Ni recatadas ni sumisas ni abnegadas

La incorporación de los estudios de género permite abrir nuevos debates en torno a temas que antes fueron objeto de escasa o ninguna atención. Tal es el caso de las mujeres que, acabada la guerra civil y durante el primer franquismo (1939-1959), no representaron el paradigma del heroísmo de, por ejemplo, Matilde Landa, el arrojo de Rosario La dinamitera o el testimonio de Tomasa Cuevas, por nombrar solo a algunas. Pero si tomamos el marco interpretativo de la historiografía feminista y poscolonial es posible, no solamente hacer visibles a quienes sobrevivieron al maltrato de la dictadura, sino además considerar sus acciones frente al régimen franquista prácticas de ciudadanía en un estado sin ciudadanos, sin ciudadanas, sin derechos.

Dictador sanguinario, país militarizado, represión despiadada, hambruna de posguerra, corrupción endémica y aislamiento internacional contextualizan los años 40 españoles. Desbaratada la tradición liberal democrática de la II República, el régimen se sustenta en un entramado burocrático y legal de carácter especialmente represivo para las mujeres. La imposición de un modelo de género vinculado a la cultura del falangismo, el catolicismo y el carlismo sustenta una sociedad heteropatriarcal y nacionalcatólica que trasmuta el protagonismo femenino republicano en alienada y decimonónica obediencia a la jerarquía masculina. La falta de libertades afectó igualmente a los hombres pero el exhaustivo control social, cultural y religioso reservado a las mujeres explicita la asimetría de género; no en vano Pio XI exaltaba en 1930 «el sometimiento fiel y honesto de la mujer al marido»

Tampoco la Sección Femenina dio puntada sin hilo interviniendo en el sistema educativo, adoctrinando en el discurso del papel reproductor de la mujer hasta determinar la maternidad como el «deber social femenino», en conformidad con la política pro natalista del ‘Nuevo Estado’. En el ideario falangista biología e identidad femenina son lo mismo, por lo tanto, el cometido de la mujer en la Patria es el hogar y la preparación para tan alta misión incluye, entre otras, el estudio de la «ciencia doméstica» que se establece como asignatura obligatoria para las chicas, faltaría más.

Con la entrada en vigor en febrero de 1939 de la Ley de Responsabilidades Políticas, alrededor de 400 mil personas sufrieron la apertura de un expediente, lo que equivalía a un proceso depurador en el que el estigma ‘enemigos de España’ legitimaba la marginación social, el miedo, la vergüenza, el desamparo. En su articulado incluía persecución por ideas, doble sanción, vulneración de la presunción de inocencia, aplicación de sanciones con carácter retroactivo, multas, incautaciones de bienes, separación de cargos públicos, destierros e incluso la penalización a personas fallecidas (artículo 15). Quienes sufrieron la apertura de un expediente reclamaron, a través de los pliegos de descargo, el robo de garantías procesales, el embargo de sus tierras y la consiguiente pobreza en que quedaban las familias.

Si consideramos el término «ciudadanía» como algo no acabado sino en proceso de construcción permanente, que implica avances y retrocesos; que se dirige no solo a la reclamación del derecho a tener derechos, sino a la construcción de una identidad ciudadana, podemos afirmar que los testimonios recogidos en los pliegos de descargo sentaron las bases de una ciudadanía de facto en la dictadura (Murillo, 2016)

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Los pliegos de descargo expresan el propósito de negociar con la autoridad a fin de evitar, o al menos paliar, los efectos punitivos de la Ley. Denuncian el incumplimiento de los deberes del Estado y la vulneración de los derechos de las personas cuando, paradójicamente, el discurso oficial está encendido de paternalista protección a la familia, henchido de caridad y «la justicia de Franco» Así, muchas viudas, en pleno proceso de duelo y para sacar adelante a sus familias, trataron de mostrar al Tribunal la injusticia del artículo 15 de la Ley para impedir la penalización post mortem que recaía sobre ellas y sus hijos e hijas. Apelaban al deber del Estado de evitar el embargo de tierras y bienes para soslayar la miseria de sus familias y reclamaban el desamparo en que les dejaba la aplicación de la doble sanción. Estas acciones, que ponen sobre el tablero las desapariciones o los fusilamientos después de un juicio sumarísimo, destapan la magnitud de la represión franquista convenientemente ocultada.

El ‘Nuevo Estado’ sometió a la totalidad de docentes -unos sesenta mil- a un proceso depurador por considerarlos culpables de subversión. De los expedientes se ocupaba la Junta Técnica del Estado para que su presidente, Franco, tomara la resolución oportuna para castigar actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional. A las personas afectadas, una comisión les comunicaba los cargos para que se ocuparan de desmentirlos a través de un pliego de descargo que debía incluir la exaltación de las virtudes del Caudillo, el entusiasmo por el Alzamiento y el Movimiento. Como consecuencia, en los pliegos de descargo de las maestras aparecen términos de negación, renuncia y desistimiento de los valores republicanos: se declaran apolíticas, se adhieren al Movimiento y se acogen a la religión católica como garantías de «no significación», lavando así su pasado para solicitar el reingreso en el puesto de trabajo del que han sido apartadas.

En cuanto a las presas, ponemos en valor el enorme talento que demostraron al recurrir al modelo de género franquista como estrategia y enfrentar a la autoridad con la contradicción que supone el hecho de que ellas no puedan ser esposas, madres ejemplares y cuidadoras de su hogar porque se lo impide el propio régimen al tenerlas en prisión.

Falsear ante las autoridades la aceptación del modelo de género franquista fue, además de una estrategia de supervivencia, una manera de transformar la identidad y pasar de ser víctimas a ser supervivientes. Pero al mismo tiempo supuso la pérdida de los valores republicanos de igualdad y la implantación del discurso nacionalcatólico y falangista que, de hecho, acabó ocupando el espacio de los lenguajes, los cuerpos, las costumbres y la vida cotidiana.

A finales de los ’50 un grupo de mujeres juristas, comprometidas en la reforma de la legislación sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo femenino, logran sentar las bases de un feminismo jurídico. El 22 de julio de 1961 se aprueba la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, un pequeñísimo avance en la recuperación de algunos derechos laborales y una medida complementaria al giro de la política económica por el que se abandona la autarquía –el Plan de Estabilización 1959- y el país da paso a la industrialización y nacimiento de la sociedad de consumo, atribuible, no a la habilidad de la visión económica del Estado franquista –la «pericia» de Franco – , sino inscrito en un ciclo económico expansivo norteamericano y europeo.

La recuperación de la cultura feminista republicana va asociada a la irrupción de las mujeres en el ámbito jurídico, en diferentes países, con el resultado de la producción de normativas de raíz y filosofía feminista: También está vinculada al movimiento vecinal –que se pudo desarrollar aprovechando la Ley de Asociaciones de 1964–, espacio de oposición a la dictadura, foco de solidaridades nacidas al calor de la exigencia de derechos en los barrios –alcantarilladlo, transporte, centros de salud- que podríamos poner en relación con aquella sociedad civil que, en el primer franquismo, reclamó al régimen el derecho a tener derechos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 1975 Año Internacional de la Mujer. El pasado 8M el moviente memorialista y el feminista expresaron la necesidad, o mejor, la urgencia de establecer mayores y mejores redes de comunicación. Y desde los organismos internacionales de derechos humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas y el conjunto del movimiento memorialista se viene reclamando, insistentemente, el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión franquista.

Por Maite Gutiérrez Merino, activista del Foro por la Memoria Comunidad de Madrid