Ni verdad, ni justicia ni reparación

Si se mira con lupa el texto de la Ley de Memoria Democrática se verá que, ni por asomo, las exigencias de los conceptos de Verdad, Justicia y Reparación, se satisfacen, ni teórica ni prácticamente.

“Verdad, justicia y reparación” ha sido la trilateral utilizada a la hora de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados por los golpistas de 1936, además de otras cuestiones fundamentales relacionadas con el genocidio perpetrado por el Estado franquista. Son tres conceptos de amplias implicaciones humanas que, por descontado, no se entienden del mismo modo por parte de las personas que defienden la Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, como la de quienes no se han quedado convencidos de cómo se ha articulado la aplicación y alcance de dicha verdad, justicia y reparación. Es más, si se mira con lupa el texto de la ley se verá que ni por asomo las exigencias de tales conceptos se satisfacen, ni teórica ni prácticamente.

Ni el PSOE, ni EH Bildu, ni Más país, han sido quienes a lo largo de estos cuarenta años más han trabajado por las reivindicaciones de las víctimas del Franquismo

El mundo de la izquierda ha sido siempre así de intransigente con sus principios, no con la derecha, sino con quienes, paradójicamente, se encontraban en la misma orilla. No se pone de acuerdo ni siquiera en un campo donde no debería existir ninguna fisura, toda vez que quienes fueron vilipendiados por el franquismo formaron parte del Frente Popular que hizo posible el triunfo de las izquierdas en febrero de 1936. Ni así. Los partidos políticos han ido cada uno por su lado, intentando, desgraciadamente, sacar provecho, menguado provecho, de una ley que no ha sido, en ningún modo, consensuada unánimemente con el amplio abanico de asociaciones memorialistas, a pesar de lo que dice de la ley. La indiferencia del Gobierno hacia quienes más han trabajado por el reconocimiento de las víctimas del golpismo franquista y el hecho de haber pactado la ley con Más país y EH-Bildu han irritado la sensibilidad de una izquierda que no suele comulgar con la ruedas de molino del centrismo del PSOE.

Digámoslo claramente. Ni el PSOE, ni EH Bildu, ni Más país, han sido quienes a lo largo de estos cuarenta años más han trabajado por las reivindicaciones de las víctimas del Franquismo. Los pactistas de hoy se han encontrado prácticamente todo hecho, gracias a esas asociaciones memorialistas, de cuyas plataformas reivindicativas en todo el Estado, tanto el PSOE y sus socios de consenso, Bildu y Más país, han pillado de sus manifiestos lo que han considerado más acorde con su ideología y exigencias cortoplacistas del pacto. Y aquello que les ha molestado lo han marginado y olvidado sin más.

Pero no seamos ingenuos. Entre las personas que se han declarado a favor o en contra de la Ley los hay de todo, quienes la han leído con lupa y quienes ni siquiera han ojeado su preámbulo. Y esto ha sucedido tanto en personas que se consideran de izquierdas como de derechas. Desgraciadamente, el posicionamiento a favor o en contra de esta Ley no depende de sus contenidos. Es resultado a priori de la actitud que, previamente, se tiene con los partidos que han auspiciado o rechazado la ley. Así de patético.

Por ejemplo, quienes no han dudado un instante en rechazar dicha Ley han sido las derechas, que ya lo hicieron en 2007 con la ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero. Si se repasa la hemeroteca se comprobará que tanto la Iglesia como el Gobierno del PP no ha cambiado ni una coma su discurso contra dicha ley, actualizada ahora en algunos aspectos, pero no en otros, considerados esenciales y respetuosos con la Verdad, Justicia y Reparación de los asesinados y desaparecidos a raíz del golpe.

Claro que la ley recoge aspectos positivos, pero sus lagunas son tan sonoras que llama la atención que se diga que sus redactores tuvieron en cuenta lo reivindicado hasta aquí por las asociaciones memorialistas. Si fuera así, no habrían dejado de lado ciertas peticiones bien conocidas y habituales en sus manifiestos desde hacia varias décadas.

Por ejemplo, del Monumento a los Caídos de Pamplona no se dice ni una sola palabra en la ley, lo que constituye una ofensa a los asesinados en Navarra. Se ha dejado intacto uno de los símbolos más abyectos de la represión en una provincia donde ni siquiera hubo frente de guerra. Se trata de una omisión reiterada, por cuanto en su cripta, cedida por el Arzobispado, se siguen celebrando manifestaciones tan elocuentes como vergonzosas de apoyo al golpe por parte de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz; y peor aún, con la impunidad práctica que le permiten políticos y jueces. Un franquismo inherente que supura la institución católica en el vigente contrato firmado por el Arzobispado con el Ayuntamiento cuando dice sobre su uso: “En todo caso, estas actividades deberán estar a tono con la naturaleza y origen de la edificación”. Y nada tan a tono con el origen, naturaleza y fin del momento: exaltar el golpismo.

Llama la atención que EH-Bildu, uno de los partidos con los que el PSOE ha contado para sacar adelante la ley, no haya “conseguido meter mano” a dicho monumento

En este sentido, llama la atención que EH-Bildu, uno de los partidos con los que el PSOE ha contado para sacar adelante la ley, y no haya “conseguido meter mano” a dicho monumento. Resulta más que increíble, sospechoso.

En cuanto al Valle de los Caídos es vergonzoso contemplar que la ley se limite a decir que recuperará su nombre original de Cuelgamuros. Que la ley se “automutile”  ideológicamente y establezca cuatro vaguedades sobre el monumento, símbolo por excelencia de la tragedia generada por los franquistas y no se haya decidido a eliminarlo, da cuenta de lo timoratos que han sido quienes la han emborronado.

