Los máximos responsables de la Iglesia española tienen una semana agitada por delante. Desde este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) reúne a su Asamblea Plenaria para analizar, entre otros temas, aquellos asuntos de la actualidad política y legislativa que enfadan a los obispos. El derecho a morir dignamente y el cierre del grifo de la financiación pública a los colegios católicos que segregan por sexo son, a día de hoy, los temas de trinchera.
A lo largo de esta semana, la CEE analizará precisamente la Ley de Eutanasia y la reforma educativa, dos puntos que, junto a las inmatriculaciones, generan las principales fricciones entre Iglesia y Estado. La relación entre ambos actores se rige por los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1976 y 1979, al calor de las excelentes relaciones que durante las décadas anteriores habían existido entre la dictadura franquista y el Vaticano.
“La Iglesia católica sigue siendo la religión privilegiada del Estado; aquí quedan muchos restos del nacionalcatolicismo que es necesario superar”, afirma a Público el prestigioso teólogo Juan José Tamayo. A su juicio, “todos los gobiernos de la época democrática, cualquiera haya sido su color o ideología, han sido rehenes de la Iglesia católica”.
En el marco de esa relación, la Conferencia Episcopal se resiste ahora a que el Estado garantice el derecho a una muerte digna. Así volverá a quedar claro durante la Asamblea Plenaria de esta semana, en la que se estudiarán las “líneas de acción pastoral” para el quinquenio 2021-2025. En ese contexto, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe “acerca de la eutanasia y el testamento vital y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital”.
Se trata la misma comisión que difundió un documento en el que se afirmaba que “estas leyes hacen que la gente vea normal lo que es un crimen” y preguntaba “si tienen libertad para decidir matarse los que están en depresión, los enfermos dependientes, los discapacitados psíquicos o los pacientes en coma”. Nada más aprobarse la ley de eutanasia, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, llamó a la “objeción de conciencia”.
“El mecanismo fundamental de la Iglesia católica es el victimismo agresivo: se ven agredidos por cualquier cambio en el status quo, y se movilizan como si estuvieran siendo victimizados“, afirma a Público el historiador Pablo Sánchez León, quien destaca que “el eje ha cambiado en Roma”, en alusión a la vía abierta por el Papa Francisco, “pero no en España”. “Aquí tenemos una Conferencia Episcopal que sigue con el pie de hace 15 años“, lamenta.
José Manuel López, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y exdirector de la Fundación Pluralismo y Convivencia, sostiene que los obispos “entienden que España se divide entre católicos y anticatólicos, pero lo que ocurre es que hoy el país es otro”. En cualquier caso, cree que los obispos españoles “tienen cada vez menos influencia”, mientras que la Iglesia “está fuera de la agenda”.
La CEE se resiste a perder esa centralidad. Así lo ha demostrado también ante la reforma educativa, que considera un intento de imponer “obstáculos y trabas a la acción de las instituciones católicas concertadas”. En esa línea, la Iglesia ha difundido en las últimas semanas las distintas iniciativas de la Plataforma Más Plurales, que sostiene que la LOMLOE “supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación”.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal atenderá también esta cuestión. Según figura en el orden del día, “la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa”.
Enfado con la ministra Belarra
Con esos frentes abiertos, la Iglesia ha sumado en los últimos días un nuevo motivo de enfado con el Gobierno por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien durante el debate sobre la nueva ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia ante la violencia afirmó que la Iglesia “demasiadas veces ha sido cómplice en nuestro país encubriendo la violencia sexual hacia los niños y esto se tiene que terminar”.
“Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad”, afirmó la CEE mediante un comunicado, en el que reivindicó además sus protocolos para actuar contra los abusos.
El futuro de las inmatriculaciones
La tensión podría aumentar en los próximos meses. Miembros del grupo parlamentario de Unidas Podemos señalaron a Público que están trabajando en una iniciativa en torno a las inmatriculaciones realizadas de forma fraudulenta por la Iglesia. En esa línea, indicaron que actualmente hay conversaciones con el PSOE en el Congreso para tratar de alcanzar un acuerdo en torno a la “recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente”.
“El PSOE ha sido muy ambivalente: continuamente hablan de la revisión de los acuerdos, pero nunca acaban de hacerlo”
Unidas Podemos defiende también la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, un punto en el que durante los últimos 42 años no ha habido ningún tipo de avance. “El PSOE ha sido muy ambivalente: continuamente hablan de la revisión de los acuerdos con la Santa Sede o de la ley de libertad religiosa, pero nunca acaban de hacerlo”, señala Gregorio Alonso, profesor de Estudios Hispánicos en la universidad británica de Leeds y autor de La nación en capilla (Editorial Comares).
A su juicio, “esa timidez o ambigüedad que manifiestan los políticos cuando no cumplen sus programas electorales demuestra claramente cuál es el poder de la iglesia católica y la fuerza que tienen los obispos través de su lobby“. Por su parte, el portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, cree que existe “una clara falta de voluntad política” para acabar con los privilegios de la Conferencia Episcopal, entre los que citó “la financiación, la fiscalidad y la educación” como temas principales.
Beneficios económicos
“El PSOE se declara laico, pero sigue manteniendo y apoyando los beneficios de la Iglesia”, lamenta por su parte Tamayo, quien pone de relieve los “intereses económicos y educativos” que tienen los obispos. “En España hay libertad religiosa, pero no hay igualdad para todas las religiones. De entrada, la Iglesia católica tiene un beneficio económico a través de la asignación tributaria de aproximadamente 280 millones de euros cada año”, destaca.
Tamayo apunta además que la jerarquía eclesiástica “se considera perseguida” cuando se habla de cortar esos privilegios, “que proceden de la época del franquismo”. “Creen que son derechos que les corresponden por la propia naturaleza religiosa, pero eso no es verdad. Por coherencia evangélica, la jerarquía católica debería ser la primera en renunciar a ese tipo de privilegios“, subrayó.
