«No es una Ley de eutanasia, pero sí que le abre las puertas», dice el obispo

Desde Europa Laica consideran que se trata de una Ley que ayuda a ganar derechos sociales. La Federación de Asociaciones Provida, en la línea de la Iglesia, rechaza la normativa.

La reciente aprobación por parte del Gobierno de España del anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que permite prácticas relacionadas con la muerte como el uso de sedaciones terminales y renunciar a un tratamiento médico, mantiene enfrentadas y con posturas irreconciliables a asociaciones provida de todo el país —y también a la Iglesia Católica— y asociaciones que se consideran defensoras de los derechos civiles, como Europa Laica.

Según la Federación de Asociaciones «Provida» es una ley de eutanasia, sea cual sea el nombre inventado para presentarla”. En un comunicado, esta Federación ha explicado que los cuidados paliativos “son un avance humanizador sin precedentes”, si bien entiende que “no tienen nada que ver, ni en su fondo ni en su forma”, con lo que el anteproyecto de ley aprobado este viernes “disfraza una ley de muerte provocada”.

“Es vieja la estrategia del eufemismo y la mentira, pero ya no se engaña a nadie que haya seguido de cerca la forma de actuar de quienes quieren que la cultura de la muerte entre por ley a controlar nuestras vidas”, ha señalado. La Federación ha incidido en que la “única muerte acorde a la dignidad” de la persona es la que “respeta su momento natural”, sin adelantarlo ni retrasarlo por medios “desproporcionados”. Por ello, ha recordado que seguirá trabajando “hasta que la vida humana y su dignidad sea protegida en las leyes y en la sociedad”.

Postura de la Iglesia
El obispo de Cuenca, por su parte, ha comentado en una entrevista concedida a El Día que “en cuestiones tan delicadas como ésta, es preciso proceder con cautela. En estos casos, los errores se pagan con vidas humanas”. Por ello, monseñor Yanguas considera que es conveniente “no proceder con prisas excesivas, que suelen ser muy malas consejeras”.

Aunque reconoce que “la finalidad que persigue la ley es positiva, ya que pretende proteger la dignidad de la persona humana en el proceso final de la vida” una cuestión bien distinta “es la de saber si la ley logra o no lo que pretende. En mi opinión no lo hace”. Además, el obispo de Cuenca se muestra de acuerdo con el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, en su tesis de que no es una ley de eutanasia pero sí le deja las puertas abiertas.

“Le deja claramente las puertas abiertas a estas prácticas” asegura Yanguas, quien fundamenta su afirmación en “el concepto de “autonomía de la voluntad” del paciente y al relativo a su libertad” así como en la ambigüedad de muchos de los supuestos de la normativa. “La ley debería tratar con mayor cuidado lo relativo a la sedación y precisar su proporcionalidad. No habla de la obligación moral de no interrumpir los cuidados que hoy se consideran “normales” en el caso de cualquier enfermo, tales como la alimentación e hidratación. La ley no habla tampoco, y mucho menos garantiza, el derecho fundamental del médico a la objeción de conciencia” precisa el obispo. Lagunas que hacen que no vea el texto con buenos ojos.

Asociaciones pro derechos
En el otro extremo, las asociaciones pro derechos civiles ven el anteproyecto de Ley como un triunfo de cara a conseguir la autonomía de la persona en todas sus decisiones, también en lo relativo a la muerte. Desde Europa Laica consideran que la norma “pretende aclarar los derechos de los pacientes en situación terminal y las obligaciones del personal sanitario que los atiende. La ley consagra los derechos a renunciar a un tratamiento médico y al uso de sedaciones terminales aún a costa de acortar la agonía y acelerar la muerte”.

Otras asociaciones similares de todo el país se han manifestado a favor y han pedido al Gobierno que no se deje presionar por la Iglesia a la hora de aprobar definitivamente unas medidas que consideran un derecho.

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