De muchas de las normas establecidas se podría afirmar que no necesitaban para su establecimiento de ningún legislativo. Incluso, evitado caer en el disparate de considerar como “víctimas a las comunidades, las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega”. Pensábamos que las víctimas son las personas y sus derechos individuales y no los entes abstractos y sistemas.

Respecto a la declaración de ilegalidad del franquismo, imaginamos el cachondeo generalizado entre las huestes de PP y VOX, toda vez que tal reconocimiento ya figura en las disposiciones derogatorias de la Constitución. Es decir, entelequia y juego malabar para jueces quisquillosos.

En otro orden de cosas, la redefinición de las víctimas y el nombramiento de un fiscal para impulsar procesos de búsqueda de las víctimas, suena a sobreabundancia lingüística y quedará como tantas normas en agua de borrajas o en asunto de casuística, donde los jueces volverán a pasárselo en grande negando la mayo.

En cuanto a declarar “la no derogación de la ley de Amnistía de 1977, por considerarla un instrumento a favor de la reconciliación y la construcción” y, por tanto, de santa Transición, nada que añadir, pues ya no es de recibo tal bajada de cerebelo en el análisis crítico de aquella época.

En cuanto a “la creación de una comisión para estudiar las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983” –donde estaría el tenebroso GAL–, tampoco, deberíamos hacernos muchas ilusiones. El PSOE ya ha puntualizado que “limitándolo a algunos casos especiales”. De nuevo, la casuística.

En definitiva, si fuera por esta ley nunca sabremos la verdad de lo sucedido, ni los nombres de los asesinos, ni de quienes se aprovecharon de la masacre y barbarie del franquismo ; ni, por supuesto, la justicia pondrá a cada uno de ellos en el lugar que el Derecho Internacional les tiene asignados como genocidas.

La creación de “un inventario de Lugares de la Memoria” siempre será bienvenido para recordar a los olvidadizos la tragedia que supuso la barbarie perpetrada por el golpismo, pero especificar el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona como un logro excepcional del pacto -casi como un fruto del PSOE- resulta un tanto vergonzante. No hay vecino en Navarra, ya no digamos de Pamplona, que no sepa qué fue ese fuerte durante el franquismo. El PSOE parece olvidar que el Fuerte ya viene funcionando activamente desde hace décadas como lugar de memoria, sin necesidad de ninguna ley, ni la ayuda del Gobierno.

En cuanto al resto de los acuerdos contemplados en la ley, tales como el acceso de los investigadores a los archivos sobre hechos ocurridos desde el 18 de julio hasta la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978; la actualización de contenidos educativos para ESO, FP y Bachiller, que reflejarán la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura, valorando la lucha por los valores y libertades democráticas; la supresión de 33 títulos nobiliarios concedidos por el régimen franquista y, finalmente, que la norma legal garantizará el reconocimiento a las mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política en su lucha contra el franquismo, nada tenemos que objetar contra ellos. Bienvenidos sean.

Ahora bien, nos preguntamos de qué manera afectarán directamente a conocer la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Entendemos que rara dar satisfacción a esas normas no se precisaba ninguna ley de alto rango. Bastaba con la aplicación de una norma, orden, disposición o circular ad hoc.

Para terminar, señalaremos una de las lagunas más escandalosas de la ley. Nos referimos a la ausencia de la Iglesia católica. No se la cita ni una sola vez. Que la ley declare “ilegal el franquismo” y, por tanto, “sus condenas y sus tribunales”, pero no diga ni una coma sobre los acuerdos que ese régimen franquista pactó con la Iglesia Católica, resulta sospechoso de connivencia.

Se obvia que el Concordato de la Santa Sede firmado en 1953 se formalizó durante la denominada legalidad franquista. El Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, y el embajador en Roma, Castiella, afirmaron que “su doctrina comenzó a aplicarse al comienzo de la Cruzada, con el nuevo régimen español defensor de las tradiciones católicas de nuestra Patria. Toda su legislación comenzó a inspirarse en el espíritu que hoy podemos advertir en el articulado del Concordato”.

Podrá argüirse que tales acuerdos se renovaron en 1976 y en 1979, los de este año en secreto y negociados antes de que se aprobara la Constitución. Daría lo mismo. Su matriz original huele a sangre y a botín de guerra. Y lo más escandaloso. Gracias a ellos, la Iglesia sigue recibiendo privilegios que no otorga la Constitución de 1978, además de perpetuar el concordato de 1953 sin variar su origen vergonzante: que fue un acuerdo hecho por un gobierno ilegal con un Estado que no era de Derecho.

En 2013, Pérez Rubalcaba anunciaba que, si el PSOE llegaba al poder, acabaría con los acuerdos con la Santa Sede. Año 2022, ni siquiera en la Ley de Memoria Democrática se condena el papel de la Iglesia Católica durante la guerra provocada por el golpe del 36.

En buena lógica, si el franquismo queda declarado ilegal en la ley, ¿cómo no se hace lo propio con dichos acuerdos franquistas?

Son demasiadas cosas que ni cuadran ni justifican el dudoso e inexplicable voto favorable a la ley. La vendida excusa de no coincidir en una negativa con las derechas no puede servir de argumento para considerar que esta era la ley que se necesitaba para dar satisfacción justa y legal a las víctimas del franquismo .

Nos preocupa que las izquierdas sigan siendo incapaces de sobreponerse al miedo escénico que tienen a las derechas en cuanto aquellas tocan la tecla incandescente del franquismo. Pero desengañémonos. En cuanto las derechas lleguen al poder volverán a dejar a las izquierdas… en la cuneta.

Firman este artículo Pablo Ibáñez, Clemente Bernad, Carolina Martínez, Laura Pérez, José Ramón Urtasun, Víctor Moreno, Carlos Martínez, Ángel Zoco, Jesús Arbizu, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort