluntario sin ninguna restricción. Pero, si la gestación pasa de la semana 24, se debe volver al mismo procedimiento establecido en la ley de 2006. En la práctica no se cumplen todos los criterios para que las niñas de 14 años puedan ejercer este derecho y es que en las unidades de salud se les solicita el consentimiento de un adulto responsable, acto que vulnera la libertad pública de la menor.
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La realidad es que a día de hoy solo el 20% de los colombianos y colombianas están de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. La Corte Constitucional del país ha decidido, por cinco votos a favor y cuatro en contra, retirar el delito de aborto del código penal pero no despenalizarlo.
Mientras tanto, el Congreso de Oklahoma aprobó este martes una ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto. Con 70 votos a favor y 14 en contra se aprueba la nueva legislación que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo con hasta 10 años de cárcel y una multa de 100.000 dólares “excepto para salvar la vida de una mujer embarazada en una emergencia médica”.
En España, el Senado aprueba definitivamente la ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto. Con 154 votos a favor frente a los 105 en contra de los partidos políticos PP y Vox este será catalogado como un delito penado con tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
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El cuerpo es el primer espacio de reconocimiento y libertad. Decidir sobre él es de lo más importante. Nuestro primer y único territorio.“Cuando esa libertad de actuar desaparece y no se nos deja actuar con autonomía se nos trata como ciudadanas de segunda”, espeta María Isabel. “Necesitamos que el Estado, el marido, la Iglesia, el policía, el médico nos diga qué decisión debemos tomar ya que las mujeres no somos capaces de tomarla”, comenta con ironía.
Así que esta no es la lucha por el aborto, es la lucha por nuestra libertad y el poder de decidir sobre nuestras vidas. Para Niño: “Nuestra libertad es la causa. Nosotras no queremos que todas las mujeres aborten, nosotras lo que queremos es tener el derecho de tomar una decisión libre”.
Entender que el aborto no debe ser una cuestión de derecho penal ni moral; sino una cuestión de políticas de salud y respeto.
